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El Obispado de Mallorca, responsable subsidiario por un cura acusado de abusos a una menor
La titular del juzgado número 3 de Inca (Mallorca) ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 100.000 euros al expárroco de Can Picafort Pere Barceló, imputado por violar presuntamente a una menor, y ha declarado al Obispado de Mallorca responsable civil subsidiario.
El auto dictado por la jueza de Inca establece que la diócesis mallorquina habrá de responder con sus bienes de la parte de lo 100.000 euros que no pueda cubrir el expárroco, imputado por un delito de agresión sexual continuada y otro de abusos.
La finanza, a la que no se ha opuesto la Fiscalía, fue reclamada el pasado 18 de marzo por la acusación que representa a la mujer presuntamente violada cuando era menor por el sacerdote, que fue apartado hace dos años de sus responsabilidades religiosas por el Obispado mallorquín.
El imputado, ya considerado culpable de pederastia en el ámbito eclesial, compareció en el juzgado el 18 de marzo en el juzgado de Inca que ha instruido el caso para que se le comunicaran los cargos en su contra.
La causa está pendiente de ser remitida a la Audiencia de Palma, que ya consideró que existen indicios suficientes para llevar a juicio a Pere Barceló por los presuntos delitos de agresión sexual con penetración y abuso sexual a la menor al pronunciarse contra el recurso interpuesto por el exsacerdote.
El tribunal provincial confirmó la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Inca de transformar las diligencias previas de esta causa en un procedimiento ordinario para que se juzgue a Barceló por unos delitos que el Código Penal castiga con penas superiores a 9 años de prisión, aunque no entró a valorar dichos indicios.
La Iglesia de Mallorca decidió en marzo de 2013 expulsar del sacerdocio al que había sido párroco de Can Picafort hasta 2011 por considerarlo culpable de pederastia.
A Barceló se le abrió un procedimiento penal canónico en marzo de 2011 tras haber sido denunciado ante el obispado por una joven que aseguró que a finales de los 90, cuando aún era menor de edad, la había sometido a abusos sexuales.
Cuando el exsacerdote prestó declaración, negó todas las acusaciones. En la misma línea, su abogado, Antonio Beltrán, ha sostenido hoy que probará la inocencia de su cliente, al que considera objeto de una “caza de brujas”.
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