José Manuel Maza: Un reputado juez convertido en ariete del Gobierno

Fue uno de los nombramientos más controvertidos del Gobierno. En la pasada legislatura, el gabinete de Mariano Rajoy había tenido problemas con la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, una jurista de perfil conservador, que se resistió a aceptar determinadas instrucciones del ministro Rafael Catalá y acabó abandonando sin hacer ruido. Para ese puesto clave en esta legislatura se eligió a José Manuel Maza, un magistrado del Tribunal Supremo, número 1 de su año entre los fiscales de distrito décadas atrás.

Su repentina muerte, como consecuencia de una infección durante un viaje a Argentina, no le ha permitido cumplir un año al frente de la Fiscalía General, pero su mandato ha estado rodeado de polémicas. Su fallecimiento en Buenos Aires coloca ahora en una difícil posición al Ejecutivo: encontrar un recambio en mitad de la grave crisis judicial e institucional con Catalunya.

Cuando se le nombró, Maza no cargaba con polémicas a cuestas e incluso había archivado como juez una querella del pseudosindicato Manos Limpias contra Podemos y Pablo Iglesias. Lo que buscaba el Gobierno era un perfil técnico que no diese problemas en una legislatura sin mayoría absoluta que se preveía complicada para el PP. Maza no fue la primera opción. Se barajaron otros nombres pero el Consejo de Ministros sancionó su nombramiento el 25 de noviembre de 2016.

Según fuentes próximas a la Fiscalía, los magistrados del Supremo que presumían de ser sus amigos le destacaban el carácter extremadamente afable y su sentido del humor. Era un jurista reconocido y valorado en la profesión, en especial entre sus compañeros de tribunal, entre los que destaca el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena.

Sin embargo, su mandado se llenó pronto de lamparones. Designó, o al menos aceptó, a Manuel Moix como jefe de Anticorrupción. El elegido duró tan solo cuatro meses, en medio de una sucesión de escándalos y maniobras para obstaculizar investigaciones a importantes dirigentes del PP como el expresidente madrileño Ignacio González.

Maza nombró a Moix a pesar de las advertencias de otros fiscales. Le avisaron de que su nombre aparecía en unas conversaciones grabadas al expresidente madrileño, que le señalaba como su favorito para acabar con sus problemas judiciales. De hecho, en esas conversaciones sale el nombre del propio Maza, como “la pieza principal” a colocar, con ayuda de Catalá, para descender desde ahí al resto de nombramientos de fiscales.

Maza apadrinó a Moix y le defendió hasta el final de sus días, incluso después de que anunciase su renuncia cuando se descubrió que tenía participaciones en una sociedad familiar radicada en Panamá. Como consecuencia de todo aquello, Moix, el propio Maza y el ministro Catalá fueron reprobados por el Congreso.

Con semejante hoja de servicios afrontaron la Fiscalía General del Estado y el Ministerio la crisis catalana, en la que Maza volvió a desempañar un papel decisivo. Durante las entrevistas que concedió en los últimos meses se permitió hacer quinielas sobre un asunto tan delicado como los delitos a imputar en Catalunya antes incluso de que se cometiesen. Apostó por la rebelión y la sedición antes incluso de que se proclamase la independencia. Y esos fueron los que motivaron la denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El teniente fiscal que firmó esa querella contra los líderes independentistas, Miguel Ángel Carballo, aseguró hoy al conocer su muerte que había fallecido el Fiscal General del Estado “más independiente” que había tenido España.

Protagonista en la petición de cárcel para los consellers

La Fiscalía de Maza había decidido firmar la querella en la Audiencia Nacional y después avaló la decisión de pedir prisión incondicional para todo el equipo de Puigdemont (salvo Santi Vila, que dimitió horas antes de la declaración de independencia) después de que ocho de ellos, incluido el exvicepresidente Oriol Junqueras, compareciesen ante la juez Carmen Lamela.

El criterio que había fijado Maza antes de la comparencia con los fiscales de la Audiencia Nacional para evitar la cárcel a los exmiembros del Govern pasaba por que estos asumiesen ante la juez el artículo 155 de la Constitución, su destitución por el Consejo de Ministros y sobre todo el compromiso de no seguir adelante con la defensa de la república catalana. Eso no se produjo porque los comparecientes decidieron no responder las preguntas de la acusación.

Lo explicó el propio Maza durante  una entrevista en Hora 25 el mismo jueves cuando los consellers ya estaban cada uno en su celda: “¿Cómo va la Fiscalía a dejar a unos ciudadanos que se niegan a responder al fiscal? Preguntábamos si aceptaban la vigencia del Constitución española en Catalunya y la aplicación del 155, y si dijeran que sí aceptaban la Constitución y que iban a dejar de estar en la línea de la comisión delictiva, como Oriol Junqueras que firma artículos [en el New York Times] como vicepresidente de la Generalitat, pues igual otra cosa hubiera cambiado, hubiéramos tenido que fijar en el riesgo de fuga o en otros elementos, pero no en el que para nosotros es básico. Cómo van a volver a su casa tras declarar que van a seguir insistiendo en el delito. Así lo ve la juez, que dice que en el caso de Vila no existe la idea que vuelva a su casa y a reiterar en el delito”. 

Algunas de sus polémicas declaraciones han causado malestar en la carrera. La Unión Progresista de Fiscales ya había solicitado su renuncia mucho antes de que estallase el problema catalán y de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Durante su corta estancia en el puesto las sucesivas polémicas habían revuelto la carrera, y habían puesto los focos sobre un colectivo que presume de trabajar en la sombra. 

Algunas de sus últimas declaraciones sobre Catalunya habían causado malestar en el Consejo de Ministros. Maza lo supo pero defendió entre sus próximos que no hay mejor síntoma de independencia que eso.