La Justicia luxemburguesa anula la condena contra un “filtrador” de LuxLeaks

El Tribunal Supremo de Luxemburgo anuló hoy la condena de seis meses de prisión sin cumplimiento por robo de documentos contra el francés Antoine Deltour, uno de los “filtradores” del caso LuxLeaks por el que se conocieron en las ventajas fiscales concedidas por el Gran Ducado a multinacionales.

Deltour, de 31 años, había sido sentenciado en marzo de 2017 a la citada pena de prisión sin cumplimiento y a una multa de 1.500 euros.

El Tribunal Supremo de Luxemburgo indicó en un comunicado que, en el caso de Deltour, el Tribunal de Apelación no podía reconocer su estatuto de “filtrador” (lanzador de alerta) por entregar los documentos a un periodista y no por el hecho de haberlos sustraído. motivo por el que fue sancionado.

En base a ese razonamiento, la corte reenvió de nuevo el caso al Tribunal de Apelación, donde deberá a ser examinado por distintos magistrados, sin que aún se conozca la fecha de ese nuevo proceso.

Por otro lado, el Tribunal rechazó el recurso del también francés Raphaël Halet, de 40 años, quien también había sido condenado en el mismo proceso a una sanción de 1.000 euros al considerar que la divulgación de declaraciones fiscales en la que participó “no proporcionó ninguna información previamente desconocida” que alimentara el debate sobre la evasión fiscal.

Asimismo, el Tribunal de Apelación de Luxemburgo confirmó la absolución del periodista francés Edouard Perrin, al que Deltour y Halet habían trasladado los documentos confidenciales que habían sustraído en 2010 y 2012 de la empresa para la que trabajaban, la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC).

Esos documentos salieron a la luz pública en 2014 y la primera sentencia judicial del caso fue dictada en 2016, con penas para los implicados de hasta un año de prisión, que posteriormente redujo el Tribunal de Apelación.

La filtración de Luxemburgo fue el escándalo más importante en materia de evasión fiscal hasta la publicación de los “Papeles de Panamá” y el juicio ha abierto un debate político en la Unión Europea (UE) sobre la protección de los confidentes.