Rafael Catalá se reunió con el presidente de Murcia antes de que se supiera la decisión de la Audiencia Nacional

El pasado domingo, último día del 18 Congreso Nacional del PP, el ministro de Justicia se reunió con el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez –acusado de cohecho, fraude y revelación de secretos en el marco de la trama Púnica– un día antes de que se diera a conocer a las partes el auto del juez Velasco, según informa este viernes el periódico La Verdad de Murcia. Ambos fueron vistos hablando a solas en la Zona Expo y en los pasillos interiores de la Caja Mágica antes del discurso de clausura de Rajoy. Tras el encuentro, Sánchez canceló la comparecencia que tenía prevista ante la prensa y abandonó el recinto.

El presidente de Murcia reveló durante los dos días siguientes detalles del caso que no debía conocer. A media mañana del lunes se notificó el auto de Velasco (fechado del viernes anterior) a las partes y la Fiscalía General del Estado emitió un decreto dando instrucciones para que Pedro Antonio Sánchez no fuera acusado de corrupción en contra del criterio de las dos fiscales del caso y del juez, Eloy Velasco. El martes, Sánchez dice en una emisora que cuatro fiscales del Tribunal Supremo respaldan que no se le acuse, un dato que no es público y que únicamente aparece en el decreto del responsable del organismo, José Manuel Maza.

Rafael Catalá admitió este jueves en la Cadena Ser que Sánchez conocía el decreto a pesar de no estar personado en la Púnica. En la entrevista, el ministro de Justicia afirmó que el decreto del fiscal general del Estado había pasado “por las manos suficientes como para que (Sánchez) haya oído hablar del asunto”, y reprochó a las dos fiscales del caso, que sí veían indicios para proceder contra Pedro Antonio Sánchez, haber dejado por escrito sus discrepancias. De sus declaraciones se deduce la posibilidad de que incluso se abra un expediente disciplinario contra ellas.

La Unión Progresista de Fiscales ha pedido la dimisión de Catalá por estas palabras. Para su portavoz, Álvaro García Ortiz, las declaraciones del ministro suponen una intromisión en el trabajo del Ministerio Fiscal. “Las fiscales tienen todo el derecho del mundo a tener una postura procesal, a elevarla y a mantenerla ante sus superiores”, afirma.

Este jueves se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado también modificó el criterio de un informe fiscal desfavorable para frenar la investigación sobre el expresidente de La Rioja, Pedro Sanz, por posible prevaricación urbanística en el caso de su chalet de Villamediana de la Iregua. José Manuel Maza, el responsable del organismo, ha rechazado que las decisiones de la Fiscalía hayan tenido que ver con ningún tipo de presión política.