Maza asegura que volvería a nombrar a Moix al frente de Anticorrupción

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado hoy que volvería a nombrar a Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción, aún sabiendo que regentaba con sus hermanos una sociedad en Panamá, algo que a su juicio no es ni ilegal ni irregular.

“De haberlo sabido y analizado con estos criterios objetivos no me hubiera impedido en absoluto su designación”, ha dicho Maza en un coloquio organizado esta mañana por Nueva Economía Forum, en el que ha puesto en tela de juicio “las críticas que ha sufrido este dignísimo miembro del Ministerio Fiscal”.

En relación con Moix, Maza ha explicado que el problema “parece” obedecer a que la sociedad heredada por él está radicada en Panamá, un paraíso fiscal. “Si hubiese sido en otro país, no hubiese pasado nada”, ha asegurado antes de añadir que no ha apreciado que Moix “en su corto mandato haya incumplido la defensa de la legalidad”. Y ha añadido: “Cualquiera que conozca esta materia sabrá que el hecho de heredar una vivienda de su padre no es incurrir en un supuesto de irregularidad”.

Para Maza, la crisis surgida a raíz del cese de Moix no cuestiona la independencia de la Fiscalía Anticorrupción ni su idoneidad para actuar en lugar del juez de instrucción en la investigación de estos delitos.

Sobre esta reforma, la que debería situar al juez como garante y al fiscal como director de las investigaciones penales, ha expresado su propuesta de reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal para “potenciar la independencia de criterio de cada fiscal”. Eso sí, sin olvidar que “cada fiscal responde a su superior para responder a esa unidad de criterio” de la Fiscalía sin entrar no obstante en la órbita del poder político.

También se ha pronunciado el fiscal general sobre los 4.500 voluntarios que intervendrán en la consulta soberanista catalana que anunció el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, para el próximo 1 de octubre. Aunque no ha anunciado si la Fiscalía ha tomado alguna decisión ha dicho que “en cualquier circunstancia en que se haya incumplido la ley” actuará “sin ningún tipo de complejo ni exacerbación”.

Maza ha propuesto también una “mayor independencia presupuestaria” pero sin perjuicio de que en un momento dado el fiscal general o algún fiscal jefe pueda requerir a un fiscal el cese de una imputación o relevarle de la investigación si aprecia criterios para ello.

A juicio de Maza, es “intolerable que la falta de abordaje de esta necesaria reforma se deba a avatares políticos” en tanto que una dirección fiscal de la investigación penal “contribuirá a la agilización” de los casos y “redundará en una mejora de garantías de todas las partes”. Y ha tachado de “imaginativas” las propuestas de algunos partidos para que la designación del fiscal general del Estado se apoye en una mayoría parlamentaria y no resida en la voluntad del Consejo de Ministros.

En relación a la candidatura a cubrir el puesto de Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción, Maza se ha mostrado seguro de la validez y capacidad de los “magníficos candidatos” que se presentarán y ha dicho que no va a “dirigir sospechas ni prejuicios contra nadie” en relación a las supuestas filtraciones que se han producido en casos de corrupción como Lezo.

Sobre el anuncio del exconsejero madrileño Francisco Granados, excarcelado el pasado miércoles, de que iba a actuar contra los miembros de la UCO o de la Fiscalía que firmaron informes contra él ha dicho que prevalece su derecho a la libertad de expresión, pero que no podrá querellarse contra la institución, sino contra una persona en concreto que también tendrá derecho a “defenderse”.

En relación a la discrepancia de criterio que se produjo entre la Fiscalía -que se negó a imputar al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez- y las fiscales del caso Púnica, Maza ha dicho que sigue respaldando el criterio del Ministerio Público pero que no cuestiona el del fiscal instructor que procesó a Sánchez. Y ha manifestado que esperarán al transcurso de la investigación para ver si hay “motivos para que la Fiscalía tenga que cambiar de criterio”.