El PP quiere endurecer los castigos por agresiones o resistencia a la Policía
El Partido Popular insta al Gobierno que sustenta a que modifique el Código Penal para endurecer las sanciones por agresiones a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El grupo parlamentario popular considera que la prisión de dos a cuatro años o las multas de tres a seis meses no son castigos suficientes por emplear la fuerza, intimidar o resistirse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El PP quiere que se agraven los castigos para “evitar muchos enfrentamientos que en la actualidad propician conflictos físicos y agresiones de considerable gravedad”. El portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, ha registrado una Proposición no de ley en el Congreso en la que plantea “garantizar un apoyo legal a todas las acciones” ejecutadas por la autoridad policial.
Frente a la idea del PP de que la Policía está desprotegida, los informes del Consejo de Europa advierten más bien de lo contrario: denuncia el “uso desproporcionado de la fuerza” de la Policía en las manifestaciones y pone en duda la idoneidad de la actuación de los antidisturbios. Además, la institución europea ha recriminado en varias ocasiones al Gobierno español la ausencia de placas identificativas en el vestuario de los agentes policiales, que dejan en situación de vulnerabilidad a posibles denunciantes de abusos.
Hasta el verano de 2013, no se había condenado a ninguno de los 447 detenidos en movilizaciones sociales relacionadas con el movimiento 15M, que nació dos años antes. Por el contrario, la Justicia sí se ha postulado a favor de los manifestantes al condenar en varias ocasiones a la Delegación del Gobierno en Madrid por vulnerar los derechos de los participantes en protestas a los que había multado.
Los populares aseguran que “un sector muy amplio de la sociedad” secunda la “necesidad de reforma” del Código Penal para darle un carácter más punitivo y prevén que una legislación penal más dura tendría una “efecto preventivo y disuasorio muy eficaz” para evitar los enfrentamientos con la Policía.
El grupo parlamentario popular reconoce no tener datos de “este tipo de agresiones”, que dejaron de contabilizarse en 2006, pero aún así basa su propuesta en el “consenso general en la denuncia” del aumento de acciones violentas o resistivas. Para el PP la manera de solucionar esta conducta “intolerable” es aumentar las “consecuencias punitivas”, que actualmente castigan con entre dos y cuatro años de prisión o multas de tres a seis meses el empleo de la fuerza, la intimidación o la resistencia a los agentes de seguridad.
Al PP no solo le preocupa el daño de las agresiones físicas a los agentes de seguridad afecten a quienes las sufren, sino que perjudiquen al “reconocimiento de la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la seguridad y bienestar de los ciudadanos”.
La proposición no de ley registrada por Alfonso Alonso el 6 de noviembre se debatirá en la Comisión de Interior, a pesar de que la reforma del Código Penal es una de las actuaciones que ha protagonizado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
