La empresa que abonó la supuesta comisión al PP de Cospedal, investigada también en Madrid
La declaración hace hoy una semana del extesorero del PP Luis Bárcenas ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sacó a la luz una supuesta comisión de 200.000 euros que la empresa SUFI S.A. (propiedad de la constructora Sacyr) pagó al PP de Castilla-La Mancha tras conseguir un contrato de más de 60 millones de euros y 10 años de duración con el Ayuntamiento de Toledo. La resolución y el presunto soborno se produjeron en 2007, con el PP en la Alcaldía de la capital castellanomanchega y la actual presidenta de la Junta y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, al frente de la formación regional aunque todavía en la oposición. No es el único escándalo relacionado con el PP en el que aparece SUFI. Y el PP no es el único partido cuya financiación habría recibido aportaciones poco transparentes de esta empresa.
Según Bárcenas, él mismo y el secretario regional del PP, Vicente Tirado, se reunieron con dos de los directivos de Sacyr, Luis del Rivero y Manuel Manrique, a petición de la propia Cospedal. En la reunión, siempre según el extesorero, se acordó la entrega de 200.000 euros para la campaña electoral autonómica de 2007; Bárcenas recogió el dinero en la sede de la empresa y se lo entregó en dos veces al gerente regional, José Ángel Cañas Cañada, quien firmó sendos recibís que obran en poder de Ruz. El ingreso, reconocido aunque matizado por sus protagonistas, no figura en la contabilidad oficial del partido.
SUFI es una empresa de servicios municipales integrada en Valoriza Servicios Medioambientales (conglomerado propiedad de Sacyr) desde que fue adquirida en 2005 por 142 millones de euros. Ya antes de ser comprada por Luis del Rivero la empresa centraba su actividad en los clientes públicos, aunque esta no es la única semejanza entre ambas etapas: su nombre ha aparecido en más ocasiones en escándalos de corrupción asociados al PP.
El anterior presidente de SUFI, Rafael Naranjo, reconoció en 2011 ante el juez del TSJ de Madrid Antonio Pedreira que había pagado un millón de euros a la trama Gürtel a cambio de una adjudicación del Ayuntamiento de Madrid, un contrato de limpieza en un distrito de la capital. Naranjo era presidente de SUFI cuando uno de los principales imputados del 'caso Gürtel' en la región, Antonio López Viejo, ocupaba la concejalía de Medio Ambiente del Consistorio. López Viejo, posteriormente, fue consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre y encargado de los eventos que organizaba la Comunidad de Madrid, una de las principales vías de conexión con la trama encabezada por Francisco Correa, según la instrucción judicial.
Otro de los grandes implicados en los escándalos de corrupción que rodean al PP y que está relacionado directamente con SUFI es el exdiputado Jesús Merino, quien supuestamente cobró suculentas comisiones de la empresa de servicios a cambio de intermediar en las adjudicaciones en municipios de Castilla y León. Precisamente Merino fue uno de los detonantes de que el PP fuera expulsado como acusación en la instrucción del caso Gürtel: el juez se cansó de que sus abogados ejercieran más de la defensa del exparlamentario y otros implicados que de su acusación.
Pero, ¿tenía SUFI únicamente contactos con administraciones controladas por el PP? No. Y así lo desvela otra investigación judicial que se desarrolla en el sur de Madrid y en la que están implicados el exalcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, su esposa y exdirectora de medio ambiente, Carmen Blázquez, y el exconcejal del mismo área Francisco Arroyo. Todos del PSOE.
Según la documentación que obra en poder de eldiario.es, SUFI y otras empresas de servicios adjudicatarias del Ayuntamiento de Leganés abonaron supuestamente inserciones publicitarias del PSOE de la localidad en los meses previos a la campaña electoral de 2007, mismo periodo en el que, según Bárcenas, se pagó la comisión de 200.000 euros al PP de Castilla-La Mancha. La investigación, paralizada por la jueza de instrucción de Leganés, ha sido reabierta después de que la Audiencia Provincial lo exigiera en un duro auto tras un recurso de la acusación, ejercida por el PP local, hoy al frente de la Alcaldía.
Pero además, otra de las empresas de Sacyr que forman parte de su conglomerado, Valoriza Facilities S.A.U., aparece también en la documentación que tiene la magistrada del juzgado número 8 de Leganés en su poder. Según los denunciantes, que aportan un informe de la Intervención Municipal, Valoriza y otras empresas adjudicatarias del Consistorio retornaban al PSOE una parte del montante del contrato a través de supuestos falsos informes de calidad subcontratados a su vez a la empresa ECA, Entidad Colaboradora de la Administración.
La investigación en estos casos atañe, además de a las filiales de Sacyr, a Urbaser, parte del grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez. El 'modus operandi' empleado sería exactamente el mismo. De fondo, un negocio multimillonario: la prestación de servicios municipales. Según un informe de la Fundación Democracia y Gobierno Local, los ayuntamientos y entidades locales españolas se gastaron en 2006 un 14% de sus presupuestos en recogida de basuras y limpieza viaria, algo mas de 3.000 millones de euros (PDF).
Un pastel lo suficientemente apetecible que, hasta ahora, tiene como principal exponente el conocido como caso Brugal, que implica en Alicante a políticos, empresarios, presidentes de equipos de fútbol, exdirectivos de cajas de ahorros y un largo etcétera.
