El PSOE hará de la Ley de Seguridad Ciudadana su nueva “bandera de oposición”
En el PSOE ha dado prácticamente por pasada la página de la controvertida reforma de la ley del aborto que pretendía sacar adelante el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aunque seguirá oponiéndose a cualquier modificación que pretenda el PP. Tras ese “éxito”, que reconocen que ha sido de toda la oposición, de la presión de la calle y de los colectivos feministas, los socialistas van a dirigir ahora toda su artillería pesada contra otro proyecto no menos polémico: la ley de Seguridad Ciudadana, cuya tramitación parlamentaria está a punto de comenzar en el Congreso. “Será nuestra nueva bandera de oposición al Gobierno”, adelantan fuentes del Grupo Socialista a eldiario.es.
El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministro el día 11 de julio -con pequeñas modificaciones con respecto al primer borrador- y enviado a las Cortes. Según fuentes del Congreso, se baraja la fecha del 9 de octubre para que el texto inicie allí su andadura con la apertura del plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, cuyo debate en pleno podría celebrarse el 16 de octubre.
Todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, han dejado ver en anteriores debates que rechazarán el proyecto por considerarlo “regresivo”, empezando por el PSOE y la Izquierda Plural, que lo han bautizado como la “ley mordaza”, y que están dispuestos a llevarlo incluso ante el Tribunal Constitucional al considerar que “recorta la libertades públicas consagradas” y no busca “garantizar la seguridad de los ciudadanos”.
Conscientes de esa animadversión que la ley suscita, los socialistas van a sondear durante esa primera tramitación las posibilidades que hay de formar un “frente común” de todos los grupos de la oposición contra la ley, al igual que hicieron con la LOMCE, el proyecto “estrella” del ministro de Educación, Jose Ignacio Wert, comprometiéndose a derogarla en la próxima legislatura, si no gobierna otra vez el PP. O ante otros proyectos “nonatos” del Gobierno, como la misma reforma del aborto, que han logrado paralizar. O la reforma de ley electoral encaminada a la elección directa de alcaldes que, ante el rechazo de todos los grupos de la Cámara, Moncloa se ha visto obligada a “aparcar” para no entorpecer las negociaciones sobre las medidas de regeneración democrática.
El 23 de octubre se abrirá previsiblemente el plazo para la presentación y discusión de las enmiendas parciales al texto para su posterior debate en ponencia y Comisión. La votación en el Senado de la ley y su envío de nuevo al Congreso -si en la Cámara Alta se introducen nuevos cambios- podría por lo tanto alargar su aprobación al mes de noviembre.
Para no esperar tanto, la ofensiva contra la ley se inició el miércoles en la Comisión de Interior del Congreso durante el debate de una proposición no de ley presentada por el PSOE “sobre el ejercicio de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos”. El portavoz socialista, Antonio Trevín, exigió al Gobierno que retire la ley diseñada únicamente “para la represión ciudadana” y pidió que lo haga “cuanto antes porque arrepentirse al final del proceso es mucho peor”. “Pregúntenle, si no, al señor Gallardón”. La iniciativa fue rechazada únicamente por votos en contra del PP.
El proyecto será el nuevo caballo de batalla de la oposición contra el Gobierno en cuyo seno se asegura que el texto ha sido “suavizado”. Sin embargo, se mantienen como infracciones “graves” con multas que oscilan entre 1.001 a 30.000 euros, “la perturbación muy grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas cuando no sean constitutivas de delito”; “la perturbación grave de la seguridad ciudadana en protestas no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad” y “obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales, como en los desahucios”.
También se castigará como faltas “graves” “la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones” y “la negativa a identificarse, a disolver reuniones o manifestaciones cuando lo ordene la autoridad”, o “el uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las fuerzas de seguridad de Estado o autoridades”.
