Las maniobras del PP para torpedear la comisión de investigación de su financiación en el Congreso
El Partido Popular va a sacar toda la artillería para intentar que descarrile la comisión de investigación que estudia su presunta financiación ilegal en el Congreso. Este miércoles se reúnen los diputados miembros de la comisión para definir los trabajos y elaborar la lista de comparecientes y el calendario mientras la formación conservadora maniobra para que no prospere.
Desde el anuncio de su creación, el PP se ha movido para controlar una comisión que puede tener una fuerte impacto político en su imagen. Los populares consiguieron revivir el bipartidismo con el PSOE para elegir las presidencias de las comisiones de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP y la que determinará qué ocurrió con el rescate de las entidades financieras.
En un primer momento, los diputados populares optaron por proponer a Jordi Xuclá, portavoz del PdeCat en el Congreso, como presidente de la comisión de financiación. La propuesta del político nacionalista catalán coincidió con la ausencia de los representantes del Gobierno en la votación que decidía si el Palau de la Música acusaba a Convergència, la anterior marca del PdeCat, del cobro de comisiones.
Ante la falta de acuerdo entre los diferentes grupos políticos, el PP y el PSOE impusieron su mayoría para colocar a la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, en la presidencia de la comisión sobre el expolio de las cajas de ahorro, y cerraron un pacto de última hora por sorpresa para colocar al parlamentario de Nueva Canarias, Pedro Quevedo como presidente de la comisión sobre la financiación del PP. Cuando tuvo lugar la votación para elegir al presidente Quevedo ni siquiera se encontraba en el hemiciclo.
Fuentes de diferentes partidos de la oposición han puesto en duda la capacidad del diputado canario para llevar una comisión de tanto calado y que le va a suponer fuertes presiones por parte del partido del Gobierno, con el que ha firmado recientemente un pacto para sacar adelante los presupuestos de 2017.
El precedente de la comisión de la policía política
Los acuerdos entre el PP y el PSOE en la comisión de la policía política son un precedente a seguir para la formación conservadora. Ambos partidos han dilatado los trabajos de esta comisión que no ha conseguido avanzar en sus trabajos por las trabas parlamentarias de populares y socialistas.
Para evitar cualquier problema, el PP empezará con los trabajos de la comisión de investigación del financiación de todos los partidos que ha activado en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta. Martínez Maillo dejó caer como una amenaza para que sirviera de moneda de cambio con los socialistas que podrían llamar a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a declarar en la comisión del Cámara Alta.
La última operación para dilatar la puesta en marcha de trabajos se analizará en la mesa de la comisión de este martes. Los diputados tendrán que debatir en la mesa de la comisión si aceptan la paralización de los trabajos hasta que los letrados del Congreso determinen el objetivo, el periodo temporal y el ámbito territorial e institucional que va a investigar.
Para ayudar a trabar la comisión, los diputados populares presentaron el pasado viernes un escrito ante Pedro Quevedo al que solicitan dejar durmiente la comisión hasta que el servicio jurídico de la Cámara Baja haga un informe al respecto.
Si los trabajos de la comisión se ponen en marcha antes de que llegue el informe de los letrados, el vicesecretario general de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo, anunció este lunes que llevarán a los tribunales la comisión si no se clarifican los ámbitos temporal, territorial y el objeto de investigación. El PP se apoya en la decisión de los tribunales que anuló la comisión de investigación de la deuda del Ayuntamiento de Madrid, propuesta por Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, por “no tener objeto concreto, sino genérico, vedado a este tipo de comisiones no permanente”.
Una investigación que deje fuera Gürtel y Púnica
La formación conservadora quiere limitar la investigación de los diputados a 2015. “Lo lógico es que se investigue la legislatura como marca el reglamento de la Cámara pero cuando se define la financiación ilegal como delito es 2015, que es cuando debería empezar a investigar esta comisión”, explicó Martínez Maillo. Esto supondría que quedaría fuera del ámbito de la investigación el grueso de las actuaciones y los contratos correspondientes a los principales casos de corrupción que tienen a los populares contra las cuerdas en los juzgados: Gürtel y Púnica.
Hasta el momento, los grupos de la oposición no han logrado ponerse de acuerdo para definir el periodo de investigación. Unidos Podemos pretende que la investigación se remonte a Alianza Popular, la primera marca del PP, incluyendo el caso Naseiro y la etapa del presidente del Gobierno José María Aznar hasta hoy. El PSOE ha señalado el caso Bárcenas como uno de los posibles puntos de salida para investigar, lo que significa empezar en 2004, mientras que Ciudadanos lo fija en 2003, con la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del PP.
En el PP también se quieren asegurar los cupos para que cada partido pueda decidir las personas que deben comparecer ante la comisión, frente a la oposición que prefiere que se decidan los comparecientes por el voto de la mayoría.
