Parlamento navarro aprueba el dictamen de la proposición de Ley de reconocimiento y reparación de las víctimas de 1936

La Comisión de Presidencia, Justicia e Interior del Parlamento de Navarra ha aprobado el dictamen en relación con la proposición de Ley Foral de reconocimiento y reparación moral de los ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936.

La proposición de Ley Foral presentada por Izquierda-Ezkerra tiene por objeto “recuperar, reconocer y rehabilitar la memoria histórica” de los represaliados a partir de los hechos que dieron lugar a la implantación de la dictadura, a través de una serie de actuaciones a desarrollar en colaboración con “ayuntamientos, entidades académicas y asociaciones de familiares de fusilados y de Memoria histórica”.

Entre las medidas de reconocimiento “público permanente” a impulsar desde el Gobierno de Navarra se incluyen la celebración anual de un acto institucional dedicado a la memoria de los presos encarcelados en el Penal del Fuerte San Cristóbal; la inauguración del Parque de la Memoria de Sartaguda, al que se otorga el máximo nivel de protección, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, y la instalación (en tres meses) de sendas placas bilingües en la fachada de Diputación y en el Atrio del Parlamento, con la relación de los funcionarios, personal y cargos electos asesinados como consecuencia de la sublevación militar.

A modo de “homenaje” a los navarros recluidos en campos de concentración europeos debido a su lucha “contra el fascismo y la libertad tras el golpe de estado franquista y durante la II Guerra Mundial”, en el plazo máximo de un año se colocará también una placa en cada uno de los internados donde haya habido presencia navarra. UPN y PPN se han opuesto a esta enmienda in voce que, suscrita por PSN, Aralar-Nabai, I-E y los no adscritos, ha recabado también el voto a favor de Bildu.

Además, a instancias de Bildu, se promoverá la anulación de todas las “distinciones, nombramientos, títulos, honores y demás formas de exaltación de personas vinculadas al régimen franquista”. Para ello, las Administraciones públicas de Navarra dispondrán de un año para expedir las correspondientes certificaciones, que posteriormente remitirán al Gobierno de España. UPN y PPN han votado en contra de esta enmienda, que ha recabado el apoyo del resto de grupos.

En ese contexto y con el ánimo de “deslegitimar definitivamente” los instrumentos jurídicos del franquismo, el Gobierno de Navarra solicitará al Estado la nulidad de todos los juicios que, por “motivos políticos vinculados a la República, a la Guerra Civil o a la defensa de la democracia”, llevaron a cabo tribunales militares o civiles, incluida la cancelación de los fallos emitidos por Consejos de guerra, tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial de represesión de la Masonería y el Comunismo, y Tribunal de Orden Público (TOP). Sólo UPN y PPN se han opuesto a la enmienda in voce presentada por PSN, Aralar-Nabai, I-E y los no adscritos, que también ha respaldado Bildu.

No ha prosperado, sin embargo, la petición formulada por Aralar-Nabai para solicitar al Ministerio de Defensa la propiedad del Fuerte San Cristóbal, donde sugería ubicar un Museo de la Memoria histórica, previa constitución de una comisión ocupada en tareas de mantenimiento y, a futuro, rehabilitación del edificio. El respaldo de Bildu e I-E ha sido insuficiente ante el rechazo de UPN y PPN y la abstención de PSN.

BÚSQUEDA Y CENSO

En otro orden de cosas, la proposición de Ley pretende que la Administración “asuma” la tarea de búsqueda, así como la elaboración de un censo “riguroso” de desaparecidos, de modo que se “garantice a las familias el derecho a conocer dónde están sus allegados, dado que hay más de mil asesinados en paradero desconocido”.

La elaboración de dicho inventario, constituido en registro administrativo de carácter público, correrá a cargo del Centro Documental de la Memoria Histórica de Navarra. De cara a facilitar una investigación administrativa lo más “rigurosa y transparente” posible, se advierte que cualquier persona que descubra restos susceptibles de pertenecer a desaparecidos durante la guerra civil o la dictadura debe comunicarlo “inmediatamente” a la Administración Foral.

En ese afán de ir “esclareciendo” las desapariciones, se ordena la creación de un Banco de AND que, dependiente del Instituto de Medicina Legal de Navarra, se encargará de conservar las muestras de restos óseos procedentes de las exhumaciones realizadas en la Comunidad Foral. Cualquier familiar podrá solicitar que le sean tomadas muestras para, en el plazo de tres meses desde su requerimiento, secuenciar y comparar su AND con los datos almacenados en dicho Banco.

La norma, que recoge el protocolo de exhumaciones y el acuerdo suscrito con el Ministerio de Justicia, apuesta por mantener y, en su caso, “actualizar” el mapa de fosas de Navarra, para lo cual la Administración “dispondrá la correspondiente partida en los Presupuestos Generales”.

La proposición dispone, además, la figura de Lugar de la Memoria Histórica de Navarra, una serie de enclaves “reconocidos, preservados y con los gastos de mantenimiento a cargo del Gobierno”, tales como “fosas, lugares de detención, obras públicas realizadas por esclavos o espacios destacados en los sucesos de aquella época”. La declaración corresponderá al Ejecutivo, a propuesta vinculante de la Comisión Técnica de Coordinación en materia de Memoria Histórica, un órgano en el que, amén del Parlamento y las Administraciones Públicas, estarán representadas diversas entidades y asociaciones relacionadas con la materia.

Por último y en aras a “mejorar la calidad democrática de nuestro sistema institucional”, la Ley significa que Navarra “procurará la aplicación de la doctrina de las Naciones Unidas sobre crímenes contra la Humanidad”. Esta aportación, como las relativas al censo, al Centro Documental, al Banco de AND y a la Comisión Técnica de Coordinación, ha sido producto de otra enmienda in voce presentada por PSN, Aralar-Nabai, I-E y los no adscritos, que ha salido adelante con el apoyo de Bildu y la oposición de UPN y PPN.

En el transcurso del debate realizado en Comisión se han discutido 34 enmiendas, de las que se han aprobado 19, las cinco in voce consensuadas por PSN, Aralar-Nabai, I-E y los no adscritos, 2 de las 5 in voce de PSN, 7 de las 14 de Aralar-Nabai y 5 de las 8 registradas por Bildu.