Jordania advierte de “guerra religiosa” si continúan las violaciones israelíes en la mezquita

El ministro jordano de Asuntos Religiosos e Islámicos, Hayel Daud, advirtió hoy de que las “continuas violaciones” de la mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén Este, por parte de las tropas israelíes y civiles judíos podrían generar una “guerra religiosa” en Oriente Medio.

“Estas prácticas representan una flagrante violación del tratado de paz firmado entre Jordania e Israel y una provocación a los sensibilidades de los 1.700 millones de musulmanes que existen en el mundo, lo que podría provocar una guerra religiosa en la región”, dijo Daud en declaraciones a la agencia oficial jordana de noticias, Petra.

El ministro realizó estas declaraciones después de que las autoridades israelíes impidieran hoy entrar al recinto de la mezquita de Al Aqsa a los fieles menores de 50 años y a los estudiantes de las escuelas islámicas.

“Las autoridades de ocupación israelíes cerraron incluso cinco puertas del recinto de Al Aqsa, lo que representa un peligroso precedente y una flagrante violación de las leyes internacionales y humanitarias, ya que nadie en este mundo puede osar cerrar los santuarios a los fieles”, dijo Daud.

Al mismo tiempo, las autoridades israelíes sí permitieron la entrada a los turistas y a los judíos a la “profanada mezquita de Al Aqsa”, según el ministro.

En el tratado de paz firmado en 1994, Israel reconoció el derecho de Ammán a encargarse de los santuarios musulmanes y cristianos de Jerusalén Este.

Las declaraciones del ministro se producen en un ambiente tenso, después de que el pasado lunes un juez jordano de origen palestino fuera asesinado a manos de soldados israelíes en el paso fronterizo del Rey Husein (conocido también como puente de Allenby).

El Parlamento jordano votó ayer por tercera vez la propuesta de expulsar al embajador israelí de Ammán y dio al Gobierno un ultimátum que expira el próximo martes para aceptar la petición de la Cámara Baja, bajo la amenaza de retirarle el voto de confianza.

De acuerdo con la Constitución, las decisiones del Parlamento no son vinculantes para el poder ejecutivo del Gobierno.