PP y Ciudadanos ralentizan la actividad parlamentaria con decenas de ampliaciones de plazos para enmiendas
La actividad parlamentaria está congelada. En lo que va de legislatura –poco más de un año– tan solo se han aprobado nueve leyes y una de rango orgánico. El Gobierno ha usado su capacidad de veto para frenar 44 iniciativas de la oposición, que ha recurrido algunos casos ante el Tribunal Constitucional. Pero las que superan la admisión a trámite no corren mejor suerte: PP y Ciudadanos aprovechan su mayoría para dilatar el proceso legislativo mediante la ampliación de los plazos para la presentación de enmiendas, que en algunos casos se prolonga durante un año.
El Gobierno solo ha llevado al Congreso 14 proyectos de ley, de los que la mayoría son obligados por directivas europeas –otro de ellos fueron los presupuestos para 2017 y otros dos relativos al concierto y el cupo vascos–. De las 37 proposiciones de ley que han presentado los grupos, solo nueve han visto la luz. El PP ha logrado sacar adelante cuatro de las trece que ha presentado; el PSOE, dos de las once que registró; y Ciudadanos, una de seis. Unidos Podemos no ha conseguido aún ver aprobada ninguna de las iniciativas de las siete presentadas.
Del total de 32 proposiciones de ley que han sido admitidas a trámite, solo nueve se han aprobado. En otras legislaturas ese número suele ser el doble o incluso el triple. Por ejemplo, en 2012–primer año de mandato de Mariano Rajoy– se aprobaron ocho leyes orgánicas y 17 leyes. En 2005, primer año completo de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, las leyes orgánicas que vieron la luz fueron seis y el Congreso sacó adelante 30 leyes.
El PSOE: “Es un boicot permanente”
En esta ocasión, el resto de iniciativas admitidas a trámite se encuentran en su mayoría sumergidas en el proceso legislativo y congeladas mediante la ampliación de plazos de enmiendas que se prolongan durante meses y que han llegado a sumar un año. En casi todos los casos han sido PP y Ciudadanos con el respaldo del Grupo Mixto los que han planteado ese retardo.
Las iniciativas de la oposición que más tiempo llevan en el cajón son la proposición de ley orgánica del PSOE para suspender el calendario de implantación de la LOMCE, que fue presentada en julio de 2016 y se admitió a trámite cuatro meses después. Los plazos de enmiendas se han ido prorrogando hasta la actualidad sin que hayan llegado a discutirse.
“Es una falta de respeto al Parlamento”, lamenta la portavoz socialista, Margarita Robles, que considera que se está produciendo un “boicot permanente” a la actividad legislativa. Robles sostiene que PP y Ciudadanos están torpedeando todas las medidas sociales que llegan al Congreso en un momento en el que “no hay ninguna iniciativa por parte del Gobierno”.
El salario mínimo o la justicia universal en el olvido
Otra de las propuestas que está congelada es la proposición de ley para subir el salario mínimo a instancias de Unidos Podemos. El debate para su admisión a trámite fue en enero del año pasado y hasta ahora se ha ido ampliando el plazo de enmiendas hasta en 37 ocasiones. “Lleva en un periodo de enmiendas que ya podemos calificar de eterno y que impide que se hagan mejoras”, lamentó en una rueda de prensa la portavoz del grupo confederal, Irene Montero.
La dilación no entiende de grupos proponentes. También se han bloqueado propuestas de otros grupos, como la reforma de la ley de secretos oficiales a instancias del PNV o la modificación de la norma que dio poderes al Tribunal Constitucional para inhabilitar a políticos soberanistas –en este caso los socialistas estuvieron a favor de su paralización parlamentaria–. Tampoco avanza desde hace febrero la iniciativa de ERC para recuperar la justicia universal que lapidó el PP con su mayoría absoluta. Incluso ha estado varada la propuesta del PP para regular los lobbys.
El Estatuto valenciano, lo más retrasado
También están bloqueadas las dos iniciativas legislativas populares que se han admitido a trámite esta legislatura. Los sindicatos llegaron a amenazar con recurrir al Tribunal Constitucional la obstaculización de la renta mínima, cuya petición llegó al Congreso en mayo de 2016 con la presentación de más de 700.000 firmas. No ha corrido mejor suerte la ILP que reclama mayores atenciones y ayudas a la dependencia así como la eliminación del copago confiscatorio. La ampliación de los plazos de enmiendas se ha prolongado desde abril.
Pero la que se lleva la palma es la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana para que la disposición adicional primera establezca que las inversiones del Estado en la autonomía sean equivalentes al peso de su población. Desde que se admitió a trámite en octubre de 2016 está bloqueado con sucesivas ampliaciones de enmiendas.
