Pensionistas: la punta del iceberg del regreso de la movilización social
La calle bulle. Más allá de la gran movilización que el jueves sacó a decenas y decenas de miles de personas en toda España a reivindicar al Gobierno unas pensiones dignas. Una reivindicación que desbordó la seguridad del Congreso de los Diputados, tan protegido en otros momentos, pero que ya llegó el pasado mes de enero a la sede de la soberanía popular ante el estupor de muchos que habían teorizado que el tsunami del 15M estaba en reflujo definitivo, amansado por la institución y controlado para siempre por los diques del “¡a por ellos!”. En Murcia, Andalucía, Castilla y León u Ourense, la marea vuelve a subir. Y puede rebosar al resto de España.
El larguísimo ciclo de movilizaciones sociales que trajo la crisis de 2008 y su gestión tuvo como punto álgido aquel mayo de 2011 en el que se llenaron las plazas de medio país. Y la Huelga General de 2012. El terreno lo habían preparado experiencias previas, y presuntamente inconexas, como las mareas por la sanidad, la educación o en defensa del agua; la PAH y su resistencia activa ante los desahucios; la denuncia de la estafa de las preferentes; y las luchas juveniles ante la pérdida de un horizonte de certezas.
El epílogo lo pusieron las Marchas de la Dignidad, una multitudinaria marea humana llegada a Madrid desde toda España. Centenares de miles de personas llenaron la Plaza de Colón y las vías aledañas el 22 de marzo de 2014. El violento final de la manifestación emborronó el rotundo éxito de una convocatoria que tuvo a IU y sindicatos en su gestación.
Después llegó Podemos y el teorizado “reflujo” en la movilización que unos achacan, precisamente, al estallido del partido que lidera Pablo Iglesias mientras otros apuntan a que los morados recogieron el testigo electoral de un empuje que ya flaqueaba, ante el ninguneo de un Gobierno instalado en la mayoría absoluta cosechada por el PP en 2011.
Sea como fuere, casi cuatro años después de aquel punto de inflexión la calle vuelve a agitarse. Y otra vez en distintos puntos del Estado y por motivos inconexos, en apariencia. No es un resurgimiento puntual. La protesta por unas pensiones dignas son un punto más en una cadena de movilizaciones de distinta naturaleza que solo han asomado a la mayoría de los medios de comunicación de forma irregular. Y a la televisión, principal lugar de información para la ciudadanía, en momentos puntuales.
De Gamonal a Murcia: empoderamiento popular
En enero de 2014 un conflicto vecinal en Burgos adquirió relevancia nacional por los disturbios que se produjeron entre policías y manifestantes del barrio de Gamonal de la ciudad castellanoleonesa. La chispa: unas obras que pretendía remozar uno de los bulevares del vecindario. Tras vario días de protestas, enfrentamientos, heridos y polémicas en televisión, el alcalde cedió y detuvo sus planes.
Aquel tipo de conflicto fue bautizado por el sociólogo Jaime Miquel como gamonales. Autoorganización vecinal para (intentar) revocar una decisión política tomada, en principio, de forma legítima por los gobernantes.
El relevo de Gamonal lo toma ahora Murcia, cuyos vecinos dan la batalla desde hace meses para que la futura línea de AVE que comunicará Madrid con la capital de la Región no parta en dos uno de sus barrios más populosos. Otra vez los enfrentamientos con la policía fueron el catalizador para que la protesta saltara a los medios estatales, pese a que el asunto colea desde 2015.
El triunfo de Burgos no se ha reproducido en Murcia. Al menos de momento. Pero la presión vecinal ha obligado al Gobierno a plantear alternativas y la lucha, 160 días después, no ha terminado.
Sanidad y pensiones: la lucha social
Galicia, Castilla y León o Andalucía han protagonizado en los últimos meses las movilizaciones para defender una sanidad pública de calidad. La más famosa ha sido la liderada por spiriman en Granada.
Pero plataformas ciudadanas con presencia de partidos y asociaciones han organizado protestas en otros lugares. Por ejemplo, contra la reforma hospitalaria de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo.
En Galicia, uno de los focos de tensión está en Ourense, donde un grupo de trabajadores se encerró en el Complexo Hospitalario contra el cierre de camas. Recientemente se ha constituido la Asociación de Usuarios y Pacientes, lo que anticipa la continuidad de las protestas.
También se ha constituido la Coordinadora de Plataformas por la Sanidad Pública de Castilla y León. El pasado 20 de enero decenas de miles de personas se manifestaron en Valladolid contra la política sanitaria del Gobierno del PP.
El éxito de un proceso que todavía sigue en marcha se constató dos días después: El consejero de Sanidad de Castilla y León fue pillado como el verdadero autor de un manifiesto “espontáneo” de apoyo a su gestión.
Pero nada es comparable a lo ocurrido el jueves en toda España. Decenas de miles de pensionistas se congregaron en las principales ciudades del país.
Una semana antes ya se produjeron concentraciones convocadas por UGT y CC OO al grito de “manos arriba, esto es un atraco” y “el 0,25 es una mierda”.
Estas protestas tiene proyección. La autodenominada Marea Básica tiene previsto arrancar en marzo una marcha a pie desde León a Madrid para reivindicar una renta básica universal e incondicional.
Precariedad: sindicato de inquilinos y conflicto laboral
También en el ámbito laboral se producen protestas y movilizaciones. Algunas han ganado repercusión mediática, como la lucha contra el cierre de la embotelladora de Coca-Cola en Fuenlabrada (Madrid) o la de las kellys, las camareras de piso que limpian las habitaciones de los hoteles.
Pero también los trabajadores de Airbus, los riders de Deliveroo, los estibadores hace unos meses o los taxistas contra Uber o Cabify protagonizan luchas laborales de diferente calado y cariz.
El pasado 10 de febrero hubo una protesta masiva en 33 ciudades españolas para denunciar la precariedad en múltiples ámbitos, como el laboral o el de los cuidados, cuya organización escapa de los métodos clásicos. El movimiento de las kellys comenzó con un grupo de Facebook en el que las camareras de piso se desahogaban sobre sus condiciones laborales.
Los chats como Whatsapp y Telegram se han convertido en grupos de trabajo para organizar las acciones de colectivos como las espartanas de Coca-Cola y los riders de Deliveroo.
Este mismo fin de semana el recién creado sindicato de inquilinos de Catalunya, junto a la PAH y asociaciones de vecinos, se manifiestan en defensa de 150 familias de Sant Joan Despí (Barcelona) que quieren ser desalojadas de sus viviendas por Goldman Sachs que ahora es la dueña del edificio y que, denuncian, quiere subir los alquileres en un 40% y 100%.
¿Un 2018 caliente?
La protesta de los pensionistas este jueves ha vuelto a poner el foco en la protesta social, oculta durante meses por lo ocurrido en Catalunya.
En los próximos meses se prevé un aumento de las movilizaciones que tendrá su primera parada este 28 de febrero, durante la celebración del Día de Andalucía. Partidos y movimientos sociales saldrán a la calle en defensa de los servicios públicos. Los organizadores esperan un gran éxito en una comunidad que, sí o sí, inaugurará el próximo ciclo electoral.
Después llegará el 8 de marzo y la primera huelga general de mujeres que se convoca en España. Una convocatoria que viene precedida de un desborde en el movimiento feminista que ha cogido por sorpresa incluso a sus promotoras.
En noviembre de 2017, miles y miles de personas marcharon por Madrid contra las violencias machistas y con la defensa de la mujer violada por La Manada, cuyo juicio está pendiente de sentencia por la Audiencia Provincial de Navarra.
En el horizonte, mayo. El fin de semana del 26 y 27 recogerá el testigo de las protestas contra la precariedad del pasado 10 de febrero, con una marcha sobre Madrid.
