Piden la imputación de exministros en una querella argentina contra el franquismo

Los abogados que llevan la querella presentada en Argentina contra los crímenes del franquismo han solicitado la imputación de los exministros Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina y Fernando Suárez, por sus responsabilidades cuando ejercían sus cargos.

Los letrados Carlos Slepoy y Ana Messuti, que han comparecido hoy en Madrid en rueda de prensa para dar cuenta de sus gestiones en la causa, destacaron que ésta se inspira en el “principio de justicia universal”.

Slepoy ha destacado que ésta la única vía judicial abierta en este momento y ha afirmado que espera que se dicten órdenes internacionales contra estas personas y pidan su extradición.

A Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales (1975-1976) se le piden responsabilidades por la muerte en Vitoria en marzo de 1976 de cinco trabajadores por una carga policial; a Utrera Molina, ministro de Vivienda en 1973, por su responsabilidad en la pena de muerte de Salvador Puig Antich, ajusticiado a garrote vil en 1974.

A Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975, se le pide la imputación por su responsabilidad en la pena de muerte de las cinco personas fusiladas en septiembre de 1975 (dos miembros de ETA y tres del FRAP).

A la querella, que fue presentada ante un juzgado de Argentina en abril de 2010, se han sumado más de 150 personas, y cuenta con el apoyo de cientos de organizaciones, entre ellas IU y ERC, cuyos representantes Gaspar Llamazares y Joan Tardá estuvieron presentes en el acto.

Según Llamazares, el “Gobierno español se sitúa como un forajido” al margen de la ley, al no asumir los compromisos internacionales ni los del gobierno anterior y no ratificar el convenio contra la desaparición forzosa.

Joan Tardá, diputado de ERC, se ha referido a cómo otros países han “metabolizado” su pasado, en referencia a Chile, Argentina o Sudáfrica y ha denunciado que “el único que no lo a hecho es el Estado español”. “Es absurdo -dijo- que el modelo español de impunidad se blinde”.

También ha apoyado esta causa un representante de Amaiur, presente en la rueda de prensa.

Entre los representantes de organizaciones que apoyan esta causa, Fausto Canales, de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica, ha anunciado la intención de promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Slepoy y Messuti están en España pasa asistir a la declaración de doce personas por videoconferencia ante la jueza argentina María Servini de Cubría, encargada de la querella, las primeras previstas este sábado.

La jueza argentina suspendió el pasado septiembre su viaje a España para reunir testimonio de las víctimas porque la Corte Suprema de Justicia argentina limitó las condiciones que había solicitado.

Además de la toma de declaraciones, la jueza ha aceptado la petición de los abogados de solicitar a los consulados argentinos en el mundo que acepten las denuncias que presenten las víctimas, lo que supone la “internacionalización” de la causa.

La magistrada tiene pendiente otra petición de los abogados personados en la causa, la presentación de un escrito de imputación.

La querella se presentó por “delitos de genocidio y/o lesa humanidad” cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y abarca el periodo entre julio de 1936, fecha del levantamiento militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras la dictadura.

La causa fue abierta en Buenos Aires en virtud del principio de justicia universal y muchas víctimas del franquismo se han unido a la querella argentina después de que el juez Garzón fuera suspendido de sus funciones en 2010 y luego inhabilitado en febrero de 2012 por ordenar escuchas policiales entre los cabecillas de la trama Gürtel.