“Los ataques feroces contra el juez José Ricardo de Prada están destinados a apartarle del tribunal de la Gürtel”
El magistrado Ignacio González Vega (Avilés, 1964), es el nuevo portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), la organización que reúne a los jueces progresistas. Tiene un mandato de dos años y un papel complicado: ser la voz de una parte importante del sector en un momento en el que parece que la Justicia ha cobrado protagonismo, con procesos abiertos en los casos más sonados de la corrupción que ha asolado este país en los últimos años: Gürtel, Púnica, EREs, Blesa, Rato, el PP en B. En la entrevista, celebrada en un apartamento de la calle Almagro aún lleno de cajas, repasamos los asuntos enquistados, como la sempiterna reforma y modernización de la justicia, uno de los grandes déficits de los últimos 40 años. González Vega lo resume en dos palabras, dinero y medios. El problema es que ambas demandan voluntad política.
¿Tienen los programas electorales de los partidos un compromiso con la reforma de la justicia o se trata de una asignatura maría en medio del fragor de la campaña?
Nosotros podemos transmitir las ideas a los partidos; otra cosa es que los partidos las asuman después. Pueden dar más énfasis a una cosa o a la otra. Por experiencia sé que los partidos quieren escuchar más a los individuos que a las organizaciones. Lo mismo que hemos dicho al PSOE, se lo dijimos a IU y a Podemos; y si hubiéramos tenido la oportunidad se lo hubiéramos dicho al PP y a Ciudadanos. Todas las asociaciones judiciales somos conscientes de que lo importante es un pacto de Estado para la justicia, porque es la única manera de resolver los problemas.
¿Qué pilares debe tener ese pacto de Estado para que la justicia mejore en rapidez, calidad, eficacia?
Debería contar con las asociaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales que ahora se denominan letrados de la administración de justicia; también con los funcionarios, los sindicatos y las asociaciones ciudadanas; tendrían que estar los partidos políticos, al menos los que tienen representación parlamentaria. Debería ser algo abierto donde se tengan en cuenta las opiniones de todos los que intervienen en este sector. La finalidad sería mejorar el servicio público de la justicia.
Llevamos casi 40 años de democracia con el mismo tema.
Lo único que hubo fue un pacto en el año 2002. Cuando todo está patas arriba uno no sabe por dónde empezar. Hay cosas esenciales: tiene que haber un compromiso de los partidos políticos para incrementar la partida presupuestaria. Eso es fundamental para que las cosas funcionen. El otro día, cuando discutíamos la revisión de los plazos de la instrucción, decíamos desde Jueces para la Democracia que estamos a favor de agilizar la justicia ¿Cómo vamos a estar en contra? La lentitud de la justicia perjudica a las víctimas, a las personas que están sentadas en el banquillo porque las estigmatiza, Estamos en contra de una ley que en su apartado final, como en todas las de este Gobierno, lleva la misma coletilla, “en ningún caso va a suponer un incremento de las partidas presupuestarias”. Sabemos que sin dinero no se puede hacer nada.
Sin más dinero no hay más personal.
El dinero permite más personal, más y mejores medios materiales. Para afrontar cualquier reforma es necesario contar con dinero.
¿En qué siglo se ha quedado la famosa informatización de la justicia?
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, cree que la ley lo ha conseguido por sí sola, pero no se puede hacer nada sin dinero. No se puede digitalizar e informatizar la justicia sin contar con los medios económicos suficientes. Por eso es necesario el compromiso de los partidos que formen el gobierno de incrementar los presupuestos de la justicia.
También habría que despolitizar la justicia.
¿A que nos estamos refiriendo cuando hablamos de la politización de la justicia? Los jueces en España no pueden formar parte de sindicatos ni de partidos políticos. En Alemania pueden pertenecer a partidos y a sindicatos; en Francia existe el Sindicato de la Magistratura que es la asociación hermana de los Jueces para la Democracia. Yo estoy en un juzgado de lo Penal de Madrid; ¿está politizada la justicia cuando estoy juzgando un hurto?
La politización está en un Fiscal General del Estado nombrado por el gobierno y que depende del gobierno. Una fiscal, como el caso actual, que manda sobre todos los fiscales. Es un asunto importante.
Los fiscales son una parte del proceso. El papel fundamental lo tienen los jueces. ¿Está politizado el órgano de gobierno de los jueces? Hay que diferenciar la política de la política partidista. En el Consejo General del Poder Judicial se hace política judicial. Los jueces tienen ideología, somos ciudadanos; ¿podemos opinar? Un juez de lo mercantil puede criticar la política que han seguido los bancos en los préstamos y las cláusulas suelo? ¿Le invalida para presidir un juicio contra un banco?
Aparte del fiscal general, que es un problema que no afecta solo al PP, viene de mucho antes, está la casualidad de que los casos que más pueden perjudicar al partido que está en el gobierno caen siempre a jueces amigos
Porque se residencian en la Audiencia Nacional. Cuando hablamos de la politización de la justicia, hablamos del Consejo General del Poder Judicial. Que me digan qué se quiere, que me digan otras alternativas. La elección por los propios jueces es una alternativa que contempla la Constitución Española y que ha sido incluso avalada por Jueces para la Democracia.
¿Cómo funcionan en otros países, en el Reino Unido, por ejemplo?
En Inglaterra hay un consejo judicial pero únicamente con funciones consultivas, desprovisto de competencias disciplinarias y de nombramientos para altos cargos judiciales. En la mayor parte de los países europeos la elección es corporativa; la mayor parte de los componentes son jueces.
Lo que no ha funcionado es que sean los partidos políticos con representación parlamentaria los que elijan el Consejo del Poder Judicial.
Efectivamente, y por cuotas, tal y como previno en su día el Tribunal Constitucional.
Y que votarán en función de quién les ha nombrado. ¿Dónde está la independencia?
La independencia judicial no es predicable de los vocales del Consejo, es la de los jueces cuando ejercen la jurisdicción. Cuando se habla de la independencia de la justicia se refieren al juez cuando está juzgando y ejecutando las resoluciones, no del vocal del Consejo.
Pero el Consejo del Poder Judicial tiene una influencia enorme.
Sí, sí, claro. Pero los vocales del Consejo del Poder Judicial, que es el órgano de los jueces, no tienen por qué ser independientes; bueno, no son independientes. Hay una percepción general en la sociedad de que la justicia está politizada, en el peor sentido de la política, que está colonizada por los partidos políticos, pero también creo que es una percepción errónea porque el ciudadano medio no acude a la Audiencia Nacional, el ciudadano medio va al juzgado de Primera Instancia, de lo Penal, el de Instrucción.
La justicia de baja intensidad mediática, la que nos afecta a todos, funciona y es muy severa. Acaba de entrar en prisión una persona por un delito de 80 euros. En cambio, los grandes delincuentes, los poderosos y mediáticos, siempre tienen una excusa para no entrar en la cárcel.
Al margen del caso del señor de los 80 euros, que no lo conozco bien, hay unanimidad en toda la carrera. Todas las asociaciones judiciales opinan que para combatir la corrupción son necesarios más medios económicos. Frente a corruptos que disponen de despachos especializados, todos estos que hay por esta calle [Almagro, una de las más elegantes de Madrid], que tienen todo tipo de medios y que saben recurrir a maniobras dilatorias, y en cuyas investigaciones resultan imprescindibles las comisiones rogatorias a paraísos fiscales que todo lo complican. Un juzgado de una localidad pequeña tiene que afrontar, además de esos casos, un juicio por una pelea de vecinos o una demanda de reclamación de cantidad. No hay medios. Hemos presentado una demanda de conflicto colectivo porque hay una sobrecarga de trabajo en muchos órganos judiciales. A veces nos encontramos desbordados.
Una reforma útil sería la penalización de la utilización fraudulenta de la justicia. Creo que en Estados Unidos se paga, incluso con la cárcel. Aquí se amenaza con querellas o se ponen aunque sepan que no van a ninguna parte. Además de un fraude, es uno de los factores que hacen que la justicia sea lenta.
Claro. Jueces para la Democracia está hablando con otras asociaciones para fijar tres o cuatro objetivos a corto y medio plazo. Es necesario aunar voluntades, fijar objetivos. Lo más acuciante, aparte del dinero, es el asunto de la organización judicial para acabar con la organización decimonónica de los juzgados como unidades separadas unas de las otras. Además está la reforma del proceso penal: la Ley de Enjuiciamiento Criminal es de 1882.
Habla de la necesidad de un pacto de Estado, ¿tienen las distintas asociaciones de jueces capacidad de diálogo para llegar a acuerdos, para presentar ideas comunes?
Creo que sí, creo que podemos llegar a un mínimo común denominador entre todas las asociaciones de jueces, fiscales y secretarios (ahora letrados de la administración de justicia).
Pero aún no se ha llegado a ese pacto después de casi 40 años de democracia.
No, no se ha llegado todavía. En el año 2002 se firmó un pacto en tal sentido entre el PP y el PSOE pero al final se quedó en papel mojado. Es verdad que el Consejo General de la Abogacía ha tomado una iniciativa sobre asuntos que pueden afectar a la justicia.
¿Qué aspectos legislativos aprobados por el PP relacionados con la justicia sería necesario modificar en el caso de que hubiera otro tipo de gobierno?
Muchos. No todos, obviamente, pero sí muchos, como la cadena perpetua revisable, que es un oxímoron: ¿es perpetua o revisable? Se trata de una mala lectura de la Constitución que prohíbe la cadena perpetua y las penas inhumanas y los tratos degradantes. Hay muchas normas que se han introducido, y algunas directivas comunitarias; una de ellas dice que hay tener intérpretes y traductores para que las personas que llegan a España tengan unas mínimas garantías, pero como no se invierte, el resultado es que la calidad de las interpretaciones es horrible.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal parece más destinada a bloquear ciertos casos de corrupción que a mejorar la justicia.
Claro.
Si se anulara, ¿son recuperables los archivados?
Probablemente. Como no se dota a la justicia de medios y ves que no llegas a tiempo para revisar todas las causas, que se van archivar algunas y, por tanto, vas a provocar impunidad, pides que la causa se declare compleja y así tienes un año o año y medio más para revisarlas. Estas últimas reformas están hechas de cara a la galería y se han llevado a cabo en un periodo de precampaña, como la informatización. El ministro de Justicia lo presenta como si hubieran puesto la justicia en el siglo XXI, y no es verdad. No la han dotado de los medios para conseguirlo, ni siquiera en la coordinación de todos los operadores jurídicos. En el caso de la agilización de la justicia pasa otro tanto. Han aprobado una ley que no se puede llevar a la práctica de forma razonable
¿Cómo funciona la Fiscalía General del Estado en otros países?
Es verdad que deberíamos ir hacia un modelo de ministerio fiscal como en otros países, más independiente, con mayor independencia de criterios. En España existe la dependencia orgánica y funcional que tienen los fiscales. Disponen de una autonomía, pero si discrepan de su superior pueden ser apartados porque el Fiscal Superior entiende que hay que llevarlo así. Probablemente el paradigma es Italia, donde el ministerio fiscal tiene cuotas de mayor independencia que en España. Con Francia, al que hemos copiado muchas cosas de la legislación napoleónica, estamos a la par. España está a la par de Francia en sobrecarga de los tribunales. Los jueces tienen un sistema de elección burocrática que permite que magistrados con 27 años y sin experiencia profesional accedan al puesto de juez de por vida. No es como en Inglaterra, donde es un jurista que, tras una carrera brillante, accede al puesto de juez.
Es más fácil que el mérito se abra paso en el sistema anglosajón.
En España se introdujo el cuarto turno, el de juristas de reconocida competencia. En el sistema anglosajón acceden a juez personas al final de su carrera y con gran prestigio profesional. Aquí, el sistema de acceso, que es muy criticable, se basa en un dato objetivo: la memorización de 300 o 400 temas. Siempre hemos criticado este sistema memorístico; en Jueces para la Democracia creemos que no es suficiente para ser juez pues hay que tener en cuenta además otras habilidades.
Más de la mitad de los aforados son jueces y fiscales. Parece que no se fían de todos los jueces y prefieren ir directamente al Tribunal Supremo.
El aforamiento de los jueces no es tanto por eso. Antes había lo que se llamaba el antejuicio, que servía para filtrar. Se han utilizado muchas veces querellas contra jueces, no porque el juez haya prevaricado, sino para apartar a uno concreto que pueda resultar molesto. Yo como juez estoy más expuesto a más denuncias que tú, bueno el caso de los periodistas es diferente, digamos que los jueces estamos más expuestos que un ciudadano normal. Un abogado que cree que un determinado juez resuelve en casos similares de manera distinta a los intereses de su cliente, podría querellarse contra él para apartarlo, para que pongan a otro. Como se suprimió el antejuicio se adoptó el aforamiento.
¿No es mejor penalizar esa utilización fraudulenta de la justicia?
Claro. Al principio estaban las costas, la mala fe procesal, pero siempre queda en nada.
En algunos casos debería llegar a tener consecuencias penales.
E implicar la pena de prisión.
Es decir, puedes ir a la cárcel si utilizas la justicia para bloquear la justicia.
Sí, o si la estas utilizando de forma torticera para unos fines distintos de los que está concebido este servicio público.
Eso debería estar penado.
Sí.
No haría falta el aforamiento de jueces.
Claro, es verdad. Ahora estamos viendo que los ataques feroces contra el juez José Ricardo de Prada están destinados a apartarle del tribunal de la Gürtel, la primera prueba de fuego contra la gestión del Partido Popular.
Otra cosa que no entiendo bien; en el caso de Rita Barberá, que está protegida en el Senado, su partido ha logrado bloquear todo hasta que pasen las elecciones. Pero, en el de los ex presidentes andaluces no se espera a las urnas.
Es porque Chaves y Griñán han dimitido como diputados y, por tanto, ya no están aforados. En el caso de Barberá la han blindado en la Comisión Permanente del Senado; además, al ser senadora autonómica tiene garantizado su puesto hasta que termine la legislatura autonómica.
En España hay cerca de 17.000 aforados; en Francia, 21, en Alemania, ninguno.
Hay también una opinión mayoritaria en la judicatura de que hay que reducir los aforamientos. Ha habido alguna iniciativa en la anterior legislatura…
¿En la de los cuatro meses o en la otra?
En la anterior, la del gobierno del PP.
Gallardón anunció algo pero no pasó de ahí.
Fuegos de artificio. De hecho cuando hubo una propuesta concreta, el PP la tumbó.
Otro problema es la corrupción, en la que el fraude fiscal es una parte importante. Sucede como en la justicia, es esencial que la UDEF de la Policía Nacional y la UCO de la Guardia Civil tengan medios y que no les cambien de jefe.
La policía es una pieza fundamental en la lucha contra el crimen y particularmente contra la corrupción. Es difícil si está al socaire de la autoridad política de turno. Una reivindicación histórica de Jueces para la Democracia es que la policía judicial sea inamovible en el periodo que dura la investigación y que solo dependa del juez.
Pero esto no es así.
Esto no es así, claro.
Si el comisario que dirige la UDEF está investigando algo que no le gusta al ministro, lo puede cambiar.
Puede cambiarlo, puede reducir la plantilla para dificultar la investigación o alargarla. El problema es que la policía sí que está realmente politizada en las investigaciones de que hablamos, no en los asuntos en los que investiga quién ha cometido un robo.
¿Sería necesario algún tipo de juzgado especial o con los que hay es suficiente?
Desde Jueces para la Democracia creemos que lo ideal serían juzgados especializados en delincuencia económica, igual que se hizo en su momento con lo mercantil. La delincuencia económica merece un capítulo aparte. Debe haber un cuerpo de jueces con conocimientos especializados en materia económica, financiera, fiscal etc., y que no estén un día en un hurto de unas prendas en unos grandes almacenes, después en una alcoholemia o en un alzamiento de bienes. Eso distrae mucho. Si hubiera jueces especializados en esa materia sería mejor para combatir la delincuencia económica, que no solo es la corrupción, también los fraudes tributarios que perjudican a la economía nacional.
Decía Falciani, el de la lista Falciani, que la clave es que los defraudadores sientan miedo a que les descubran, que tarde o temprano van a quedar expuestos ante la sociedad y ante la ley.
Claro, cuando uno ve las imágenes de un señor como Carlos Fabra que ya tiene el tercer grado… Al final se lo toman como una estancia temporal en la prisión.
¿Cree que el 15M y todo este movimiento social que se puso en marcha ha afectado también a los jueces? ¿Por qué de repente se ponen las pilas?
Más que el 15-M, la crisis económica; el 15-M es una consecuencia de la crisis. El papel de los jueces se ha visto revalorizado tras la crisis económica y sus consecuencias. Los jueces de lo social no han sido insensibles ante la situación y las consecuencias de las reformas laborales del PP. Han tratado de dulcificar su rigor. Esto ha sido molesto para el gobierno del PP. Ha habido un grupo de jueces que ha interpretado las leyes de la forma más favorable a los ciudadanos. Esto ha tenido como consecuencia la mejora de la valoración de los jueces ante los ciudadanos.
Los jueces han sufrido recortes salariales.
En sus condiciones profesionales, sí, también
¿Cree que estos recortes han podido incrementar su enfado ante la actuación del gobierno de determinados asuntos?
Hay 5.300 jueces en España, son un reflejo de la sociedad. Si a uno le recortan y le quitan, no sé, 200 euros al mes, es evidente que no lo va a ver con agrado.
Nos pasó a los periodistas: no nos dimos cuenta hasta que nos tocaron el bolsillo.
Claro, hay jueces, y no solo de Jueces para la Democracia, que han demostrado una cierta sensibilidad, que ya la tendrían de antes, pero que la han mostrado sobre todo ahora, en condiciones muy duras; por eso han dictado resoluciones que han resultado ejemplares para la ciudadanía. Ha sido muy grato ver cómo esto ha repercutido en la valoración que nos otorgan las encuestas. Sufrimos recortes como funcionarios, pero veíamos que la sociedad estaba peor que nosotros. Aparte de eso, hay jueces más sensibles que otros con los problemas de los demás.
¿Está esperanzado en que el Gobierno que salga de las elecciones avance en asuntos de la justicia o vamos a tener más de lo mismo sea cual sea el baile de siglas?
Estamos obligados a tener esperanza en el futuro, porque si no, no estaría aquí como portavoz de Jueces para la Democracia, estaría dedicándome a pasear o a leer un libro; sí, tengo esperanza de que sea el gobierno que sea, aunque sospecho que parece que las encuestas apuntan a un cierto gobierno, podamos avanzar. Nuestro reto ahora es, y lo hemos hablado con las otras asociaciones, mejorar la justicia. Estamos en nivel tal de deterioro del servicio público de la justicia que es urgente y prioritario.
