Interior encarga un sistema para buscar potenciales terroristas en las redes sociales y con la huella digital

El Ministerio del Interior pretende tener listo el 10 de diciembre un sistema informático para detectar “terroristas” y otro tipo de delincuentes antes de que tomen un avión o cojan un tren. El proyecto no pasaría de ser una vasta y eficiente base de datos si los objetivos de la herramienta fueran individuos con antecedentes. Sin embargo, a quien Interior aspira a identificar es a personas que todavía no han cometido un delito, por lo que no duda en incluir en la oferta pública que lanza la exigencia de que la herramienta construya el “perfil demográfico y sociológico” de los pasajeros.

En el pliego de prescripciones técnicas, la Secretaría de Estado de Seguridad detalla, a lo largo de 58 páginas, los objetivos que quiere satisfacer con la herramienta informática. A un paso de las películas de ciencia-ficción, con máquinas que adivinan las intenciones de los delincuentes, Interior pretende cruzar al instante miles de datos de una persona para detectar a aquellos que podrían estar planeando un acto terrorista.

El departamento de Jorge Fernández Díaz no deja espacio a la improvisación de la empresa que resulte finalmente adjudicataria. Así precisa en el pliego que las redes sociales de las que puede “captar la información” son Twitter, Google Plus, Linkedln, Tumblr, Instagram y Flickr. Curiosamente, los técnicos de Interior dejan fuera a Facebook, la primera red social del mundo por número de usuarios. También deberá obtener información de foros, blogs y “páginas genéricas”. Junto a ellas, lo que llama “fuentes multimedia de vídeo: YouTube, Vimeo y LiveLeak”. Y buscadores: Google, Bing, Yahoo y Duck Duck Go.

Además de la procedencia de la información, Interior pide que se consigan los metadatos de los contenidos multimedia, los ‘nick’ con los que se registran los usuarios e, incluso, los comentarios que generan. Todos estos datos almacenados no desparecerán con el paso del tiempo. “El sistema deberá extraer información de forma continua de las fuentes soportadas, de forma que pueda crearse un histórico de información”, señala la oferta.

Pero las redes sociales no deben ser la única fuente de información que alimenta el engendro informático. “Los pasajeros que viajan dejan una huella digital a medida que avanzan a través de las ciudades y aeropuertos. Cruzando esos datos con la información local del aeropuerto se pueden llegar a predecir comportamientos o alertas sobre movimientos y decisiones inesperadas”, asegura. 

En medio de un alambicado lenguaje técnico resaltan algunas de las intenciones de la iniciativa del Ministerio del Interior, como la de identificar automáticamente el perfil “demográfico y sociológico” de los pasajeros. Y acota: “Siempre que lo permita la información incorporada de PNR (Registro de Nombres de Pasajeros) y API (Información Avanzada de Pasajeros) y las fuentes de conocimiento socioeconómico contra las que se modelen estos perfiles”.

En la introducción del documento, el Ministerio del Interior alude a un supuesto aumento “en la delincuencia grave y organizada, como el tráfico de seres humanos y drogas”, pero es el terrorismo el fenómeno en el que más se detiene. Recuerda que la Comisión Europea ha solicitado “mayor cooperación” entre los países miembros en materia de intercambio de información sobre los pasajeros que proceden de terceros estados o se mueven entre distintos países de la UE. Sin embargo, las prácticas puestas en marcha por las autoridades de la UE, se lamenta, “tienden a concentrarse en los datos relativos a personas de las que ya se sospecha, es decir, las personas que son conocidas por las autoridades policiales”.

Este mandato de cooperación entre países es el argumento de Interior para salir al mercado a buscar su super herramienta. Nada dice, sin embargo, de que su uso se vaya a limitar a garantizar la seguridad en los transportes. Es más, hay apartados de su oferta pública que invitan a pensar lo contrario, como el dedicado a los “requisitos funcionales”. El primero de ellos dice que la herramienta “debe ser capaz de analizar diferentes tipos de información, ya sea en forma de feeds de Twitter, correo electrónico, imágenes, vídeo, registros de centros de llamadas, notas clínicas de un médico o prácticamente cualquier otro formato (...)”.

Sin embargo, el detallado pliego técnico no explica de donde va a sacar la herramienta, que manejarán policías y guardias civiles, ese tipo de información. Las intervenciones del correo electrónico o el teléfono deben ser realizadas con autorización judicial en el marco de una investigación concreta. Por otra parte, el historial médico de los ciudadanos está blindado penalmente por la Ley de Protección de Datos, entre otras.

Pero todos esos datos sin más no sirven a Interior. El departamento de Jorge Fernández Díaz pretende que el sistema facilite “una comprensión conceptual y contextual” para superar la confección de informes de “retrospectiva” y llegar hasta el descubrimiento de “elementos ocultos a simple vista”. “El objetivo es tomar decisiones”, declara.

“Criterios predefinidos”

Esas decisiones vendrán dadas por un sistema que alertará sobre “perfiles sospechosos a partir de los datos del pasajero”. “La gran cantidad de datos disponibles en relación con los pasajeros es difícil de analizar manualmente para detectar anomalías. El uso de la analítica avanzada ayuda a identificar y alertar sobre los comportamientos sospechosos de los pasajeros sobre la base de criterios predefinidos”, dice el documento.

Toda esta información está contenida en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la Contratación del Desarrollo del Sistema de Registro de Nombres de Pasajeros. Su escueta traslación al Boletín Oficial del Estado impide conocer la verdadera naturaleza del proyecto, aunque sí el monto de su adjudicación: 1.633.500 euros. Consciente de lo que reclama, Interior aspira a que sea una herramienta “puntera” con el objetivo de “exportar el modelo posteriormente a otros países de la Unión Europea”.

La acumulación y centralización de la información hasta límites nunca alcanzados es una característica de esta legislatura en el Ministerio del Interior. Tras tres años sin saber qué hacer muy bien con el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), que el Gobierno de Zapatero puso en marcha para evitar fallos de coordinación como los detectados en el 11-M, el Gobierno decidió recientemente fusionarlo con su homólogo en materia de crimen organizado, el CICO, bajo el argumento de que terrorismo y delincuencia organizada se entrelazan y retroalimentan.

De ahí ha surgido el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dirigido por un comisario que, de haber liderado las investigaciones del caso Gürtel, ha logrado convertirse en el policía de confianza de Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez. Si con su nombramiento como director del CITCO, el comisario José Luis Olivera ha logrado convertirse en el policía que más información acumula en España, a finales de año dispondrá de los perfiles de sospechosos adicionales que le ofrecerá la herramienta que quiere comprar Interior. En el Pliego citado se incluye la exigencia de que la solución se integre con las herramientas BI (Business Inteligence) que ya existen en el CITCO. La Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior da de plazo hasta el 22 de abril para presentar las ofertas.