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El PP de Cifuentes se desmarca de la presunta financiación irregular de la campaña de Aguirre en 2007
El PP de Madrid, que desde el pasado 18 de marzo está presidido por Cristina Cifuentes, se ha desmarcado de la presunta financiación irregular del partido en las elecciones de 2007, cuando Esperanza Aguirre encabezaba el partido y era candidata a la Presidencia autonómica, y ha destacado su “colaboración” con la justicia.
Unos manuscritos del exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez intervenidos por la Guardia Civil revelan que los populares desviaron los gastos de publicidad en medios de comunicación a CEIM, a la que se refería en clave como Diego de León, calle en la que se ubica la sede de la patronal madrileña.
A la vista de estas informaciones, la patronal madrileña ya ha avanzado que hará una “minuciosa” investigación interna para esclarecer lo ocurrido. Además, en el caso de que la investigación desvele la existencia de alguna irregularidad, han señalado que lo pondrán en conocimiento de la Justicia.
Por su parte, desde el PP de Madrid han señalado a Europa Press que se trata de algo que afecta a “otra etapa” y que no les corresponde valorar a ellos.
Los populares madrileños, que han pasado un periodo de transición tras la dimisión de Esperanza Aguirre en febrero de 2016 por informaciones que vinculaban al partido con esta supuesta financiación ilegal, destacan su “colaboración plena con la justicia” y señalan que si les pide alguna documentación la autoridad judicial se la aportarán, como han hecho hasta el momento.
No es la primera vez que la Justicia investiga el periodo de gobierno de Esperanza Aguirre. Hace semanas la UCO solicitó información a varias Consejerías del Ejecutivo autonómico sobre grandes proyectos llevados a cabo en la Comunidad de Madrid durante el periodo de gobierno de la actual portavoz municipal en el Ayuntamiento de Madrid.
Con la llegada de Cifuentes al Gobierno regional y al PP de Madrid, la dirigente ha mostrado su deseo de “tolerancia cero con la corrupción” y ha activado un Código Ético por el que cargos institucionales y del partido tienen que dejar el cargo en el caso de ser investigados por casos de corrupción.
