Lapuerta ejerce de tesorero bueno hasta el final: el PP le alaba y él no sabe nada de una caja B
La caja B del Partido Popular era un sistema de financiación irregular que nutrió a la formación al menos en las últimas dos décadas y que, con el conocimiento y el impulso de sus dirigentes, manejaron desde 1990 y hasta 2008 dos personas: Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. Estas son las conclusiones a las que llegó, en grado indiciario, la investigación de la Audiencia Nacional. El primero ha descrito y aportado pruebas de la caja B desde la misma fundación del PP. El segundo tiene 87 años, su abogado dice que no está en condiciones de sentarse en el banquillo y, por si acaso, niega saber de la existencia de una caja B, al tiempo que recuerda que el PP siempre ha defendido su gestión.
Estas son las líneas principales del escrito de defensa de Álvaro Lapuerta, al que ha tenido acceso eldiario.es. Su abogado, Cristóbal Martell, aspira a que el anciano no llegue a sentarse en el banquillo de los acusados y pide a la Audiencia Nacional que confirme que no está en condiciones antes de las cuestiones previas, las que se solventan en la primera sesión de la vista oral. Lapuerta, dice el letrado, sufre “demencia sobrevenida”, es incapaz de comprender la acusación que se dirige contra él y no podría “autodefenderse” en el juicio.
La supuesta incapacidad de Lapuerta ha sido un argumento de la defensa del imputado durante toda la instrucción. Por más que el antecesor de Bárcenas en la tesorería aportase informes médicos, el juez Pablo Ruz insistía en llamarle a declarar. Ante el magistrado, Lapuerta se limitaba a leer un papel que traía escrito, negando todas las acusaciones, y se acogía a su derecho a no declarar. La Fiscalía Anticorrupción no ve diferencias entre Lapuerta y Bárcenas en el caso de la financiación irregular: pide 5 años de cárcel para cada uno por apropiación indebida, falsedad documental y fraude fiscal.
Lapuerta es el hombre que, según Bárcenas, escribía el visé a las aportaciones de dinero negro por parte de los empresarios. Pero el trazo de aquellas ‘v’ es tan genérico que la Policía científico tuvo que concluir que cualquiera podría haberlas escrito. “Mi mandante no rubricó los visés que figuran en la supuesta contabilidad del Partido Popular”, aprovecha ahora para escribir su abogado, que pide la declaración de los policías que realizaron esos exámenes.
Con Lapuerta demente, o al menos aferrado a la tesis del PP, el partido se ha asegurado un apoyo relevante a su tesis de que Bárcenas se aprovechó de él, que el dinero negro le es ajeno y que todo es una trama organizada por el principal imputado para enriquecerse a su costa.
En este tramo final de la causa, el abogado de Lapuerta describe sus 15 años de tesorero (1993-2008), los mismos en los que Bárcenas actuó como su mano derecha en el puesto de gerente: “Mi cliente se sujetó a la disciplina orgánica del partido sin que por razón de su gestión fuera sometido a expediente disciplinario ni, en consecuencia, sancionado, conservando su condición de afiliado. Su gestión ordinaria y presupuestaria fue aprobada por el Comité Ejecutivo del Partido, conforme previsión estatutaria”. O lo que es lo mismo, lo contrario de lo ocurrido con Bárcenas, apartado con deshonor de la formación.
Ya en las declaraciones como testigos de los exsecretarios Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas, y la actual, María Dolores de Cospedal, los tres se escudaron en el desconocimiento o en la su incapacidad para recordar cuestiones de la financiación del partido, que, en cualquier caso, dijeron que correspondían a Álvaro Lapuerta. El extesorero ya alegaba no encontrarse en condiciones de declarar. Al tiempo que señalaron a Lapuerta, los responsables del PP aludieron en sus declaraciones, una y otra vez, a la “honorabilidad” el anciano extesorero.
La investigación ha concluido que Álvaro Lapuerta se quedó con 286.000 euros de la caja B del PP en una operación de compra de acciones de Libertad Digital en plena campaña de la teoría de la conspiración del 11-M por parte del medio conservador. Pero el partido, que niega la existencia de la financiación irregular, nada exige a Lapuerta. Otra circunstancia que su abogado aprovecha para el escrito de defensa: “Nadie ha re clamado, ni al Partido Popular ni a nuestro patrocinado, en ejercicio propio del dominius o titular real, el líquido de la operación de ven a para autocartera de Libertad Digital, como tampoco lo ha hecho el Partido Popular a mi mandante”.
El abogado Martell, además del testimonio e informes de los policías, invoca el de los forenses para el juicio, así como la versión del PP de que Lapuerta no se quedó con un céntimo. Asimismo, asegura que su cliente no autorizó pago alguno a la empresa que reformó Génova. En la línea de comunión con el partido, alega que el PP “no tenía obligación legal de presentar la autoliquidación” del ejercicio 2008, ejercicio para el que todavía no ha prescrito el delito fiscal.
Martell recuerda que Lapuerta ha sufrido un ictus y dos traumatismos craneoencefálicos, a consecuencia de sendas caídas, según dijo en su momento la familia. Una de esas caídas se produjo en “extrañas” circunstancias, una versión aireada por la familia de la que nunca se ofrecieron más detalles. Lapuerta, añade el abogado, “solapa datos y fechas, confunde nombres y situaciones y, lo que es más importante, no alcanza a comprender los contenidos del objeto de incriminación y su disvaloración jurídica”.
