La Audiencia Nacional rebaja la operación de Interior contra los combatientes en Ucrania
El despliegue policial del Ministerio del Interior para detener el 27 de febrero a ocho españoles que habían combatido en Ucrania no ha logrado impresionar a la Audiencia Nacional. Habrá transcurrido casi un mes desde la operación cuando el juez Santiago Pedraz se disponga a interrogar a tres de los arrestados el 26 de marzo, informaron a eldiario.es fuentes jurídicas. Los otros cinco, residentes fuera de Madrid, ni siquiera deberán desplazarse a la Audiencia Nacional y declararán por exhorto en juzgados próximos a sus domicilios en días posteriores.
A primera hora de la mañana del 27 de febrero saltaba la noticia: la Comisaría General de Información –estructura antiterrorista de la Policía– llevaba a cabo una operación en distintos puntos de España contra un grupo de personas que habían regresado en los últimos meses de la región ucraniana de Donbass, donde habían combatido en las filas prorrusas. Surgía la duda de qué delitos se podían atribuir a los arrestados, ya que las milicias en las que habían combatido no figuran en ninguna lista nacional o internacional como un grupo terrorista.
Horas después, el Ministerio del Interior enunció sus acusaciones: tenencia de armas y explosivos, delitos de asesinato y violentar la neutralidad de España. En los registros no se encontró armamento, por lo que en principio la acusación se fundamentaba en las fotos y vídeos que los detenidos mostraban a través de las redes sociales. En cuanto a la acusación más grave, la de asesinato, el Ministerio del Interior explicó que los batallones en los que presuntamente combatieron habían participado en la muerte de personas durante los enfrentamientos armados.
“En el conflicto en el que participaron los detenidos hay cientos de civiles muertos, la mayoría de nacionalidad ucraniana. Algunos de estos actos han sido calificados de acciones terroristas por las autoridades de aquel país”, decía la nota de Interior difundida. El departamento de Jorge Fernández Díaz añadía en ella que los arrestados podían haber comprometido “la paz o la independencia del Estado, al tratarse de españoles que, al participar en el conflicto armado, violentan la neutralidad que España ha de mantener en relación con la comunidad internacional”.
El artículo 591 del Código Penal castiga con penas de 4 a 8 años a quien, “durante una guerra en que no intervenga España, ejecutare cualquier acto que comprometa la neutralidad del Estado o infringiere las disposiciones publicadas por el Gobierno para mantenerla”. Interior se refería primero a posibles acciones terroristas para inmediatamente después acusar a los arrestados de un delito que solo puede ser cometido participando en una guerra.
Operación Danko
Para bautizar el operativo, la Policía recurrió al nombre del policía soviético que interpreta Arnold Schwarzenegger en la película Danko: calor rojo. La operación Danko movilizó a decenas de agentes de los servicios centrales antiterroristas y de las Brigadas de Información de seis provincias españolas. Una vez efectuados los registros de sus viviendas y trasladados a comisaría, la propia policía fue dejando marchar a los detenidos a última hora de la noche. Interior renunciaba a retenerlos hasta ponerlos a disposición judicial. Una puesta en libertad de los arrestados tras declarar en la Audiencia Nacional podría haber dejado en evidencia el dispositivo desplegado.
La operación fue supervisada por el juez Santiago Pedraz, quien en ese momento contaba únicamente con el atestado policial de las investigaciones. El Ministerio del Interior evitó los juzgados locales y recurrió a la Audiencia Nacional porque es el tribunal competente para investigar delitos cometidos en el extranjero por españoles. Tras las tomas de declaración, el juez Pedraz decidirá sobre la solidez de esos indicios presentados por la Policía y acerca de si los hechos descritos encajan en el Código Penal español.
Como señalaba la nota de Interior, la operación policial es la primera que se ha desarrollado en Europa contra retornados del conflicto en Ucrania. La próxima semana se conocerá con qué resultado judicial.
