Libertad para cuatro de los siete detenidos por la agresión de Alsasua
La Audiencia Nacional ha acordado la libertad de cuatro de los siete detenidos por la agresión de los guardias civiles de Alsasua (Navarra). Así lo ha decidido la juez Carmen Lamela tras tomarles declaración y comunicarles los delitos de los que se les acusa: terrorismo en concurso ideal con delitos de atentado, incitación al odio y lesiones.
Los siete detenidos fueron enviados a la cárcel a finales del mes de noviembre tras ser identificados por los agredidos como participantes en la acción contra los agentes y sus parejas, ocurrida en la madrugada del 15 de octubre en un establecimiento de la localidad navarra.
Los acusados que quedan en libertad son Aratz Urrizola, Iñaki Abad, Julen Goikoetxea y Jon Ander Cob, mientras que Jokin Unamuno, Adur Ramírez y Oihan Arnanz seguirán en prisión incondicional.
En el auto, la jueza aclara que sigue teniendo indicios de la participación de los acusados en la agresión de Alsasua, pero añade que los cuatro que van a quedar en libertad tienen domicilio conocido, y puede asegurarse que quedarán a disposición del juzgado que se ocupe del caso.
Por contra, sobre los tres que quedarán en prisión, la jueza Lamela dice que no puede asegurarse que “no vayan a atentar contra bienes jurídicos de las víctimas o incluso cometer otros otros hechos delictivos”. Además, les otorga un papel de “liderazgo y protagonismo” en la agresión.
La Fiscalía, en contra de la libertad de los detenidos
La Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado este lunes mantener en prisión a los siete acusados. Durante la celebración de las vistas de apelación para estudiar los argumentos de las defensas, que recurrieron el encarcelamiento, el fiscal José Perals alegó que la juventud de los acusados, de edades comprendidas entre los 19 y los 24, incrementa el riesgo de fuga ya que su arraigo es menor.
La liberación de los detenidos coincide con la visita a Madrid de sus familias, que este martes tenían previsto reunirse en el Congreso con representantes de varios partidos.
Las familias creen que traslado de los hechos al tribunal que enjuicia casos de terrorismo “alimenta la tesis” de que se busca “una tipificación penal ejemplarizante”. Aseguran que los informes policiales no apuntaron a un delito de terrorismo y, en contra de lo que piensa la juez instructora, Carmen Lamela, no se trató de una paliza organizada.
Así, para estas familias se trata de “unos hechos acontecidos en un bar a altas horas de la madrugada, no premeditados y con resultado de lesiones leves”. “Desde el convencimiento de que nunca debieron suceder, creemos que el caso debe juzgarse en Navarra”, defienden.
