La Junta de Castilla y León ocultó durante años que tuvo una sede comercial en Panamá

La Junta de Castilla y León ha mentido y ha ocultado durante años que tuvo una oficina comercial en Panamá tal y como ha podido constatar eldiario.es. La sede se ubicó en las oficinas panameñas de la constructora burgalesa Arranz Acinas, con la que se firmó un convenio que nunca se hizo público. A lo largo de un año este medio intentó obtener información a través de la Junta. La única respuesta de la Consejería de Economía fue telefónica: “De Panamá no se habla”. Panamá no apareció nunca en el listado oficial de delegaciones del Gobierno regional, aunque su existencia era un secreto a voces. Mucho más desde que eldiario.es publicó que Javier Herrera Campo, hermano del presidente de la Comunidad, había constituido una sociedad panameña junto al hijo del constructor burgalés Jesús Arranz Acinas. 

La opacidad de la Junta sobre el asunto ha quedado reflejada incuso en un escrito en el que niega tener una oficina en Panamá. El portavoz del Partido Castellano, Domingo Hernández, preguntó en abril del año pasado al Gobierno regional. La respuesta, firmada por el director general de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial, José María Ribot, fue muy clara: “En contestación a su escrito del pasado 16 de abril (de 2016), con el que solicita información relativa a la finalidad y resultados de las que denomina 'embajadas' de Castilla y León, me corresponde informarle lo siguiente: Hasta la fecha, la Junta de Castilla y León no ha tenido oficina en la República de Panamá y por lo tanto no se puede aportar dato alguno sobre las cuestiones que al respecto plantea en su escrito”.

La respuesta de Ribot, que sí aportaba datos de las transacciones comerciales en ese país, no se ajusta a la realidad. Arranz Acinas Panamá SA se creó en noviembre de 2007 para abordar distintos proyectos en ese país. Fue en esa sede social donde la Junta de Castilla y León montó su oficina comercial. Así se desprende de un correo electrónico al que ha tenido acceso eldiario.es enviado desde el dominio de la oficina de internacionalización (Excal) en ese país, panama@excal.es. En él, la responsable de la oficina, Ana Cecilia Alvarado, se dirigía a un técnico de Excal en Valladolid para hacerle indicaciones sobre unos envíos. Alvarado daba la dirección completa de la constructora en Panamá “Arranz Acinas, Ana Cecilia Alvarado, Edificio Bay Mall, Local número 7 planta baja, Panamá, República de Panamá”, sin que apareciese el nombre de Excal o la Junta de Castilla y León. El correo fue enviado el 27 de julio de 2011.

Fuentes de Excal comentaron a este diario que la oficina abrió años antes con total sigilo y que “no era como las demás” ya que muy pocos estaban trabajadores estaban al tanto de su existencia. Tras cerrar la delegación panameña de Excal, Alvarado se incorporó al equipo de Arranz Acinas por un tiempo. Según la web de transparencia del Gobierno de Panamá y su oficina institucional de recursos humanos, dejó Panamá en diciembre de 2015 para incorporarse a la embajada de Panamá en Londres como encargada de Negocio. Su perfil en la red social Linkedin fue eliminado recientemente, al igual que algunas webs que hacían referencia a la oficina de la Junta de Castilla y León.

Arranz Acinas lo confirma

A pesar de los intentos del Gobierno de Castilla y León de mantener ese sigilo con el que operó, la propia constructora Arranz Acinas confirmó a este diario que su sede en Panamá albergó “durante algunos años” la oficina de de la Junta en ese país, y que esta dejó de funcionar por “cuestiones presupuestarias”. Las mismas fuentes explicaron que Arranz Acinas firmó un convenio con Ade Internacional Excal que tenía como fin, entre otros, la contratación de una persona (Ana Cecilia Alvarado) que se encargase de llevar la oficina, que compartía con más trabajadores de la constructora, “unas ocho o diez personas”. Además de orientar a los empresarios castellanos y leoneses interesados en hacer negocios en ese país, se elaboraban informes periódicos, y actuaban “como una consultora”. El contrato nunca se hizo público. “No hay nada que ocultar”, aseguraron desde Arranz Acinas. Sin embargo, declinaron precisar el dinero que recibían de la Junta por contratar a Alvarado, albergarla en la sede y actuar como consultoría,aunque subrayaron que eran menos de los 150.000 euros que recibió durante 4 años el empresario amigo de Aznar por labores similares en Miami, otra oficina que la Junta intentó mantener en secreto, aunque sí que promocionó acciones comerciales en ese país.

La existencia de la oficina de la Junta en Panamá fue también constatada por algunos empresarios que acudieron a la sede de Arranz Acinas y se encontraron con un cartel de la Junta de Castilla y León en el mismo local. Fuentes de la constructora quisieron dejar claro que la sociedad panameña de Herrera Campo con Arranz Monje, CyL Centro América Consultores, “nunca tuvo actividad, ni cuenta asignada” y destacaron el alto perfil profesional del hermano del presidente de Castilla y León. Aunque, en teoría esa sociedad era una consultora y la Junta había contratado los servicios de consultoría de Arranz Acinas, desligaron ambas cosas. “Había un proyecto hotelero que nunca se llevó a cabo, por eso después incluso se cambió el nombre de la sociedad”, incidieron.

Arranz Monje ha sido recientemente imputado en el caso Lezo. Según el juez instructor, Eloy Velasco, el responsable de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, ingresó en las cuentas de la esposa y del hijo del constructor burgalés Jesús Arranz Acinas 1.075.103 euros. Las transferencias se realizaron desde una cuenta en Liechtenstein de Martínez Nicolás (en la que estaban autorizados su mujer y su hijo), a la cuenta en Suiza de Ángeles Monje (529.123,29 euros) y a la cuenta en Panamá de Jesús Arranz Monje Gutiérrez (545.980,66 euros). Según el juez, ambas operaciones son “difícilmente subsumibles en una operativa comercial ordinaria”, y corresponderían a “operativas de compensación de fondos o de envío de dinero mediante un sistema informal”. Para Arranz Acinas la imputación “es un patinazo judicial” que debería estar ya resuelto y del que no hablan por respeto al secreto de las actuaciones.