El PP lleva siete años acusando a sus rivales de usar a la policía políticamente
Con la playa de Marbella al fondo, durante el verano de 2009 y en medio de una tormenta de titulares sobre Gürtel, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, dijo de los investigadores del caso: “Me consta que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios [de la trama de corrupción que afecta al PP] y a destacados dirigentes nacionales”. Antes de irse de vacaciones, Cospedal añadió que España vive “un estado policial” y aseguró, sin aportar ninguna prueba, “que altos dirigentes nacionales del PP tienen el teléfono pinchado”. Aquel día de agosto, Cospedal dio un paso más en el argumentario de “La Policía de Rubalcaba” que distintos dirigentes del PP habían esgrimido cada vez que un nuevo escándalo de corrupción salpicaba al partido, ya fuera en Baleares, Valencia o en Madrid. Rubalcaba reprochó la estrategia popular: “Dicen la mayor barbaridad del mundo y se dan un chapuzón”.
El propio líder del partido, Mariano Rajoy, entonces jefe de la oposición, se apuntó a ese mantra, cuando la Policía detuvo al presidente balear, Jaume Matas, e incluso amenazó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con recurrir al tribunal de Estrasburgo. “Puede que no se haya enterado porque él está en un palecete de Patrimonio en Lanzarote, pero se lo pido a través de los medios”, advirtió Rajoy a Zapatero para que frenase “la grave y evidente persecución del Gobierno del PP”. El mismo 11 de agosto de 2009, Rajoy se dirigió a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para que aclarase si dio instrucciones a la Fiscalía de recurrir un auto judicial de archivo contra el presidente Francisco Camps en Valencia.
La cantinela venía de lejos y había dejado abundante rastro en la hemeroteca e incluso en la propia web del partido. “Rubalcaba vuelve a dirigir a la policía contra el PP en vísperas de un evento político”, escribió en una nota el PP en julio de 2010, aludiendo al arresto del entonces presidente de la Diputación de Alicante, Jose Joaquín Ripoll. Ataques parecidos lanzaron contra la policía y los fiscales desde el Parlamento diputados como Rafael Hernando y Rafael Merino, tal y como deja patente el diario de sesiones.
Mucho antes de que estallase el caso Gürtel en 2009, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, llegó a relacionar a Rubalcaba con el incendio en 2006 de un utilitario marca Mini que usaba la mujer de su mano derecha, Francisco Granados, en el garaje de ambos. “Es el primer atentado político que se produce”, dijo Aguirre, quien apeló a Rubalcaba para que “investigue el quién ha sido”. El suceso nunca se ha aclarado del todo pero por el camino se supo que el coche estaba a nombre de una constructora.
El propio extesorero del PP, Luis Bárcenas, ensayó la tesis sobre la conjura policial del PSOE durante los primeros meses de la investigación, cuando todavía negaba que la contabilidad B llevaba su letra. Al asumir por fin la autoría de los papeles, y cuando él y otros dirigentes del PP empezaron a desfilar hacia prisión con Jaume Matas y Carlos Fabra a la cabeza, la estrategia popular marcó distancias con esos políticos. Bárcenas se convirtió para Rajoy en “ese señor del que usted me habla” y Matas, ejemplo hasta entonces del buen gobernante, en un dirigente que había deshonrado al partido.
De vuelta en el poder en 2011, Mariano Rajoy y su partido enterraron los ataques a la policía mientras diseñaban una cúpula afín a sus intereses partidistas. Un grupo de comisarios a las órdenes del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz se prestaron a hacer informes sin sello ni firma y a fabricar investigaciones para desacreditar a los rivales políticos del PP (singularmente el independentismo y Podemos), al tiempo que sus dirigentes hacían cerradas defensas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esos papeles apócrifos acapararon las portadas de determinados medios de comunicación y sirvieron de munición a los portavoces del partido, sobre todo en campaña electoral.
Las denuncias sobre la utilización de las instituciones al servicio de los partidos solo regresaron a los argumentarios del PP durante la pasada campaña de las generales y de forma preventiva. Esta vez para lanzarlas contra el partido de Pablo Iglesias, al que acusan de intentar instaurar en España un régimen intervencionista “como el de Venezuela”. Entonces se atribuyó a Podemos el interés por “controlar el CNI” el día que Iglesias se ofreció para ser vicepresidente en un Gobierno de Pedro Sánchez. “Podemos sigue el manual del golpista al intentar controlar grandes resortes del poder como la policía, el Ejército o el CNI”, dijo muy serio el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, el pasado 28 de enero.
Todavía esta semana, la cúpula del PP salió al paso de unas declaraciones de Juan Carlos Monedero, en las que el fundador de Podemos advertía: “En nuestras filas van muchos jueces, van guardias civiles porque están esperando un Gobierno que les dé la orden de detener a toda esta cuerda de corruptos. Es lo que está esperando buena parte de la judicatura y de la Guardia Civil que está con nosotros”. Durante el debate del pasado lunes en TVE, el vicesecretario del PP Pablo Casado acusó a Íñigo Errejón: “Tener a miembros de un partido que dicen directamente que la Guardia Civil y los jueces tienen que actuar contra los sinvergüenzas de otros partidos es algo sospechoso. Quizás es el modelo que queréis, si no os gustan los adversarios, los encarceláis, como en Venezuela”.
