Imputados de Gürtel pagaron a Hacienda casi 10 millones por regularización ordinaria de dinero no declarado

Según el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el también imputado y presidente de Martinsa-Fadesa, Fernando Martín Álvarez, se habría acogido a la amnistía fiscal e ingresó 342 euros en el fisco tras aflorar 3.420 euros. El constructor Alfonso García Pozuelo también aparece como beneficiado de esta declaración tributaria especial.

Los otros imputados que han regularizado voluntariamente por la vía ordinaria son el ex consejero de Esperanza Aguirre Alberto López-Viejo, el exdiputado Alfonso Bosch, los empresarios Manuel Salinas Lázaro y Amando Mayo Rebollo y el abogado José Ramón Blanco Balín. También aparece en la lista la constructora Begar S.A. vinculada al grupo de José Luis Ulibarri, igualmente imputado en la trama.

Los informes responden a un requerimiento hecho la semana pasada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que preguntó a la Agencia Tributaria si el presunto líder de la trama de corrupción Gürtel, Francisco Correa, y otros 20 imputados en esta causa se habían acogido a la Declaración Tributaria Especial (DET), la denominada amnistía fiscal.

El magistrado ordenó esta diligencia después de que el expresidente de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo remitiera la documentación tributaria con la que regularizó sus fondos mediante la declaración tributaria especial, extremo que acreditan los informes de Hacienda con fecha de noviembre del pasado año, pero sin destacar cantidades.

De la lectura de la documentación aportada se deduce que López Viejo presentó el pasado mes de julio declaraciones complementarias relativas al IRPF del periodo comprendido entre 2008 y 2011 por importe de 4.722,61 euros. Por lo que respecta a Alfonso Bosch, en 2008 presentó declaraciones complementarias respecto de los dos ejercicios anteriores por importe de 3.111,46 euros.

La Agencia Tributaria destaca al empresario Manuel Salinas Lázaro como el imputado en la presunta trama de corrupción que pagó la cantidad más alta, un total de 7,5 millones de euros mediante declaraciones complementarias realizadas entre 2010 y 2011 relativas a al IRPF e impuesto de patrimonio referidos al periodo 2005-2007.

El juez Antonio Pedreira imputó en junio de 2011 en el “caso Gürtel” a Fernando Martín, Manuel Salinas y Amando Mayo a raíz de un informe de la Fiscalía que afirmaba que el presunto cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, ingresó en junio de 2006 un total de 12,8 millones de euros en una cuenta en el Credit Suisse de Ginebra a nombre de la mercantil Golden Chain Properties.

Según el escrito, los fondos procedían de una cuenta del Lloyds Bank de Mónaco a nombre de Cedargrove Invesments SA, sociedad cuyo beneficiario económico es Fernando Martín. De acuerdo a la documentación remitida desde Suiza, la transferencia estaba vinculada al cobro de una comisión por intermediación en un desarrollo inmobiliario de Arganda con la sociedad Martinsa.

A Amado Mayo le sigue por cantidades regularizadas, según el informe de Hacienda, el también empresario aragonés Amando Mayo Rebollo, que reconoció en declaraciones realizadas también entre 2010 y 2011 1,35 millones relativos al IRPF y patrimonio de los ejercicios al periodo comprendido 2005 entre 2008.

Respecto al presidente de Martinsa-Fadesa, además de acogerse a la amnistía fiscal también presentó declaración complementaria en junio de 2010 para ingresar 3.258,74 euros correspondientes al IRPF del ejercicio de 2008.

En la información entregada en la Audiencia Nacional también aparece José Ramón Blanco Balín, abogado del ex vicepresidente de Repsol que ingresó un total de 504.738 euros en 2009 referidos a los dos impuestos mencionados en el periodo 2005-2007.

También aparece como beneficiaria de regularizaciones a través de declaraciones complementarias la empresa Begar S.A., cuyo presidente es el también imputado en la trama Jose Luis Ulibarri. Esta sociedad habría presentado sendas declaraciones en junio de 2010 y octubre del año pasado en relación con el impuesto de sociedades.

La regularización voluntaria ordinaria se implanto en 1995, fecha en la que gobernaba el PSOE y la última modificación de la normativa sobre la regularización ordinaria data de 2006, cuando el Gobierno socialista realizó una modificación el régimen de regularización voluntaria ordinaria en la Ley General Tributaria.

En aquel momento se introdujo un apartado 5 en el que se disponía un descuento del 25 por ciento en los recargos por regularización extemporánea si se pagaba en plazo voluntario de pago, con lo que se reducía el coste de la regularización ordinaria.