El PSOE ultima una reforma de la ley para anular juicios políticos, exhumar a Franco y disolver su fundación

El PSOE tiene previsto registrar en las próximas semanas en el Congreso, una proposición de ley de reforma de la conocida como 'Ley de Memoria Histórica' de 2007 en la que plantean declarar nulas las resoluciones judiciales y administrativas dictadas por motivos políticos durante el franquismo, crear una Comisión de la Verdad, ilegalizar entidades como la Fundación Francisco Franco y sacar los restos de dictador del Valle de los Caídos.

El texto en el que la dirección del PSOE lleva trabajando varios meses ha sido ya analizado en la Ejecutiva Federal y se ha consultado también con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, bajo cuyo mandato se aprobó la Ley de Memoria, que cumplirá diez años en diciembre.

Según han avanzado a Europa Press fuentes de la dirección del partido, para la elaboración de la propuesta de ley se ha pedido también opinión a las asociaciones memorialistas, así como ha diversos representantes del ámbito académico.

En la iniciativa, se plasman la mayoría de los puntos de la proposición no de ley sobre estas cuestiones que, también a instancias del PSOE, aprobó el Pleno del Congreso el pasado 11 de mayo. Aquel texto salió adelante con el apoyo de toda la oposición, salvo de ERC que se abstuvo, al igual que el PP.

Este resultado hace prever que el Congreso dé vía libre sin problemas a la tramitación de la reforma legislativa cuando los socialistas la incluyan en el orden del día para su toma en consideración por el Pleno de la Cámara.

Con esta reforma se consuma el cambio de opinión del PSOE sobre la nulidad de las sentencias políticas del franquismo. En la iniciativa aprobada en mayo, antes del regreso de Pedro Sánchez a la dirección del partido, se instaba al Gobierno a “estudiar” este asunto.

INCAUTACIONES A PARTICULARES

Cuatro meses después, mediante otra proposición no de ley del PSOE, el Congreso declaró “radicalmente nulas e injustas” estas sentencias, con mención especial para la que condenó a muerte al presidente de la Generalitat catalana durante la Segunda República, Lluís Companys.

Ahora el PSOE defiende decretar esa nulidad en la propia Ley de Memoria que en su redacción inicial únicamente reconoce la ilegitimidad de los tribunales franquistas y sus sentencias, pero no la nulidad de sus fallos o resoluciones.

Por otra parte, los socialistas plantean medidas para los particulares a los que se les confiscaron bienes muebles e inmuebles --hasta ahora sólo se ha restituido el patrimonio incautado a partidos y sindicatos--.

QUITAR EL ALTAR LA TUMBA DE JOSÉ ANTONIO

La iniciativa legislativa también prevé la aplicación las recomendaciones del grupo de expertos que, en 2011, planteó sacar del Valle de los Caídos los restos de Franco para poder “resignificar” este espacio, de forma que deje de ser un lugar de memoria franquista y se convierta en un espacio para la cultura de la reconciliación y la memoria colectiva democrática, que sirva para dignificar y reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Respecto al fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, también enterrado en el altar mayor de la Basílica del Valle de los Caídos, el PSOE aboga por trasladarlo a un lugar “no preeminente” del templo.

Si en su anteriores iniciativas sobre la materia, el PSOE pedía excluir todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización o entidad que ensalce o defienda a Franco, su dictadura, el nazismo, la xenofobia o cualquier expresión vejatoria para las víctimas, ahora apuestan directamente por ilegalizar estas entidades entre las que estaría la Fundación Francisco Franco.

ANULAR DISTINCIONES Y MEDALLAS

También quieren declarar nulas las distinciones y medallas concedidas por el régimen a sus partidarios, como los nombramientos de hijos predilectos o las medallas de ciudades y provincias con las que se reconoció su adhesión al franquismo.

Asimismo, la reforma legislativa establece la creación de una Comisión de la Verdad, como ha recomendado Naciones Unidas para determinar la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, sobre todo las desapariciones forzadas.

La asunción por parte del Gobierno de la obligación de colaborar con el resto de administraciones y asociaciones en las actuaciones necesarias para localizar y exhumar fosas comunes y dar un entierro digno a sus ocupantes y la creación urgente de Bancos de AND para agilizar esta tarea también están en la ley socialista.

De aprobarse, la norma garantizaría dotación presupuestaria anual para estos asuntos, así como nuevas declaraciones de reparación a las víctimas del franquismo y la reapertura de la Oficina de Ayuda a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

El texto se completa con una propuesta para ampliar los colectivos que pueden solicitar la nacionalidad española, de manera que puedan hacerlo los descendientes de mujeres españolas (hasta 1978 las madres no transmitían la nacionalidad), los descendientes de varones que tuvieron que renunciar a su nacionalidad antes del nacimiento de sus hijos, y los hijos mayores de edad de quienes han adquirido la nacionalidad gracias a esta norma, que sólo lo contemplaba para los menores.