El nacionalismo vuelve a marcar la gobernabilidad en España pero enciende la mecha de los agravios territoriales

Muerto el bipartidismo, el nacionalismo sigue manteniendo su capacidad de influencia en la política española. La debilidad parlamentaria del Partido Popular en el Congreso para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado ha vuelto a colocar al Partido Nacionalista Vasco como palanca esencial para la estabilidad gubernamental. El acuerdo del Ejecutivo de Mariano Rajoy con la fuerza nacionalista ha elevado las tensiones territoriales por el reparto de la tarta de la financiación.

No es la primera vez que el PNV saca rédito de una mayoría insuficiente del PP o el PSOE. En 1993, los nacionalistas apoyaron la investidura de Felipe González, que consiguió ser presidente en la primera vuelta por cuarta legislatura consecutiva. González ofreció a cambio el Ministerio de Industria pero los vascos lo rechazaron, aunque exigieron contrapartidas presupuestarias durante este periodo de sesiones. 

Tres años más tarde, el PNV colaboró para hacer presidente a José María Aznar. El premió fue la transferencia de la Formación Continua, de la recaudación de los impuestos del alcohol, tabaco y gasolina y la devolución del patrimonio incautado al PNV por el franquismo durante la Guerra Civil.

El Gobierno también pactó con Ciudadanos y Coalición Canaria pero ha sido el cupo vasco lo que ha atizado la hoguera de los agravios. A la pregunta retórica que hacía el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre “¿cuál es el precio de la estabilidad de España?” cuando pedía apoyo para las cuentas de 2017 podrían responder fácilmente los diputados del PNV con los 1.400 millones que el Estado va a devolver al Gobierno vasco por las liquidaciones pendientes del Cupo desde 2007, amen de las inversiones por la Y vasca, entre otras cesiones.

No hay discriminación, según el Gobierno

Los intentos del Gobierno por eliminar la visión de un trato desigual al resto de las Comunidades Autónomas no ha tenido efecto. El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo aseguró que “no hay agravio comparativo alguno. Lo que hay es una garantía que da el Gobierno de inversión en todas las comunidades autónomas”. Recordó que los Presupuestos recogen 5.386 millones más de inversiones para las autonomías, salvo para el País Vasco.

Montoro señaló que el acuerdo del PNV “no discrimina a nadie, sino que reconoce que España es una unión de territorios con características diferentes”.

Los nacionalistas catalanes no piensan lo mismo. “La operación diálogo, si alguna vez existió, estos Presupuestos la han finiquitado”, fue la respuesta del portavoz de economía en el Congreso del PDeCAT, Ferran Bel. El malestar de los responsables de la extinta CiU ha sido patente desde que se conoció el acuerdo. Esta formación política ha sido una de las que más partido había sacado de las minorías de las formaciones de ámbito nacional, especialmente bajo el mandato de Jordi Pujol.  

En esta ocasión, envueltos en el conflicto por el referéndum de independencia, los nacionalistas catalanes han atacado a una fuerza política hasta entonces 'hermana' . “Si algún catalán se siente agraviado, es porque le tocará pagar una parte de ese cupo”, espetó Bel. A pesar de que el PDeCAT asegura ser ahora una fuerza independentista, su portavoz económico en el Congreso se quejaba de que “Artur Mas reivindicó el pacto fiscal y se le negó. Nosotros no podemos negociar el cupo, porque no lo tenemos y nadie nos lo ha querido reconocer”.

Estrategia contra la agenda independentista

Estas contradicciones van a ser aprovechadas por el Gobierno Rajoy para poner en duda la agenda independentista del Ejecutivo catalán. El objetivo es ensalzar los beneficios conseguido por los nacionalistas vascos a través del diálogo y la negociación dentro de la legalidad frente a la postura rupturista del independentismo. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ironizó sobre el hecho de que el PNV haya pasado de ser para el Gobierno central una fuerza “filoindependentista” a un “socio fiable para dar estabilidad a España”.

Los responsables del PNV también se empeñaron en mostrar que el acuerdo presupuestario era “bueno para el País Vasco y para el resto del Estado”. El lehendakari, Iñigo Urkullu, situó el acuerdo dentro del “autogobierno singular vinculado directamente al bienestar” y como “refuerzo de la bilateralidad de las relaciones Euskadi-Estado” cuando varios Gobiernos autonómicos exigen un nuevo sistema de financiación.

Quiebra de la igualdad

En Valencia, tanto el PSOE como Compromís arremetieron contra el pacto. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, manifestó que “no puede haber discriminación: si hay dinero para solucionar la cuestión del Cupo vasco, que también haya dinero para solucionar la viabilidad del resto de comunidades autónomas”. La vicepresidenta, Mónica Oltra, fue más dura: “¿Por qué un niño que nace en el País Vasco tiene más oportunidades que uno que nace en la Comunidad o en otra parte de España? Estamos ante una irresponsabilidad muy grande que quiebra la igualdad y rompe las relaciones entre comunidades”.

Una de las críticas más extendidas es el carácter de relación bilateral que el Gobierno da al Ejecutivo vasco. “El Gobierno demuestra tener recursos para lo que quiere”, denunció la consellera balear de Hacienda, Catalina Cladera. “Utiliza los Presupuestos para hacer una negociación bilateral sobre financiación. En un momento en el que se ha abierto la reforma del sistema de financiación, el cupo vasco debería haberse trabajado con el resto de Comunidades Autónomas”. 

La consejera de Hacienda extremeña, Pilar Blanco-Morales, resaltó que “la singularidad no es que existan dos territorios a los que se les reconocen sus derechos históricos en el ámbito de la hacienda pública, sino que no se incluyan en el diseño del nuevo modelo de financiación autonómica”.

Críticas de barones territoriales del PP

Las críticas no solo han llegado desde Ejecutivos autonómicos gobernados por partidos de la oposición. Varios barones territoriales del Partido Popular también se han mostrado molestos por las concesiones a los nacionalistas vascos. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avisó que querían “saber cómo afectaba al modelo de financiación” el acuerdo del cupo, “que necesita una clarificación”. La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, fue más contundente: “Los cupos se apartan del sistema general de financiación autonómica por lo que para nada benefician al conjunto”.

Otros dirigentes populares han optado por el silencio o remover la opción de enmiendas parciales en la búsqueda de llevar a sus respectivos territorios más inversiones. Ante la presión, el Gobierno trata de responsabilizar al PSOE, aunque con pocos fundamentos. El vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, afirmó que “si el PSOE se hubiese abstenido como sucede en muchos países de Europa donde partidos rivales acuerdan temas importantes, habría Presupuestos y no estaríamos negociando con partido nacionalistas ninguna partida, o a lo mejor sí pero sólo para sumar de forma adicional”.

Lejos de ser un pacto por unos Presupuestos anuales, los nacionalistas vascos pasan a ser una figura clave en la geometría variable que el Gobierno de Mariano Rajoy necesita para conseguir más estabilidad en la legislatura. Poco después de anunciarse el acuerdo el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, pidió alargar el acuerdo para las cuentas de 2018 que se empezarán a negociar en septiembre. “¿Cuál es el precio de la estabilidad de España?” se volverá a preguntar Montoro y el resto de las fuerzas políticas.