Mercedes Gallizo: “Endurecer el Código Penal es tramposo e inútil”

“Abrid escuelas y cerraréis cárceles”. Lo escribió Concepción Arenal alrededor de 1860, pero el mensaje parece no haber madurado aún en el pensamiento de algunos gobernantes. Tampoco aquel que carga contra “los que convierten las ruedas administrativas en focos de corrupción, contribuyendo a contaminar la atmósfera moral infinitamente más que los que están en presidio”.

Mercedes Gallizo, exsecretaria general de Instituciones Penitenciarias (entre 2004 y 2011, con el PSOE) asegura que la lectura de Arenal, quien transitó las prisiones españolas en el siglo XIX con la mirada calada en la injusticia, detonó una parte de su interés por ese mundo. La otra “fue un flechazo”, después de visitar una cárcel, siendo presidenta de la Comisión parlamentaria de Derechos Humanos.

Dos años después de dejar el cargo, reflexiona en profundidad sobre el sistema y sus taras, a través de una selección de las más de 10.000 cartas personales remitidas desde las celdas. El resultado es el libro Penas y personas, 2810 días en las prisiones españolas (Debate, 2013), donde quiere dejar constancia de que “es mediante los seres humanos, sobre todo mediante los que están en situación límite, que conocemos la verdad de lo que pasa en el mundo”. Y advierte: “La inacción nos hace cómplices”.

España alberga la contradicción de ser uno de los Estados con menor índice de criminalidad –alrededor de 45 delitos por cada 1.000 habitantes–, pero dobla la media europea de reclusos. En 2009 llegó a tener 166 presos por cada 100.000 habitantes en 84 centros saturados. Con la reforma del Código Penal de 2010 se rebajó la pena en algunos delitos contra la salud y se revisaron de oficio algunas sentencias de personas presas por posesión de estupefacientes en pequeñas cantidades, lo que ayudó a aliviar levemente la demografía carcelaria, algo que podría verse modificado con la aplicación de un nuevo código. España es uno de los países del entorno con más mujeres encarceladas, un 8% del total de ciudadanos presos. En España la prisión preventiva es la norma y no la excepción. Apenas se aplica el medio abierto –ir al centro solo para dormir– y prácticamente no hay alternativas al encarcelamiento. Además, el tiempo medio de estancia triplica al de la UE y la prisión preventiva es la tónica, no la excepción.

Asímismo, se ha extendido la falsa creencia de que los mayores no ingresan en la cárcel y que los jóvenes permanecen en centros de menores. Y se sigue pensando que la dureza del sistema lo convierte en más eficiente y que es un lujo invertir en prisiones y programas encaminados a la educación y reinserción, la razón de ser, teórica, de nuestro sistema penitenciario. La mano dura que ya aplica con creces el Estado no es eficiente. En 1995, mientras estaba en el Gobierno Felipe González, se endurece el Código Penal, que suprime la posibilidad de redimir penas a cambio de trabajos. La reforma del Gobierno Aznar de 2003 robustece el castigo contra la reincidencia en pequeña delincuencia. Son, en su inmensa mayoría, historias de toxicomanía y pobreza que suman larguísimas condenas. Y aunque la cárcel permite a veces el acceso a un sistema sanitario adecuado y acaba suponiendo una oportunidad para el cambio, en la mayoría de los casos, empeora una situación previa de marginalidad y pobreza. El hecho es que dos de cada tres internos vuelven a delinquir al salir, que ocho de cada diez que son encarcelados con 20 años volverán a estarlo cuatro veces más, y que entre 1991 y 2009 el número de presos pasó de 40.000 a 76.000.

“Se han hecho 25 o 26 reformas, casi todas en la misma dirección –apunta Gallizo–: la de tipificar nuevos delitos, nuevas penas e incrementar la cuantía. Estas son huidas hacia delante, un ‘creo que tengo un problema y lo resuelvo cambiando el Código Penal’. Es un discurso tramposo e inútil. Estoy plenamente convencida de que la principal política de seguridad pasa por tener políticas sociales, y que la política penitenciaria es una política social”.

La declaración de intenciones en materia penitenciaria del actual gobierno del Partido Popular no se hizo esperar. Tan pronto llegó al poder, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, anunció que eliminaría las “innovaciones suntuarias que este país no puede asumir, como que haya una piscina cubierta y climatizada en un centro penitenciario”. Estos elementos, minoritarios, habían sido defendidos por su predecesora como terapéuticos, deportivos y también disciplinarios en la ayuda para rebajar la tensión de los internos.

Como escribe Gallizo, ya lo decía Victoria Kent en 1931: “O creemos que nuestra función sirve para modificar al delincuente, o no lo creemos. En el caso de no tener esta convicción, todas las mazmorras y repertorio de castigos serán pocos. Si la tenemos, en cambio, habrá que dar al ser humano trato de ser humano, no de alimaña”.

Usted arranca con la premisa de que la cárcel no debería sernos una realidad ajena.

He intentado ilustrar eso con cifras, porque uno tiene la foto fija de la cifra, del número de presos. Pero son personas que van entrando y saliendo continuamente en un sistema muy dinámico y, por tanto, si haces una proyección amplia tomas conciencia de que hay muchísimas personas que en algún momento de su vida tienen relación con algo tipificado como delito. Algunas de ellas acaban pasando por prisión y otras no.

¿Cómo explica que España sea uno de los Estados con mayor población reclusa si su tasa de delincuencia es más baja que la de la mayoría de Europa?

Porque se ha ido alimentando de manera muy perversa la idea de que nuestro Código Penal no era suficientemente duro y contundente con el delito, cosa que nunca ha sido cierta, porque el Código Penal español es más riguroso que otros y carece de rasgos de benevolencia respecto a otros. Ha ido calando socialmente este discurso.

¿Quién fomenta el mito de la mano blanda y por qué cree usted que sucede?

Creo que es una línea de pensamiento y acción política que busca agradar al público. Difundiendo que existe mano blanda y que tú lo vas a cambiar, se pretende transmitir una imagen de eficacia, que no es real, sobre problemas que van surgiendo. Si existe un problema, para empezar, es que han fallado los mecanismos que deberías haber puesto para que no sucediese. Sabemos quienes trabajamos en ese mundo, pero cualquiera con sentido común, que el hecho de agravar algún tipo penal no quiere decir que elimines la posibilidad de que se cometa el delito. Si alguien comete un asesinato, no se para a pensar antes: “si me caen 30 años, la mato; pero si me caen 40, no”. Y una persona que está enganchada a las drogas y que atraca para conseguir 30 euros para una dosis no está pensando “¿me caerán tres meses o diez? Porque, si me caen diez, no lo hago”. Es cierto que este razonamiento no vale para todo el mundo y que con las personas más normalizadas sí puede funcionar el hecho de que una conducta esté o no normalizada, pero en líneas generales, en la gente que está en prisión no funciona así.

Las clases más desfavorecidas son las mayores consumidoras de la justicia penal. Pese a lo que dice uno de los artículos más conocidos de la Constitución, “todos somos iguales ante la ley”, ¿la cárcel es una condena para pobres?

No podemos decir que nuestro sistema penitenciario es diferente ni que nuestras leyes lo son. Es la sociedad la desigual, y eso se refleja en la prisión. El sistema penitenciario es como un observatorio de la sociedad porque ves los males que lo aquejan y porque ves el reflejo de la desigualdad que existe fuera. En nuestra sociedad, la persona que está enganchada a las drogas y tiene recursos puede acceder a ellas fácilmente, aunque fuera de la legalidad. Los drogodependientes que están en la cárcel no son los únicos de España. El que no tiene recursos tiene que conseguir la droga y el dinero para acceder a ella. Y algo está fallando cuando alguien tiene que traficar con drogas para cubrir necesidades imperiosas. Pero no podemos decir que la ley es diferente para unos y otros.

No obstante, la Ley de tasas judiciales de Gallardón consagra los abusos hacia los más desfavorecidos. Por tanto, de facto, solo partiendo de esto, la ley no es igual para todos.

Sí, claro, esta ley limita las posibilidades de las personas que no tienen recursos para hacer uso de la justicia, ese es uno de los hechos más negativos que se han producido en los últimos años y cuestiona la igualdad ante la ley y el uso de la justicia por parte de todos los ciudadanos. Del mismo modo que si no hay recursos para una justicia gratuita en el pago a los abogados de oficio para que se ocupen de un caso y le dediquen tiempo, si falla el derecho a la defensa en las personas más débiles, se está vulnerando el sistema de justicia, que tenderá a ser cada vez más desigual.

Usted escribe sobre el “reto ético” que implica modificar el hecho de que “las cárceles son los psiquiátricos del siglo XXI”. Entre las consecuencias sociales que se denuncian sobre el anteproyecto de reforma del Código Penal del actual Gobierno, está la discriminación que ejerce con las personas con diagnóstico psiquiátrico y las afectadas por alguna adicción. ¿A qué conduce esto?

A ningún sitio bueno. No darse cuenta de que hay un problema que hay que abordar y además creer que tienes que actuar solo contra los efectos es, como mínimo, engañarte y engañar. Cuando una persona comete un delito asociado a una enfermedad, es una enorme injusticia que no se considere y que su derecho a curación forme parte de la pena que se le impone. Según dice nuestra Constitución, que queremos creer y defender, el objetivo de las penas es la orientación y la reinserción de las personas. Tiene que estar en el sitio adecuado para que se produzca su curación, no en una prisión.

¿Por qué no se modificó esto cuando usted era secretaria general?

No es un problema solo de España, está muy generalizado. Las administraciones cierran los ojos a la problemática que representa la salud mental. Es sorprendente comprobar cómo los avances médicos en las enfermedades orgánicas han sido extraordinarios y se les dedican recursos, menos de los que se debería, pero algunos, mientras que las enfermedades mentales son las grandes olvidadas. Estamos en un momento especialmente sensible para las enfermedades mentales, y parece lo contrario. La propia crisis incrementa las depresiones, las angustias, el consumo de drogas. Nosotros encontramos dificultades, tenga en cuenta que la atención de la salud mental depende de la sanidad pública que gestionan las comunidades autónomas y que funciona como lo que le acabo de explicar.

Castiga también esta reforma la disidencia ideológica.

En cierta manera todos los códigos son una manera de regular el orden social y, en función de la concepción política, de la ideología, consideran el orden social de uno u otro modo. La reflexión puede ser la misma que aplicamos a cualquier otro punto de la realidad. Si la gente expresa su descontento es porque lo está y porque no solo tiene razones, sino el derecho de hacerlo. Dentro de la regulación legal ya está regulado el daño a las cosas, a las personas, aquellas constitutivas de faltas o delitos. No hace falta crear una regulación añadida, salvo que quieras construir un código cada vez más identificado con un determinado modelo de orden social. Creo que no es un buen camino, pero también define a quien transita por él.

En su libro no trata el tema de los presos por terrorismo. ¿Por qué?

Es un tema que requiere un análisis muy profundo y diferenciado. Este es un libro sobre la generalidad de lo que ocurre en prisión, no he tratado los grandes delitos, que representan una minoría.

La Audiencia Nacional ha emitido recientemente una sentencia que afirma la existencia de terrorismo en Galicia e impone penas muy duras a cuatro personas. Jamás ha habido muertes ni armas. Según el CIS, un 99,8% de los gallegos afirman desconocer la existencia de terrorismo en esa comunidad. A la espera de que el Supremo estudie el recurso, ¿la cárcel y la política penitenciaria pueden contribuir a difundir un estigma sobre todo un sector social?

Creo que la política penitenciaria no tiene nada que ver. La aplicación de la ley la hacen los jueces y el sistema penitenciario ejecuta. No puedo entrar a valorar ese problema.

Usted escribe: “Si no ofrecemos posibilidades y oportunidades de cambio, existe un alto riesgo de que el futuro sea igual que el pasado”. Es una vía de reflexión muy interesante, muy sensible. ¿No se puede aplicar a ese terreno? ¿Por qué se persevera en el hermetismo con un tema en el que una sociedad se juega tanto?

Ni tengo criterio ni creo que tenga que ver con el sistema penitenciario. No quiero dar opiniones rápidas sobre temas tan sensibles. No quiero entrar en ese terreno porque necesita muchos matices y no hay tiempo.

Lo comprendo. Lo que le cuentan los presos y las presas en sus cartas no infunde mucha confianza en que educación y reinserción social sean prioridades. ¿Es una impresión errada?

Hay que creer en ello y trabajar para que se convierta en una realidad. El resultado práctico de la política de reinserción, si lo mides en personas que consiguen dejar la droga, aprender un oficio, terminar sus estudios básicos, incluso tener una carrera universitaria, ordenar su relación con el mundo, superar su agresividad, es muy positivo. Si lo mides en términos de qué se encuentran esas personas al salir, ese ya es otro capítulo. Después está el hecho de que es difícil que la prensa cuente nada de la realidad de las personas que están en prisión fuera de los sucesos más dramáticos del asesinato, de los malos tratos, de la droga, del crimen.

¿El futuro ideal de las prisiones pasa por los módulos de respeto que usted contribuyó a implantar?

El futuro deseable para por dos cosas: más cumplimiento en régimen abierto y construir una forma de vivir la prisión más abierta que implique más al interno y que esté fundamentada en valores positivos.

¿De qué se siente más satisfecha de sus ocho años como secretaria general?

Precisamente de los módulos de respeto. Ha sido muy positiva su implantación. Me gustaría que se siguiese por ese camino.