“Yo, Paco Correa”, la hora de la verdad

“Yo, Paco Correa…” Así arranca el pasaje de la confesión más comprometedora para el Partido Popular de cuantas hace el presunto cabecilla de la red de Gürtel en las grabaciones que dieron origen al caso. Lo siguiente es afirmar que le llevó en persona “1.000 millones de pesetas [6 millones de euros] a Luis Bárcenas”, el gerente y después tesorero del partido, “a Génova y a su casa”.

La segunda semana del juicio a la trama albergará el momento de la verdad, la declaración del principal acusado, quien tendrá la oportunidad de explicar al tribunal el verdadero alcance de sus encargos para el PP o callar para siempre.

Correa no ha colaborado con la justicia durante la instrucción del caso, que se ha prolongado siete años, de los que ha permanecido en prisión preventiva tres años y cuatro meses. Pero en una ocasión estuvo cerca de hacerlo. Fue a partir de enero de 2015, poco después de que Anticorrupción golpeara sus aspiraciones con un escrito de acusación en el que le reclamaba 110 años de cárcel. Su abogado en ese momento, Francisco Miranda, mantuvo varias reuniones con las fiscales del caso.

El propio Correa hablaba de sus “bombas de relojería”, datos que implicarían a políticos del PP que ni siquiera han estado imputados. Quería una rebaja en la petición de condena y conservar parte de los 20 millones que tiene en Suiza. “Un mundo”, valoraron en la Fiscalía Anticorrupción.

Francisco Correa llegó a entregar un documento preliminar al Ministerio Público. Allí estaba la bomba: el principal acusado de Gürtel reconocía cobrar a los empresarios adjudicatarios de la Administración un 3% en nombre de Bárcenas y del PP, según el texto que publicó íntegro eldiario.es.

Los contactos del abogado de Correa con Anticorrupción se iniciaron a la par que los del letrado del empresario Alfonso García-Pozuelo. Estos, sin embargo, llegaron a buen puerto. Correa también entró en contacto con las acusaciones populares, pero se retiró de forma inesperada. El motivo, el maletero de un coche lleno de dinero, según publicó Interviú.

Nuevos movimientos

Los últimos movimientos de Correa mantienen en vilo a las defensas de los otros acusados. De forma preventiva, los abogados se ponen en el peor de los escenarios para sus defendidos: una confesión total de Correa que convierta las estrategias preparadas para la vista en inservibles.

En privado, califican esa posibilidad como una “declaración de guerra”, sustentada en lo que consideran falsedades para obtener una rebaja en la petición de condena. “Si eso se produce, sacamos el cuchillo. No tengo limitaciones de mi cliente. Puedo llamar a declarar a quien considere de testigo, Aznar incluido”, dice el letrado de uno de los principales acusados.

Correa dejó días antes del juicio a su abogado de oficio para recuperar a Juan Carlos Navarro, el letrado que le defendió en un principio en la causa de Valencia y con el que rompió por discrepancias en la estrategia. “Paco es una persona complicada”, señala otro abogado que le representó en el pasado.

Navarro defiende en Valencia al antiguo hombre fuerte del PP valenciano Juan Cotino, quien también contrató los servicios de este letrado para intentar acabar con el policía que ha dirigido toda la investigación de Gürtel.

Navarro asegura haber aceptado representar a Correa en el juicio solo si la intención del acusado es colaborar para llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que arrastre al resto de acusaciones. Otros abogados personados en la causa desconfían de que la Fiscalía General del Estado vaya a dar luz verde a las fiscales del caso para que acepten un acuerdo con una confesión directa a la línea de flotación del Partido Popular.

Hasta ahora, Correa ha hecho dos gestos públicos de buena voluntad que pueden resultar insuficientes. Presentó una semana antes del juicio un escrito en la Audiencia Nacional en el que expresa su “voluntad de proceder a la completa reparación del daño” y ponía a disposición del tribunal 2,2 millones de euros de los 20 que tiene inmovilizados en Suiza para atender a la cantidad que le reclama la Comunidad de Madrid.

El abogado de la Comunidad, sin embargo, elevó la cifra que el acusado debería reintegrar a la Administración autonómica hasta los cinco millones de euros. Fue durante su intervención en las cuestiones previas, que abren el juicio y en las que las partes pueden solicitar más testimonios o incorporaciones de pruebas, o renunciar a otros. La defensa de Correa desistió de plantear cuestiones previas como otro gesto hacia las acusaciones.

En el lado discreto de la estrategia están nuevos contactos con la Fiscalía, “acercamientos”, según los definen fuentes conocedoras de los mismos. Estas añaden que no se han concretado en nada mientras el abogado de Francisco Correa aguarda una llamada de Anticorrupción que asegura no llega.

El juicio se reanuda este lunes, pero la declaración de Correa no será antes del martes, aunque podría demorarse hasta el jueves o el viernes. Se enfrenta a una petición máxima de condena en este juicio de 125 años de cárcel.

La legislación española impide que cumpla en prisión el triple de la pena que lleva aparejada el delito más grave por el que se le condene. No es lo mismo ser condenado a siete años por ese delito, más de 20 en total, que a dos, con los que cumpliría un máximo de seis. A estos hay que descontar los más de tres que ya ha pasado en prisión provisional.

Esta sería la principal motivación de Correa para buscar un acuerdo con la Fiscalía y el resto de acusaciones. Pero tiene una objeción. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia debe fallar en el caso Fitur, una sentencia que Correa aguardaba para antes del juicio principal de Gurtel. ¿Para qué confesar si la condena de Valencia ya le garantiza una larga estancia en prisión?, se puede resumir el planteamiento.

“Ahora o nunca”

En los últimos días, Correa ha recibido la recomendación de tirar de la manta. “Es ahora o nunca”, le han trasladado personas de su confianza, bajo el argumento de que una dura condena en este proceso ya no tiene marcha atrás y anula cualquier posibilidad de utilizar en el futuro la información que pueda guardar el acusado.

El momento de la declaración de Correa dependerá de cuánto se prolonguen la fiscal Concepción Nicolás y los abogados del resto de las acusaciones al responder a las cuestiones previas de las defensas. También en cómo resuelva el tribunal dichas cuestiones previas. Lo puede hacer ‘in voce’, aunque por el tamaño del proceso, su relevancia y complejidad todo apunta a que se retirarán a deliberar. Algunas cuestiones serán resueltas por escrito antes de que comience el juicio y otras en la sentencia, según ha trasladado el propio tribunal a las partes.

El martes está habilitado para el juicio, pero antes que Correa declaran Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag; el empresario del acuerdo, Alfonso Gacía-Pozuelo; y el exconcejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández.

Fue la fiscal Nicolás quien solicitó en su primera intervención adelantar estas declaraciones para alarma de las defensas, que han exigido que se aclare si hay un pacto con ellos. Todo apunta a que los tres van a asumir los hechos que se les imputan y queda por despejar la incógnita de a quién podrían implicar con su confesión. Los abogados que sospechan de un pacto oculto creen que la Fiscalía quiere allanar con esos testimonios una supuesta confesión de Correa.