PP y PSOE entran en pánico por quitar el carné a sus sospechosos de corrupción
La acumulación en las dos últimas semanas de los casos de corrupción ha tenido como resultado que PP y PSOE se hayan lanzado a una competición por ver quién expulsa más rápido a los sospechosos de sus filas. El escándalo de las tarjetas 'black' se ha superpuesto con la operación Púnica, de forma que el castigo se ha dado a conocer a la vez en el caso del PP. El PSOE llevó la delantera al iniciar la investigación a los exconsejeros de Caja Madrid el 3 de octubre, nada más conocerse el informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que aparecían los nombres de todos los usuarios.
César Luena, número dos del PSOE, dio por hecho que el castigo final sería la expulsión, lo que provocó la queja de algunos afectados, que alegaron indefensión. Con un ojo puesto en el PSOE, el PP decidió ir con pies de plomo e insistir en que sus afiliados tendrían derecho a defenderse en el Comité Nacional de Derechos y Garantías. Los conservadores se burlaron de la rapidez de Ferraz y se escudaban en que un paso en falso podía ser contraproducente.
Desde la apertura de los expedientes informativos hasta la baja final en el caso de los 13 usuarios de las tarjetas 'black' transcurrieron 20 días. Con los detenidos en la operación Púnica, la velocidad ha sido mucho mayor y se les ha suspendido de militancia el mismo día. De esta forma, tanto Francisco Granados como Marcos Martínez, presidente de la Diputación de León, y los cuatro alcaldes de municipios madrileños tienen prácticamente segura su expulsión.
Para informar del castigo en ambos casos, el PP difundió dos comunicados con sólo cinco minutos de diferencia entre uno y otro. Ambas decisiones se atribuían al Comité Nacional de Derechos y Garantías, el órgano disciplinario interno. En el caso de Rodrigo Rato, su salida del partido ha sido mucho más complicada, dada la relevancia del que fue vicepresidente del Gobierno con José María Aznar.
El PP trató de ganar tiempo en un primer momento ante la decisión del anterior responsable de Bankia de negarse a devolver el carné de militante. En esos días fue cuando María Dolores de Cospedal y Carlos Floriano siguieron prometiendo “rapidez” y dejaron abierta la puerta a la expulsión. Rato solicitó su “suspensión temporal de militancia” hasta que los hechos quedasen esclarecidos. Al PP le llevó cuatro días informar de que la suspensión temporal no existe en su partido. Aun así, Génova insiste en que Rato no ha sido echado sino que simplemente se ha tramitado su baja.
En otros casos de corrupción grave, como los de Luis Bárcenas, Jesús Sepúlveda, Jaume Matas, Carlos Fabra o Sonia Castedo, la velocidad en actuar contra ellos ha sido mucho menor o no ha existido. El extesorero, que estuvo contratado por el PP hasta enero de 2013 aunque había sido imputado en el caso Gürtel y dejó de ser senador, también pidió la “suspensión temporal de militancia”. Génova asegura que lo echó enseguida, pero él siguió pagando su cuota de militante hasta 2011.
La salida de Jesús Sepúlveda, también imputado en la Gürtel, distó mucho de ser veloz. Sepúlveda dejó la alcaldía de Pozuelo en marzo de 2009, pero siguió trabajando para el PP. De Cospedal confesó que su partido le siguió pagando un sueldo por redactar informes desde su casa. Ante la polémica, la secretaria general se deshizo de él en febrero de 2013.
En el caso de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, y pendiente de entrar en la cárcel si no fructifica su petición de indulto, no consta que haya dejado de militar en el partido. Lo mismo ocurre con Sonia Castedo, que sigue al frente de la alcaldía de Alicante y conserva su carné de afiliada a pesar de estar doblemente imputada.
La imputación no parece tan grave
El PSOE se ha dado la misma prisa en los últimos casos, aunque ha empleado figuras distintas como castigo a los exconsejeros de Caja Madrid y a los detenidos en la operación Púnica. Sin embargo, mantiene en sus filas a imputados al entender que las acusaciones pueden desaparecer a lo largo de la instrucción.
“Una detención es un caso grave. Si no te ponen en libertad tras prestar declaración, es que hay indicios”, explican fuentes de Ferraz sobre los casos del alcalde de Parla, José María Fraile, y del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, que fue arrestado por el caso de los ERE.
La suspensión cautelar acarrea la pérdida de los derechos que tienen como militantes (como la protección externa ante “ataques injustos” o la posibilidad de recibir información sobre las decisiones tomadas en los órganos del partido, entre otros derechos recogidos en los estatutos). Esa medida la recoge el código ético que los socialistas han aprobado recientemente para los casos en los que los representantes del PSOE se enfrenten a un juicio oral.
En el caso de los imputados, fuentes socialistas aseguran que se aplicará el código ético, que prevé que tengan que rendir cuentas ante la dirección. Será ésta la que decida qué medidas se toman. En esa situación está, por ejemplo, la exministra Magdalena Álvarez, imputada en el caso de los ERE.
Ferraz ha dado un paso más con los exconsejeros de Caja Madrid que hicieron uso de las tarjetas 'black' y les ha expulsado provisionalmente, que es el paso previo a que salgan definitivamente del partido. No obstante, esas fuentes precisan que la decisión se tomó tras abrir un “expediente informativo” en el que presentaron documentos sobre el uso del plástico negro.
“Tras estudiar esa información, se puede expulsar o no”, precisan esas fuentes. Las alegaciones que presentaron los exconsejeros de la caja de ahorros no convencieron a la dirección, que optó por la expulsión. Ahora los ocho usuarios de las tarjetas que no se han dado voluntariamente de baja del partido están a la espera del fallo definitivo tras presentar el recurso a la expulsión.
El resultado es previsible a la luz de las declaraciones de los dirigentes del PSOE desde que saltó el escándalo: “A los de las tarjetas negras, tarjeta roja directa”, afirmó Pedro Sánchez antes de que se conociera la expulsión provisional.
