Intelectuales y exdirigentes de izquierda ven injustificada la cárcel preventiva

Una veintena de intelectuales y exdirigentes catalanes de izquierdas rechazan en un manifiesto la prisión preventiva de líderes soberanistas, por “injustificada y desproporcionada”, y avisan de que “aplicar tratamiento penal a un problema político no ayudará a hallar vías de salida dialogadas”.

Bajo el título “Allanar obstáculos en el camino del diálogo democrático”, el manifiesto está firmado por nombres como el exlíder del PSC Raimon Obiols; el exconseller de Justicia y expresidente de Ciutadans pel Canvi (CpC) Josep Maria Vallès; los exdiputados de Catalunya Sí Que Es Pot Joan Coscubiela, Lluís Rabell y Gemma Lienas; y los exdirigentes socialistas Laia Bonet y Jordi Font.

También la exsíndica de Greuges y exdiputada de CpC Pilar Malla; la actual rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Margarita Arboix; los catedráticos y dirigentes de Federalistas de Izquierdas Joan Botella y Victoria Camps; los catedráticos Joan Subirats y Marina Subirats; el exsecretario de Planificación Territoriol de la Generalitat y exdiputado de CpC Oriol Nel·lo; y el escritor Jordi Amat.

En el manifiesto, en catalán y castellano, los firmantes inciden: “La voluntad compartida de superar la situación política que padece nuestro país y la intención de construir una sociedad con más justicia social y con mayor calidad democrática nos llevan a manifestar nuestra opinión sobre las medidas provisionales de privación de libertad impuestas a dirigentes políticos y sociales”.

El texto se refiere así a la situación del exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras; el exconseller de Interior Joaquim Forn; y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez; y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

“Pese a discrepar de sus opiniones o actuaciones políticas, afirmamos que la aplicación de dichas medidas es una decisión criticable por injustificada y desproporcionada, tal como han manifestado expertos en derecho penal y derecho procesal y ha denunciado también Amnistía Internacional”, subrayan.

Por ello, consideran que “esas medidas y los motivos invocados para aplicar un tratamiento penal al problema político que tenemos planteado no servirán para encontrar vías de salida a la situación”.

“Al contrario -sentencian-, aumentarán los obstáculos ya existentes en la tarea harto difícil de recuperar el clima de diálogo social y político que consideramos necesario para nuestro futuro colectivo”.