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La operación en Lloret (Girona) investiga si los contratos están vinculados con donaciones a una fundación de CDC

EUROPA PRESS

MADRID —

La operación, que sigue abierta, se ha saldado por el momento con dos detenidos, el secretario y el interventor del Ayuntamiento, Rafael García y Carles Arbó, respectivamente. Se les imputan los delitos de prevaricación, cohecho, fraude, apropiación indebida y tráfico de influencias.

Según ha detallado la Guardia Civil, la investigación se centra en los contratos adjudicados a GBI SERVEIS SAU, del empresario Gustavo Buesa Ibañez. Los investigadores sospechan que las adjudicaciones millonarias estaban preparadas y publicadas 'adhoc' para la empresa, que contaba con un complejo entramado de sociedades, algunas con ramificaciones en otros países.

Entre ellas destaca un contrato de servicios por importe de 8 millones de euros anuales durante 10 años, lo que supone un total de 80 millones. Los investigadores sostienen que la empresa se apropió de medios materiales propiedad del Ayuntamiento y parte de ellos fueron transferidos a terceras personas o utilizados en otros servicios ajenos a la adjudicación, incluso en países extranjeros.

También destaca una concesión a la misma empresa para la construcción de un Centro de Tratamiento de Residuos Municipal por importe de casi 30 millones de euros. En la operación se ha registrado también la sede social de la empresa.

Esta operación comenzó cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de presuntas irregularidades a escala provincial o incluso autonómica, relacionadas con adjudicaciones de contratos de recogida de basuras y limpieza de playas y viales, de competencia municipal, que además pudieron derivar en donaciones a fundaciones.

Esas informaciones se derivaron de otra operación, 'Clotilde', realizada por la propia Benemérita en enero de 2015 contra actividades de blanqueo de una mafia de origen ruso en varios ayuntamientos de la provincia, entre ellos Lloret de Mar. El entonces alcalde, Xavier Crespo (CiU) fue condenado en noviembre de 2015 a nueve años de inhabilitación por aceptar regalos de la trama a cambio de favorecer sus intereses urbanísticos.

Está previsto que uno de los detenidos pase a disposición judicial el próximo jueves. Mientras tanto, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

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