El PP volverá a plantear que gobierne la lista más votada cuando se aborde la reforma electoral
El PP tiene pensado volver a dar la batalla y plantear en la subcomisión para la reforma de la Loreg (ley electoral) que hay abierta en el Congreso la propuesta de que gobierne la lista más votada. Así lo han confirmado a eldiario.es fuentes del PP de la Comisión Constitucional, donde comenzará a debatirse la reforma en septiembre.
Esta antigua reclamación del partido de Rajoy fue registrada formalmente en el Parlamento en julio de 2015 después de comprobar cómo apenas dos meses antes, en los comicios municipales y autonómicos celebrados el 24 de mayo, el mapa político cambiaba sustancialmente de color. Los populares perdieron la mayoría absoluta con la que gobernaban en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas y fueron desbancados del poder tras los pactos cerrados entre otras fuerzas políticas. Esas alianzas enfadaron sobremanera al partido conservador que no las veía “legítimas”.
El PP elaboró entonces una proposición de ley para modificar los artículos 180 y 163 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) para que la lista más votada sea la que gobierne, al menos en el ámbito municipal, pero con vistas a extender esa norma a otras instituciones.
La idea se basa en que el partido que más votos logre reciba una prima de representación que le garantice la mayoría absoluta con el fin de impedir los pactos entre otras fuerzas políticas con menor representación. Si alguna lista consigue más del 35% de los votos, y mantiene una diferencia de al menos cinco puntos con la siguiente candidatura, se haría con el Gobierno del Ayuntamiento de manera automática.
En caso de que nadie obtenga ese porcentaje, se celebraría una segunda vuelta en la que quien obtenga más votos –un 40% al menos, o siete puntos de diferencia con la siguiente lista– se encargaría de formar Gobierno.
De esta manera, argumentaron los populares, se evitarían lo que llaman “pactos de perdedores”. “Se trata de evitar que se elijan a los alcaldes en los despachos”, aseguró el portavoz del PP, Rafael Hernando, el día que presentó la proposición de ley de su grupo en el Congreso.
Hernando puso como ejemplo Pamplona, cuyo alcalde, de Bildu, no logró “ni el 16% de los votos”; o el de Las Palmas, del PSOE, que obtuvo “solo el 19% del apoyo ciudadano”. Madrid, Valencia y Barcelona son también ejemplos que suelen sacar a relucir los de Rajoy, ayuntamientos donde gobierna Podemos y sus confluencias con apoyos de otras fuerzas políticas.
Rechazo del PSOE y la Izquierda Plural
La propuesta del PP no fue bien acogida por los grupos parlamentarios que había entonces en la Cámara. Ni Podemos ni Ciudadanos tenían aún representación en el Congreso. El PSOE la rechazó y achacó su registro al “pánico de Rajoy a perder la Moncloa”, dijo Antonio Pradas. Y la Izquierda Plural la calificó de “tropelía parlamentaria” y de “golpe institucional”.
“El PP quiere conseguir con esta ley lo que no consigue en las urnas”, sentenció el portavoz del grupo, José Luis Centella, mientras advertía de que de intentar llevarla a cabo su formación promovería una “respuesta social” y llamaría a la “rebelión de los ayuntamientos”.
Aunque el PP en aquel momento tenía mayoría absoluta, no se atrevió a impulsar los cambios en solitario, consciente de que era un asunto de gran calado que requiere un amplio consenso. Y mucho más en la recta final de la legislatura.
Después de abrir la polémica, los populares decidieron incluir la medida en su programa electoral de las generales del 20D de 2015, siendo reclamada por el propio Rajoy en varias ocasiones durante aquella campaña y posteriormente en la del 26J, con el argumento de que “hay que respetar la costumbre constitucional de que sólo formará gobierno la candidatura más votada en España”.
Tanto el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como después también Pablo Iglesias, líder de Podemos, dieron la espalda a la iniciativa explicando que lo que piden los ciudadanos es “que seamos capaces de llegar a acuerdos y de pactar”. Ambos dirigentes sostuvieron que quien logra gobernar es quien consigue sumar más escaños y no la lista más votada.
También Ciudadanos se mostró reacio a aceptar esa norma. Albert Rivera, que en 2015 había cerrado un acuerdo con el líder socialista, argumentó que si se dejaba gobernar a la lista más votada “se acabaría con el diálogo y la ley de las mayorías”. El dirigente de C's defendió que en España el sistema parlamentario se basa en que si el partido ganador no es capaz de encontrar aliados, los demás grupos políticos están legitimados para buscar “mayorías alternativas”.
Sin embargo, tras el bloqueo generado en las segundas elecciones celebradas el 26J de 2016, Rivera pidió dejar gobernar al PP al haber sido la lista más votada y la ganadora. Cerró en agosto un pacto de investidura con Rajoy y propició que pudiera mantenerse en La Moncloa, gracias también a la abstención del PSOE, que por entonces ya había conseguido defenestrar a Sánchez.
Ahora los populares insistirán y llevarán nuevamente la propuesta a la subcomisión del Congreso en la que se va a comenzar a estudiar la reforma de la ley electoral, con la vista puesta en los nuevos comicios municipales y autonómicos de 2019.
Para que esos posibles cambios afecten también a las comunidades autónomas sería necesario modificar los estatutos de autonomía, dado que el Estado no tiene competencia directa en la materia.
El objetivo final del PP, que aunque pierde apoyos se sigue manteniendo en las encuestas como la primera fuerza, sería que la medida se pueda aplicar también a nivel nacional en las próximas elecciones generales.
