El PNV afronta desde hoy el primer juicio a uno de sus ex dirigentes por espionaje político
Casi dos años y medio después de conocerse los hechos, el PNV se enfrenta a uno de sus peores tragos en los 38 años de democracia. Uno de sus líderes en Álava, el entonces número tres Aitor Telleria, se sienta hoy en el banquillo por presunto espionaje político a significados cargos del Partido Socialista de Euskadi, el PP vasco o incluso empresarios. Junto a dos agentes de la elitista Unidad de Información de la Ertzaintza, se le acusa de elaborar documentos sobre la actividad que realizaban personalidades como el líder del PSE de Álava, Txarli Prieto, el ex alcalde de Vitoria Patxi Lazcoz o el directivo de la patronal alavesa, Aitor Otaola. En el ordenador de Telleria se encontraron seis documentos con información sobre la vida privada de una veintena de personas.
Este caso provocó en 2010 un terremoto en el PNV, el partido que ha gobernado Euskadi durante toda la democracia salvo el paréntesis socialista de la última legislatura, puesto que surgió de otra presunta corruptela, el llamado caso De Miguel, con una decena de imputados por blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho aún en fase de instrucción. Este caso, que se llevó por delante al entonces número dos del PNV alavés Alfredo De Miguel, también tiene como imputado a Aitor Tellería. Fueron momentos de tensión especialmente entre el ala soberanista, en la que se encuadraban los acusados, y la dirección peneuvista del ahora lehendakari Iñigo Urkullu, quien tuvo que insistir durante meses para que los imputados se dieran de baja en el PNV. El portavoz del PNV en el Parlamento, Joseba Egibar, quien en 2010 mantuvo una actitud más cercana a los imputados, ha asegurado esta mañana en una entrevista en Radio Euskadi: “Confio en la inocencia [de los imputados]”.
Había que remontarse a 1986 para encontrarse con algo similar en Euskadi, cuando en plena crisis interna de la formación nacionalista que desemboco en la escisión y la creación de Eusko Alkartasuna, se conocieron las escuchas telefónicas a Carlos Garaikoetxea, en ese momento lehendakari. Entonces, varios ertzainas penetraron en la central de teléfonos de Zarautz (Guipúzcoa) con una orden judicial para intervenir las comunicaciones de supuestos narcotraficantes. Al mismo tiempo, trataron de conectar el teléfono de Garaikoetxea al de un piso donde colocaron una grabadora. Pero la grabación no funcionó al dar uno de los agentes un número distinto al del piso donde se iba a colocar el aparato.
El juicio que empieza hoy en la Audiencia de Álava se prolongará durante los próximos cuatro días. Los tres acusados se enfrentan al delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secreto, que supone penas de hasta cuatro años de prisión. El fiscal reclama igualmente indemnizaciones por un total de 342.000 euros a los 21 presuntos espiados, con cantidades que van desde los 3.000 a los 50.000 euros. Se ha citado a 44 testigos.
