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Opinión - Cada día un Vietnam. Por Esther Palomera

La gestión del caso Lezo achicharra a los ministerios de Justicia e Interior

Rajoy respalda al fiscal Moix pese a los duros reproches de PSOE y Podemos

Rodrigo Ponce de León / José Precedo

En circunstancias normales, el Gobierno estaría celebrando la aprobación de los presupuestos y haber logrado cuadrar un puzzle donde cabe el apoyo del PNV y al mismo tiempo los votos de Ciudadanos, que siempre se había opuesto a cualquier cesión económica a los nacionalistas. En otro contexto distinto, el pleno del Congreso de este miércoles hubiese sido un canto a la estabilidad parlamentaria y a la geometría variable de Mariano Rajoy.

Pero el Partido Popular hace años que no vive una semana tranquila. Las noticias que recibe de los juzgados, y la gestión que ha hecho de los casos de corrupción mantienen atenazado al Gobierno, como evidenció la última sesión del congreso de los Diputados, monopolizada por el caso Lezo, la operación que ha llevado a prisión al expresidente madrileño, Ignacio González, a parte de su familia y también a sus cargos de confianza en el Canal de Isabel II.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se desayunó ayer con la noticia de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, había sido avisado en dos ocasiones, de forma verbal y por escrito, de que el hombre que pretendía poner al frente de la lucha contra la corrupción, Manuel Moix, aparecía en unas escuchas donde Ignacio González y su amigo el exministro Eduardo Zaplana conspiraban para nombrarlo. Moix era, en los informes que recibió Maza de una teniente fiscal y que transcribían las conversaciones de González, “un buen tipo” y una noticia “cojonuda”, para el sospechoso de ser el cabecilla de una organización criminal que el ministerio público estaba persiguiendo.

Pese a ello y todas las maniobras que Moix ha realizado para frenar la Operación Lezo, que incluye su oposición a que se realizasen registros claves y el intento de apartar a los fiscales del caso, Rajoy despejó las críticas de la oposición poniendo la mano en el fuego por él.

“Trabajar en positivo para que haya buenas noticias”

El argumentario de Moncloa trata de situar a un Ejecutivo “que trabaja en positivo para que haya buenas noticias”, pero al que cada semana una nueva imputación de un cargo o dirigente del PP rompe este discurso.

Frente al “un país de primera”, la realidad judicial se empeña en chafar el discurso de Rajoy. El Gobierno busca imponer un relato alejado de los que entienden que “hacer política es subirse a una tribuna a cascar inmisericordemente a los demás”. El presidente hace un discurso constructivo donde “las prioridades son la buena marcha de la economía, el empleo y las personas” y exige, sin éxito, que la oposición siga la misma línea.

“Vamos a huir de la bronca y, si alguien quiere tener problemas con el Partido Popular, que sepa que nosotros caminaremos en paralelo” declaró el presidente del Gobierno este fin de semana en Canarias. En el PP entienden que el enfrentamiento directo no les beneficia y se pretende colocar a la figura de Rajoy por encima de esta bronca política.

El agotamiento empieza a reflejarse en un presidente del Gobierno, que no fue nunca amigo de hacer declaraciones, cuando prefiere no enfrentarse a las cuestiones de los periodistas. A su salida del Congreso tras la sesión de control los periodistas le inquirieron: “Presidente, por favor, ¿le puedo hacer una pregunta?”. Rajoy respondió: “No, ¡por favor! Es que es todos los días”.

Gira de José Antonio Nieto

Mientras eso pasaba en el Congreso, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, estaba de gira concediendo entrevistas en algunos medios de comunicación para explicar por qué recibió en su despacho del ministerio a Pablo González, el hermano de Ignacio, también encarcelado en la misma operación.

Nieto, exalcalde de Córdoba y hombre fuerte del ministro Juan Ignacio Zoido, se esforzó en explicar que se trató de una reunión protocolaria que duró menos de 15 minutos, en las que González le presentó los planes de Mercasa, la empresa pública que gestiona los grandes mercados españoles. Primero en Onda Cero y después en La Sexta defendió que González, al que conoció durante su etapa en el Ayuntamiento de Córdoba, nunca le habló de la operación, pese a que en unas escuchas contó a su familia que pretendía llegar al secretario de Estado para eso.

Los fiscales del caso ya habían otorgado “especial gravedad” a esa visita “por lo que puede representar”, pero el ministro del Interior subrayó en el hemiciclo que esas explicaciones que ya había ofrecido en una comparecencia en el Congreso son “suficientes, exhaustivas y razonables”.

Para la oposición, PSOE y Unidos Podemos, Nieto no ha resultado tan convincente y ambos partidos insisten en pedir su dimisión. Los socialistas además anunciaron ayer que pedirán la reprobación parlamentaria del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien además de elegir a Maza como fiscal general y de respaldar al polémico Moix, envió un mensaje de texto a Ignacio González, cuando ya sabía que estaba imputado en el caso Lezo, deseando que “se cierren todos los líos”.

Catalá entiende que no hay motivo para la reprobación y que los reproches de la oposición no dejan de ser “humo tóxico de confusión”. El ministro despachó las acusaciones del resto de los grupos políticos como “ruido” que impide “trabajar en lo que importa”.

La delegada del Gobierno en Madrid, investigada

Para colmo, el miércoles se conoció que el juzgado número 15 de Madrid, ha decidido investigar a la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, por un presunto delito societario derivado en la Operación Mercamadrid, que indaga sobre irregularidades en el mercado madrileño. El PSOE ha pedido que comparezca en el Parlamento la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para dar explicaciones.

Este jueves se supo que Daniel Mercado, uno de los publicistas preferidos del PP que ya reconoció amaños en contratos en instituciones públicas para pagar campañas del PP, deberá declarar ante el magistrado Eloy Velasco en la pieza separada de la financiación ilegal, un sumario cuyo secreto se levantó la semana pasada y que puede convertirse en la próxima pesadilla para el Partido Popular.

Por si faltaban ingredientes, emergió José María Aznar, el presidente de honor del partido, para advertir: “El poder económico y político en las mismas manos es la fórmula más segura para llegar a la tiranía y para consagrar la corrupción”. En menos de una semana, Rajoy y el PP han descubierto que el espejismo de los presupuestos es historia.

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