Posada impulsa la propuesta de reforma del Constitucional del PP sin contar con la oposición
El PP tiene prisa por sacar adelante la proposición de ley para reformar el Tribunal Constitucional con el fin de que pueda arbitrar sanciones en caso de incumplimiento de sentencias. Y para ello ha contado con la ayuda del presidente del Congreso, Jesús Posada, que ha decidido calificar la propuesta en solitario sin esperar una convocatoria formal de la Mesa. Su decisión ha sublevado a los grupos de la oposición que, a iniciativa del PSOE, han presentado un recurso de consideración ante la propia mesa en el que piden que se invalide la decisión.
Según fuertes de Presidencia del Congreso, Posada lo único que ha hecho es aplicar un acuerdo tomado a principios de la legislatura por los propios miembros de este órgano por el que se da atribuciones al Presidente de la Cámara para calificar todos los escritos que se presenten por la via de urgencia en periodos extraordinarios. El PP pide en la proposición de ley registrada este martes que sea tramitada de forma “urgente” y en lectura única.
Posada, que emprende viaje oficial a Cuba esta misma tarde, se dio prisa en calificar la iniciativa del PP. Este misma mañana, el PSOE y la Izquierda Plural conocieron la decisión y decidieron, a iniciativa de los socialistas, presentar un escrito, al que se han sumado también UPyD, CiU, PNV, y parte del Mixto. En él exigen que se invalide la decisión. Los socialistas y la Izquierda Plural consideran que vulnera todas las normas democráticas.
La mesa del Congreso tiene previsto reunirse oficialmente la próxima semana, pero según las mismas fuentes, Posada no ha querido esperar y tomó la decisión de admitir la proposición del PP al considerarse que entraba dentro de sus potestades y era un caso “urgente”, algo que no comparten los demás grupos.
Y es que los plazos urgían. Si Posada hubiera esperado a la reunión ordinaria de la mesa de la semana que viene, la tramitación de la propuesta no podría ser incluída en el primer pleno que celebrará el Congreso el próximo dia 15. Atrasarla significaría no llegar a tiempo de enviarla al Senado y de vuelta al Congreso para su aprobación definitiva antes de que acabe la legislatura.
Atropello democrático
Los portavoces de los grupos parlamentarios fueron reaccionando a lo largo de la mañana para mostrar su rechazo a la actitud de Posada, al que acusan de haber cometido “un atropello democrático”. Todos los grupos volvieron a denunciar el abuso del PP de su mayoría absoluta.
La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Magdalena Valerio, ha acusado al presidente de la Cámara de “forzar” el funcionamiento del Parlamento al dar el visto bueno a la proposición de ley del PP. En opinión del PSOE, Posada ha incumplido el artículo 31 del Reglamento de la Cámara, ya que la calificación de esta proposición de ley es función de la mesa del Congreso y no del presidente. El artículo 31 del Reglamento del Congreso recoge que es función de la mesa “calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos”, y “decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria, de acuerdo con las normas establecidas en este Reglamento”.
El coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, cree que lo que pretende Rajoy es que el Tribunal Constitucional “haga de primo de Zumosol” y resuelva el conflicto catalán por la vía administrativa ya que el presidente del Gobierno es “incapaz” de hacerlo por la vía política. Lara ha apremiado a los demás grupos a parar “la cacicada inducida por el Comité Electoral del PP”.
También lo hizo el portavoz de Convergència, Pere Macias, que ha adelantado que su grupo va a emplazar a los demás a la derogación de la reforma del Constitucional. El nacionalista catalán incluso ha calificado la propuestas de los populares de “involucionista” y “digna del fraquismo”.
A todos ellos ha salido a replicar el portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Pedro Gómez de la Serna. En su comparecencia, el diputado popular ha confirmado, tal y como ha adelantado el diario.es, que su partido empezó a estudiar hace meses la reforma para dotar al alto tribunal de mecanismos para actuar ante posibles incumplimiento de sus sentencias.
Según ha desvelado, nada más anunciarse la consulta del 9N, “manejaron borradores” analizando el derecho comparado para ver las posibilidades que había de hacer frente a los desacatos. “Estas medidas no se improvisan, ni se hacen de la noche a la mañana. Es un proceso lento porque es meditado y de mucho alcance y con las cosas de comer no se juega”, ha reconocido De la Serna.
Los populares sostienen que “no es preceptivo” consultar al Consejo de Estado una proposición de ley de un grupo parlamentario ya que esto solo afecta a los proyectos de ley que presenta el Gobierno. Por ello, consideran que la reacción de rechazo del PSOE se debe a “una pataleta” y a un “rabieta electoral” que solo persigue inducir “a la ceremonia de la confusión”.
Goméz de la Serna ha sostenido, además, que la “urgencia” de la medida se debe a que es necesario arbitrar formular “eficaces” cuanto antes “para desmontar un proceso de ruptura de España” ante el desafío independentista de Mas.
