Margallo salva a Rajoy de dar explicaciones en el Congreso
Desde que se constituyó el nuevo Parlamento y todos los diputados recogieron sus actas hace un mes, el Congreso ha servido de escenario de negociación para tratar de alcanzar un pacto de investidura. La mayor parte de la actividad se ha centrado en las reuniones, ruedas de prensa y multitud de canutazos de los políticos sobre el día a día de sus partidos. A falta de un presidente que se someta a la investidura, el Congreso no celebrará ningún Pleno ni habrá sesiones de control a un Gobierno que está en funciones. Lo más parecido al trabajo parlamentario propiamente dicho empezará este miércoles con la comparecencia de José Manuel García-Margallo en la comisión de Asuntos Exteriores antes de partir para el Consejo Europeo que se celebra a partir del jueves en Bruselas.
Los solicitantes de la comparecencia, socialistas y Ciudadanos, aspiraban a que Mariano Rajoy rindiera cuentas sobre un Consejo Europeo antes de que se celebrara. Y a que lo hiciera en un Pleno monográfico, es decir, convocado exclusivamente para ello. El argumento era que por el hecho de estar en funciones, el presidente debía acudir a la cita de los días 18 y 19 con una posición común de los grupos que forman el Parlamento. Los peticionarios han tenido que conformarse con que sea el titular de Exteriores ya que su solicitud iba dirigida al Gobierno en general y no a un miembro en particular.
Hasta ahora, los presidentes dan cuenta en los Plenos de las reuniones en Bruselas bastante después de haber acudido a ellos. De hecho, suelen concitar poco interés cuando se solapan con las sesiones de control de los miércoles. Con ese argumento, el PP pretendía salvar el trámite con el secretario de Estado para la Unión Europea. Pero el ministro se ofreció a hacerlo él personalmente, con lo que PSOE y Ciudadanos han tenido que renunciar a una sesión en la que Rajoy se hubiera enfrentado a los reproches de toda la oposición.
Cuando la mesa de la Comisión de Empleo se reúna el próximo 24, también está pendiente que ordene sus trabajos y apruebe la comparecencia de Fátima Báñez. Los solicitantes, el PSOE y Democracia i Llibertat, quieren que la ministra del ramo y rinda cuentas ante ellos de la evolución del fondo de reserva de la Seguridad Social utilizado para pagar las pensiones, la llamada hucha, y también la evolución del empleo. El grupo del PP se opone porque considera que eso supone una tarea de control al Gobierno e intentará frenarlo. La decisión queda a la espera de lo que decida la Mesa de esa comisión, presidida por Alberto Montero, el diputado de Podemos.
El Registro es uno de los departamentos del Congreso cuyos funcionarios han trabajado como si la legislatura estuviera a pleno rendimiento. Las prisas para que el trabajo parlamentario echara a andar aun sin Gobierno partieron tanto del PSOE como de Podemos. El partido de Pablo Iglesias fue el primero en anunciar iniciativas como la proposición de la llamada Ley 25 de Emergencia Social. La anunció el día de Nochebuena y aprovechó para sellarla en el Registro unas horas después de que los diputados tomaran posesión de su escaño. Este martes ha pasado su primer trámite al haber sido calificada por la Mesa del Congreso.
Poco después, los socialistas también registraban un primer paquete con una quincena de iniciativas. Las medidas estrella, la derogación de la reforma laboral del PP, la subida del salario mínimo y una renta para las familias sin ingresos y la derogación de la LOMCE, entre otras. En esta carrera por presentar iniciativas tampoco se quedaron atrás Ciudadanos y PP. Los primeros registraron PNLs (proposiciones no de ley) sobre los cinco grandes asuntos que han juzgado más urgentes: lucha contra la desigualdad y contra la corrupción, la reforma educativa, un plan por la conciliación y la reforma de la ley electoral.
El PP tampoco se quiso quedar atrás. Poco después también se lanzaba a registrar iniciativas para debatirlas cuando hubiera un Pleno. La estrella fue la proposición sobre la unidad de España, destinada a que se retratasen los grupos, especialmente el PSOE, para intentar desgastarlo mientras Pedro Sánchez negocia los apoyos de investidura. La exigencia de la liberación de los presos políticos en Venezuela y la de consolidar el pacto contra el terrorismo yihadista, junto a otra por la protección integral de las víctimas de violencia de género completaban el paquete. Estas iniciativas o habían sido aprobadas en la legislatura anterior o el PP las había rechazado cuando las presentó otro grupo.
