El PSOE apoya al Gobierno en la aplicación de una ley para frenar el 1-O a la que se opuso en el Congreso
El PSOE deja claro que está del lado del Gobierno ante el desafío soberanista que ha tenido su primer trámite oficial este miércoles en el Parlament. No ha hecho falta ni siquiera que Mariano Rajoy llamara a Pedro Sánchez cuando el Gobierno ha anunciado su intención de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar la ley del referéndum. El líder socialista ya conocía el plan y anunció su intención de avalarlo, a pesar de que supone echar mano de una reforma exprés llevada a cabo por el PP con su mayoría absoluta en 2015 y a la que el PSOE se opuso.
Fuentes socialistas admiten que el paso que ha dado el Gobierno supone la petición de que se suspenda un acto administrativo –en este caso la tramitación de la ley que permitiría el referéndum sobre la independencia de Catalunya– y que, a partir de ahí, el Tribunal Constitucional puede actuar si se desobedece la anulación de ese acto llegando incluso a la inhabilitación. Esta hipotética inhabilitación futura podría llegar a producirse por una actuación de oficio del propio tribunal o tras una petición expresa del Gobierno, según esas mismas fuentes.
Ese trámite que ha puesto en marcha el Gobierno con el aval del PSOE –“apoyamos las iniciativas que ha anunciado el Gobierno”, ha remarcado el secretario de Organización, José Luis Ábalos– lo prevé el artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional desde la reforma legislativa que impuso el PP con su mayoría absoluta para inhabilitar a políticos independentistas que impulsaran la desconexión de Catalunya.
El PSOE se opuso a aquella reforma e incluso dudó de su constitucionalidad, aunque finalmente no recurrió al alto tribunal, como sí hizo el Gobierno vasco sin éxito, ya que los magistrados avalaron la reforma (con tres votos particulares en contra). De hecho, los socialistas apoyaron en diciembre una proposición de ley del PNV que busca quitarle al Constitucional la capacidad de suspender a las autoridades que incumplan sus sentencias y cambiar ese castigo por una multa económica. Esa iniciativa legislativa está aún en el Congreso.
Sin embargo, el PSOE ahora está de acuerdo en que el Gobierno eche mano de esa norma que rige el Tribunal Constitucional y que puede acabar con la suspensión de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y del resto de miembros de la Mesa que han permitido que la ley del referéndum se debatiera.
“No hay contradicción. Me puedo oponer a una ley pero mientras esté vigente es aplicable”, explica en declaraciones a eldiario.es la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles. “En su momento el PSOE estuvo en contra de esa reforma, pero es la ley. Mientras esté vigente, hay que cumplirla”, sentencia Robles.
Los socialistas, que acusaron a Rajoy en el Congreso de “llevarse por delante al Constitucional”, ha defendido este miércoles al Gobierno, aunque han evitado opinar sobre qué les parece que se pueda llegar a suspender o inhabilitar a políticos independentistas: “En la medida en que apoyamos al Gobierno lo apoyamos en sus iniciativas –ha dicho Ábalos–. La capacidad que tiene el Gobierno con sus instrumentos hace que esté en mejores condiciones para interpretar desde el punto de vista jurídico. Lo único que hacemos nosotros es sumarnos”.
