José Enrique Serrano: “El rey es el jefe del Estado, pero eso no significa que tenga que ser de cristal”

José Enrique Serrano advierte que nunca concede entrevistas. Internet confirma el dato, pero esa consulta no es fiable porque Serrano estaba en las altas esferas de la política antes de que Google existiese.

En 1995 se convierte en jefe de Gabinete de Felipe González y el cargo lo repetiría años después con Zapatero, a quien acompañó desde el primer minuto de mandato hasta el último. Cuando Aznar llegó a la Moncloa para instalarse, era Serrano el que le esperaba a pie de escalera para explicarle los pormenores de la que sería su residencia durante ocho años.

No siempre ha tenido voto, pero sí voz en la aprobación de proyectos de ley o en el nombramiento de ministros y secretarios de Estado. Ha sido el presidente bis durante buena parte del mandato de Zapatero y fue algo parecido en los últimos años de González. Sin embargo, es un hombre prácticamente desconocido y al que los periodistas empiezan a acercarse ahora, cada vez que sale a fumar al patio del Congreso de los Diputados.

El trabajo de Serrano ha estado caracterizado por la sombra, el hombre tras el poder. Ahora el PSOE le ha encargado los trabajos parlamentarios en torno a la Ley de Transparencia. Su partido decidió finalmente retirarse de ese debate ante las constantes negativas de Rajoy para explicar el caso Bárcenas en sede parlamentaria.

Serrano recibe a eldiario.es en su despacho del Congreso de los Diputados. La entrevista se pacta para hablar de la Ley de Transparencia pero, al final, hasta este experimentado político se deja llevar a otros terrenos como los “endiablados” tiempos que vive el PSOE.

¿Comparte la opinión de Rajoy de que la Ley de Transparencia es la más moderna de nuestro entorno?

Probablemente sí lo es. Hay algo que la distingue de todas las demás, que es el haber incorporado determinadas obligaciones de transparencia a sujetos que no lo están en ninguna otra legislación, como se ha hecho aquí incorporando a los partidos políticos, a sindicatos, a organizaciones empresariales, pero sobre todo a las empresas que reciben dinero público. Esa es la gran novedad además de la incorporación de la Iglesia y la Casa Real.

Sin embargo, el PSOE no respaldó la ley y se retiró de los trabajos de la ponencia…

Estuvimos trabajando y negociando el texto con el PP más de seis meses. Pero al no demostrar (con el caso Bárcenas) voluntad de transparencia nos negamos a seguir. Hay una cosa curiosa que quiero hacer notar. La ley se publicó en el BOE el 10 de diciembre. Desde entonces ha desaparecido por completo.

Nadie, o casi nadie, ha vuelto a hablar de ella. Yo creo que eso responde a dos problemas: la cláusula, a mi juicio no acertada, de que dos de sus apartados no entrarán en vigor hasta dentro de un año y dos años, y, segundo, que nosotros, el PSOE, no estamos. Una ley como esta o nace con la firma de los dos grandes partidos o nace objetivamente con un cierto déficit. No quiero ir más allá de eso.

¿Qué se ha quedado fuera que plantearan ustedes?

Nos parece insólito que, sabiendo como se sabe que la corrupción se centra en los grandes contratos de infraestructuras, y sobre todo, en el urbanismo, no haya ni una sola previsión sobre esto en la ley. Ni una. Como tampoco hay una previsión explícita sobre las campañas de publicidad institucional, cuando en ellas se mueven miles y miles de millones de euros al año y constantemente se hacen quejas de cómo se adjudican estas campañas y su opacidad.

O sea, que la ley, como se pretende, no acabará con la corrupción…

No, no. Quien haya pensado desde el primer día que la Ley de Transparencia va a acabar con la corrupción, es que no sabe cómo se produce la corrupción. La corrupción es opaca, pero los comportamientos opacos no se resuelven con una ley de transparencia.

La ley es importante para hacer públicos determinados elementos, pero no resuelve todos los problemas de la corrupción, ni mucho menos. Hay que revisar muchas otras cosas, como los procedimientos. No es razonable que casos conocidos sobre corrupción estén años y años de periodo de instrucción y que pasen ocho o diez años entre el conocimiento de unos hechos y su sanción penal.

Pues ustedes tuvieron muchos años para cambiar y corregir estas cosas y no lo hicieron.

Bueno… Durante los Gobiernos socialistas se corrigieron algunas de estas cosas. Fuimos tan conscientes del problema que aprobamos un proyecto de ley de la mano del ministro Ramón Jáuregui. Lo que pasa es que no nos dio tiempo a discutirlo en la Cámara porque se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones.

Usted ha dicho que no le parece acertado que la ley, en lo que respecta al acceso a la información y la transparencia, no entre en vigor hasta dentro de uno y dos años. ¿Cuál es el motivo de esa demora?

La ley requiere revisar y actualizar todas las páginas webs de los organismos públicos que las tienen y crearlas en aquellos que no las tienen. Y eso requiere tiempo. Habrá también que destinar a miles de funcionarios que antes trabajaban en otras actividades –porque no se asignarán nuevos– a esta actividad que todavía no existe.

Y habrá que formarlos. ¿Cómo demonios se pone esto en marcha en pequeños municipios y pueblecitos de menos de 100 habitantes, por ejemplo? Todo eso requiere bastante tiempo. Aunque, dicho esto, dos años me parece excesivo.

¿Y la dotación presupuestaria?

Se han incorporado a los presupuestos de 2014 del Ministerio de la Presidencia, según creo, un millón cuatrocientos mil euros para crear el Portal de la Transparencia al que debe dirigirse el ciudadano que quiera saber cualquier cosa.

¿Los ciudadanos podrán realmente conocer qué hace la Iglesia con la asignación que recibe del Estado?

Si, claro. La Iglesia está sometida a la Ley de Transparencia al recibir por distintas vías unas importantes aportaciones del Estado. Dispone del mismo tiempo que el resto de los organismos que están sometidos a la ley para hacer públicas esas informaciones.

¿Los gastos de Urdangarin y la infanta quedarían sujetos a la ley?

No. Urdangarin no tiene nada que ver con la Casa del Rey. Es un señor privado. Y la infanta no tiene dotación de la Casa Real.

¿Y se podrán conocer las cacerías del rey y sus viajes privados?

No. ¿Por qué? Si se va de cacería o no se va, es una información que a mí, como diputado, no me pregunta nadie. Tampoco al rey.

Pero el rey es el jefe del Estado, ¿no debería rendir cuentas de todos sus gastos y actividades?

El rey es el jefe del Estado, sí, pero eso no significa que tenga que ser de cristal. Una sociedad de cristal es una sociedad invivible. Todos necesitamos tener nuestro espacio, los que tienen actividades públicas y los que las tienen privadas.

En el caso del rey, ¿no es un poco discutible?

No, yo creo que no. ¿Un ministro tiene que explicar si se va a cenar con una señora o si pasa un fin de semana con unos amigos? ¿O un diputado tiene que contar si gasta su sueldo en libros? ¿Verdad que no? ¿Por qué entonces lo tiene que hacer el rey?

¿Deberían hacerse públicas las actas de las deliberaciones del Consejo de Ministros?

Las actas del Consejo de Ministros, que yo comprendo que a ciertas personas les origine cierta expectación, son estrictamente formales. Son una relación de los acuerdos, y los acuerdos se hacen públicos.

Me refiero a las discusiones internas, como hacen algunos países.

Esas son secretas y está prohibido hacerlas públicas, lo dice la Constitución. Personalmente no estoy de acuerdo en que haya que hacerlas públicas. El Consejo de Ministros es un órgano político, no administrativo. Lo que argumenta un ministro en un debate no es importante. Lo importante es lo que el Gobierno decide.

¿Le parece normal que Rajoy no haya actualizado en la web del Congreso sus ingresos y que lo último que está es lo que cobró en 2010?

Normal, desde el punto de vista legal, sí, porque no hay obligación de ponerlos todavía hasta que entre en vigor la ley. Pero no me parece normal desde un punto de vista de estética. Si el Gobierno ha sacado adelante esta ley, no hay que esperar a que entre en vigor. Se puede hacer al día siguiente.

La ley tampoco impone obligaciones al Congreso y al Senado, ¿por qué son ustedes diferentes?

Todos los órganos constitucionales tienen autonomía funcional, es decir, se dotan de sus propias normas de funcionamiento. En el caso del Congreso y del Senado son sus reglamentos, que en el caso del Congreso tiene rango de ley orgánica. Lo que tiene que hacer el Congreso es reformar el reglamento.

¿Se estudiará la propuesta de su compañero Fernández Vara de eliminar el aforamiento?

No. El aforamiento está en la Constitución. No es algo de hoy. Está desde hace siglos. El Tribunal Constitucional ya lo ha explicado: el aforamiento no es ningún beneficio del aforado, sino que es un beneficio del órgano para evitar que la mitad de sus miembros, por la acción de la otra mitad, estén todos procesados.

Perdón. Explíquelo mejor…

Lo que se quiere evitar es que el funcionamiento de los órganos que tienen reconocido el aforamiento, como el Congreso, estén sometidos a acciones penales que no tengan ningún fundamento pero que pongan entre paréntesis la actuación de sus diputados.

Por eso va al máximo órgano, que es el Tribunal Supremo, para que con todo rigor decida si hay motivo o no para actuar. De hecho, hay muchos diputados que han padecido un procedimiento penal y se han quejado amargamente de que al estar aforados pierden una instancia judicial. Porque detrás del Supremo ya no hay nada. Lo único que queda es el Tribunal Constitucional.

Una pregunta más personal. ¿Qué hay que hacer para lograr ser fontanero jefe durante tantos años en dos Gobiernos diferentes del PSOE?

Pues no lo sé. Incluso algunos me han preguntado, pero ¿cómo vas a ser ponente de una Ley de Transparencia, tú, que has estado siempre en las tinieblas? No me gusta eso de “fontanero” porque parece como algo oscuro. Pero una cosa es que pueda parecer algo oscuro y otra es que haya que dominar la discreción. Al final, uno tiene una información que poca gente tiene en el país. Hay que ser discreto.

Por eso yo no he mantenido nunca relación con la prensa, porque lo concebía incompatible. Ser “fontanero”, como usted dice, es algo complicado. ¿Que qué hay que hacer para serlo, porque en definitiva es un cargo de confianza? No lo sé, vuelvo a repetir... También lo fui con Joaquín Almunia. Así que estoy condenado a ser director de Gabinete.

Ellos sabrán por qué me eligieron. Tendrán referencias por otros de cómo soy, cómo he trabajado, de cómo pienso y la formación que tengo.

¿Leeremos algún día sus memorias, donde desvele los secretos que sabe –que deben de ser muchos–, como han hecho otros?

No. Y no digo que no vaya a escribir nunca, pero nunca escribiré un libro de memorias. Nunca. Y mucho menos desvelaré secretos porque, como le digo, soy una persona muy discreta.

¿No caerá en la tentación si le hacen una buena oferta económica?

No. Jamás me ha interesado el dinero. Me ha interesado sólo para poder vivir decentemente, pero para nada más. Es algo que me enseñaron mis padres.

¿Le gusta el nuevo modelo de primarias que acaba de aprobar el PSOE?

Yo soy el tipo más disciplinado del partido. Por eso digo que lo que haya decidido el partido, en base a los análisis que ha hecho, es lo que considera que ayuda a regenerar un poco el sistema democrático. Le veo algunos problemas, como todos. Pero es un reto para el PSOE. Y el reto es que salgan bien esas primarias.

¿Debería distribuir la dirección del partido el censo a todos los candidatos?

Me imagino que se les facilitará, pero no me conozco las entrañas del acuerdo. El problema es que no es un censo de militantes del partido, sino un censo de personas que van a votar al ser primarias abiertas.

¿Se moja por algún candidato de los que parece que van a salir? Eduardo Madina, Patxi López, Carme Chacón…

No. El propio Rubalcaba dijo el día que se aprobó el calendario que ahora debemos centrarnos en hacer lo mejor que sepamos nuestras tareas de oposición y proponer alternativas a los problemas que se les presentan a los ciudadanos, que son alternativas diferentes a las del PP. Y primero debemos afrontar las elecciones europeas. Creo, además, que lo normal es que surjan otros nombres. A lo mejor, al final, no concurrirán los que se dice que quieren. Ya veremos.

¿Debería presentarse a las primarias Rubalcaba después de haber pasado toda esta dura travesía en la oposición?

Alfredo ha hecho un trabajo excepcional en unas circunstancias endiabladas. Los compromisos que asumió desde el principio los ha cumplido: rediseñar las bases de un proyecto político, y simplemente por eso el partido y el país deberían reconocerlo.

¿Ve injusta la baja valoración que le dan los ciudadanos en las encuestas?

La injusticia en política es una palabra que no me gusta. Creo que no son palabras que se concilien bien. La valoración del ciudadano hacia Rubalcaba, en mi opinión, está muy vinculada a todo lo que pasó y está pasando desde que empezó la crisis. Veremos cuando acabe el ciclo.

¿No temen que haya un castigo para el bipartidismo que empiece en las europeas?

Yo no lo concibo así. Yo creo que combatir el bipartidismo como objetivo y estrategia política es un planteamiento profundamente equivocado. Creo que va a haber un castigo al PSOE –espero que ya menos que el que tuvimos en las generales de 2011– y también un castigo al PP. Por tanto, no es un problema de combatir al bipartidismo, sino un problema de valoración ciudadana de la acción de quienes han desempeñado los Gobiernos durante la crisis.

¿Cómo ve la proliferación de partidos como Vox o Podemos? ¿No es sano para la democracia que haya más opciones donde elegir?

No creo que el hecho de que se presente un número mayor o menor de partidos a unas elecciones tenga nada que ver con la democracia. Pero cuantos más partidos obtienen escaños, más difícil es constituir Gobiernos estables porque es más difícil obtener mayorías suficientes en relación con el conjunto del resto de los partidos como para poder gobernar en solitario. Por tanto, hay que ir a Gobiernos de coalición y hay que pactar.