Imputados varios exdiputados y exsenadores del PP en la trama de facturas falsas de Martínez Pujalte
El juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigados a una buena parte de la cartera de clientes del ex diputado Vicente Martínez Pujalte, imputado por falsedad y cohecho, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La mayoría de sus clientes, vinculados al Partido Popular, realizaron pagos a la consultora de Martínez Pujalte, Sirga XXI S.L, sin que se haya podido acreditar, hasta el momento, que los informes que pagaron fueron realizados.
Martínez Pujalte y su socia, la exsenadora del PP Ana Torme Pardo, declararán el próximo 23 de noviembre a las 10.30 de la mañana. Torme, que en la actualidad ocupa su plaza de funcionaria en la Consejería de Sanidad de Castilla y León, aseguró en un escrito ante la Fiscalía de Valladolid, la primera en investigar el caso, que fue engañada por su socio y que además era Pujalte quien cobraba directamente los trabajos facturados a los clientes, relacionados con el Partido Popular.
Las declaraciones seguirán el 14 de diciembre, donde también a las 10.30 están citados tres imputados. María del Mar Benito Vega, administradora única de Transport World Wide System, tendrá que explicar por qué su empresa pagó entre los años 2012 y 2014, 82.395 euros por trabajos que no han podido acreditarse. En esta sociedad estaba también como administrador José Gonzalo Gil de Acosta, relacionado con el 'Caso Unión' que investiga el pago de comisiones en Arrecife (Las Palmas) por modificaciones de planes urbanísticos.
El 14 de diciembre declarará también Alejandro Ballesteros de Diego, diputado del PP por Toledo en el momento de los hechos y administrador de Mind Talent Selection. Esta firma tampoco ha podido aportar informes o asesorías que avalen el pago de 6.380 euros a Sirga XXI S.L. Según ha podido saber eldiario.es de fuentes conocedoras del caso, Ballesteros está intentando evitar declarar en el juzgado y para ello ha pedido que se descarte su cita por prescripción del delito, pero el juez lo ha desestimado. Ballesteros ha recurrido la decisión.
En el juzgado también tendrá que dar explicaciones el dirigente del PP Miguel Jaime Marín Cózar, director de Economía y Políticas Públicas de FAES, cercano al expresidente del Gobierno José María Aznar,. Jaime Marín Cózar fue asesor en el departamento de Economía de Presidencia del Gobierno entre 2001 y 2004 y asistente jurídico del PP en el Congreso entre 2005 y 2008, cuando Pujalte formaba parte del grupo parlamentario popular. La relación de ambos trascendió al hemiciclo, tal y como evidencia el sumario.
El 23 de julio de 2013 Martínez-Pujalte vendió el 50% de sus acciones a la mercantil Análisis Económico Integral SLNE por 1.503 euros. Esta sociedad está participada en un 99 % por Marín Cozar. Además, desde 2009 a 2010 este fue trabajador “por cuenta propia” de Sirga XXI.
El 11 de enero también está citado en calidad de investigado, la nueva figura legal que sustituye a la del imputado, el propietario de la constructora Collosa, Alejandro Llorente Muñoz, tendrá que explicar qué clase de asesoría recibió de Martínez Pujalte. Antes de que se hubiese constituido la consultora, firmó con Sirga el (1 de octubre de 2008) un contrato de arrendamientos de servicios profesionales que incluían “la prospección y selección de mercados, asesoramiento e implementación de estrategias de acceso, consultoría y asesoría en planificación estratégica global”. Los honorarios acordados fueron de 15.000 euros que se pagaron de forma trimestral, y todo ello por un “asesoramiento verbal”. Lo extraño es que Corporación Llorente ya tenía contratados los servicios de otras asesorías, una para el Consejo y varias sobre informes comerciales.
Mientras Corporación Llorente (Collosa) pagaba a Pujalte por escuchar sus consejos, realizó numerosos trabajos para la Junta de Castilla y León con sus sociedades. Sólo para consejerías y organismos dependientes del Gobierno regioal, entre 2006 y 2013, Grupo Collosa facturó 438,5 millones. Su participación en distintas UTES (unión temporal de empresas) le permitió facturar 134,4 millones de euros al Ejecutivo regional.
Los socios de Collosa fueron supuestamente beneficiados por la 'Trama Eólica', según se desprende de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción. El caso engloba a políticos y empresarios de Castilla y León que recibieron comisiones de 110 millones de las eléctricas a cambio de que se les autorizasen parques con molinos de viento en la región.
Además de las declaraciones, el juez ordenó hace unas semanas que se investiguen las empresas de Javier Algarra. Con una de ellas, Lagun Media S.L. pagó a Sirga XXI más de 44.000 euros entre 2012 y 2014. Poco después de la orden judicial, Algarra, presentador de 'El gato al agua' en Intereconomía, fue relevado.
