Un imputado en la Operación Púnica sucedió a Lucía Figar al frente de Educación en Madrid
La aparición de una cuenta bancaria en Suiza a nombre de Francisco Granados en diciembre de 2013 es el principio de un hilo que a día de hoy enreda a 92 personas, las que integran la nómina de imputados en el caso Púnica. El penúltimo nombre de esa lista, según aparece en el último auto del juez Eloy Velasco, es Manuel Pérez Gómez, que fue consejero de Educación de la Comunidad de Madrid en sustitución de Lucía Figar, quien abandonó el cargo a las 48 horas de conocerse su imputación en la misma causa.
Pérez Gómez ha sido consejero de Educación de la Comunidad de Madrid apenas tres semanas, las que van entre la dimisión de Figar y la toma de posesión del nuevo Gobierno de Cristina Cifuentes. La imputación del exconsejero es una de las revelaciones incluidas en el auto de levantamiento del secreto del sumario que dictó este miércoles el juez Eloy Velasco y al que ha tenido acceso eldiario.es.
El Gobierno de Ignacio González desconocía la imputación y la posible implicación de Pérez Gómez en la Operación Púnica cuando decidió que sustituyera a la imputada Lucía Figar, según fuentes de la Consejería. El extitular de Educación se ha negado a aclarar desde cuándo conoce la acusación formal y ha colgado el teléfono cuando eldiario.es se ha puesto en contacto con él para detallar esta información. En las últimas semanas, varios funcionarios y miembros del gabinete de prensa de Educación con Figar han declarado como testigos ante el juez Velasco.
La imputación de Pérez Gómez podría explicarse en el hecho de que su relevancia en la Consejería de Educación trasciende las tres semanas en las que fue el máximo responsable. Antes de eso fue viceconsejero de Organización Educativa, cargo al que accedió en junio de 2014. Pérez Gómez llevaba ya siete años como secretario general técnico de la Consejería de Educación, desde 2007, siempre con gobiernos autonómicos del Partido Popular. En la actualidad, Pérez Gómez integra el Consejo Universitario, dependiente igualmente de la Consejería de Educación.
Funcionario por oposición del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, comenzó su carrera en el Ministerio de Interior en 1989, pero fue con la llegada del Partido Popular al poder cuando pasó a desempeñar altas responsabilidades en el departamento de la seguridad del Estado. En la última legislatura de José María Aznar fue director general de Extranjería e Inmigración. Entre 2002 y 2004, Pérez Gómez estuvo a las órdenes directas de Ignacio González, entonces secretario de Estado de Inmigración, y a la postre el político que le nombraría consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.
Los cuatro contratos que investiga el juez Velasco entre la Consejería de Educación y dos empresas de Alejandro de Pedro Llorca, uno de los conseguidores de la trama, están firmados entre 2012 y 2014 y suman algo más de 80.000 euros. Tres de esos contratos estaban destinados a que Madiva, una de las sociedades de De Pedro, mejorara presuntamente la reputación on line de Figar. La sociedad controlaba una red de 60 diarios digitales zombies que reproducían las notas del departamento de Educación y engañaban a los buscadores de Internet, apareciendo la propaganda en puestos preferentes de las búsquedas de los usuarios. Según elconfidencial.com, el dinero público habría servido también para mantener el blog personal de la exconsejera de Educación.
La trama vinculada a Alejandro de Pedro en la Comunidad de Madrid salpica al que fuera número dos del Ejecutivo regional, Salvador Victoria. Según declaró otro imputado, el exdirector de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, Victoria le ordenó trasladar a Indra que debía pagar en negro servicios prestados por De Pedro para la citada reputación online del propio consejero de Presidencia o del presidente de la Comunidad.
“Formas de pago encubiertas”
Según el auto de Velasco, “se patentiza la realización de trabajos o encargos a Alejandro de Pedro por parte de altos funcionarios de la Coiunidad, no abonados ni justificados de manera contable y la articulación de formas de pago encubiertas utilizando adjudicaciones de contratos en vigor como el de Indra”.
Hasta ahora había trascendido por ello la imputación del exdirector general de Operaciones, Santiago Roura, destituido a raíz del escándalo. Pues bien, en la nueva lista de imputados figura también Javier de Andrés González, actual consejero delegado de Indra, un gigante informático adjudicatario habitual del Gobierno central y otros autonómicos, entre ellos el de Madrid.
El País publicó que Martínez Nicolás había confesado que Salvador Victoria le había pedido hasta tres favores al director general de Indra, Santiago Roura, para que hiciera pagos a terceras personas por un valor total de 120.000 euros. El destinatario de ese dinero habría sido, si es que se hubieran llegado producir, Alejandro de Pedro, el presunto conseguidor, dueño de las empresas que mejoraban la reputación online de los políticos.
Pero la lista de imputados por Velasco depara más sorpresas y otra vez apuntan a Francisco Granados. En ella figura Edelmiro Andrés Galván Villamandos, quien fue asesor del consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y al que Granados se llevó a Valdemoro cuando el político cayó en desgracia y fue apartado por Esperanza Aguirre.
En Valdemoro, Edelmiro Andrés Galván ejerció como “director de comunicación” del Ayuntamiento, pero fuentes políticas de la Comunidad de Madrid apuntan a sus responsabilidades en la organización de eventos por parte de las consejerías que dirigía Granados. Galván figura, por ejemplo, como parte del jurado del concurso de ideas para la publicidad para el programa regional de inversiones, Prisma, entre 2008 y 2011.
La lista de imputados en el lado de la empresa privada también se amplía. Y cualitativamente. En el objetivo de los investigadores está Cofely desde casi el principio de las pesquisas, filial de la multinacional GDF Suez y dedicada a la eficiencia energética. En la primera fase de la operación fueron detenidos su director general en España, Didier Maurice, y su director comercial, Constantino Álvarez de la Cueva. No acaban ahí las responsabilidades, que ahora llegan ya hasta su director general en el área de Servicios, Xavier Susan Mir, nuevo imputado en la causa.
En el auto de este miércoles, el juez Velasco se refiere a Cofely España como empresa adjudicataria en 2013 y 2014 de “contratos amañados” por parte de los ayuntamientos madrileños de Móstoles, Casarrubuelos, Torrejón de Velasco, Collado-Villalba, Serranillos del Valle y Parla“. En todos ellos, menos en el de Móstoles, entre los contactos de Cofely estaban los propios alcaldes de los municipios. Entre ellos y la empresa, actuaban de muñidores David Marjaliza, el amigo íntimo de Granados y gran 'capo' de la trama de corrupción, y otro de los cabecillas, Pedro García Pérez, afirma el juez en su auto.
Por parte de Cofely, Álvarez de la Casa y Maurice “aparecían impulsando y remunerando los favores y promesas acordadas”, en colaboración con el jefe del centro operacional de la empresa, José Antonio Hernández Pérez. Para la mecánica de los pagos, Marjaliza ponía dos de sus empresas, con las que recaudaba el dinero público “con el que pagar a Cofely las comisiones pactadas”.
