La pobreza energética provoca nuevas iniciativas de la oposición ante la llegada del frío
La cercanía del invierno ha vuelto a situar el drama de la pobreza energética en la agenda de los grupos parlamentarios. La brevedad de la anterior legislatura ha hecho que todas las propuestas que fueron aprobadas entonces en el Congreso hayan quedado en papel mojado. Entre ellas, la ley 25 de Emergencia Social de Unidos Podemos, que salió adelante con los únicos votos en contra del PP. Ahora, varios grupos de la oposición han vuelto a plantear iniciativas encaminadas a paliar el grave problema que siguen sufriendo miles de hogares en nuestro país.
El 17 de octubre se celebró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Ese día, Pablo Iglesias salió a la calle para presentar en Madrid la iniciativa Vamos¡ con la que los dirigentes de Podemos pretenden concienciar a la ciudadanía del peso que tiene para propiciar cambios en las políticas del Gobierno.
“Cinco millones de compatriotas van a pasar frío por no poder pagar la calefacción”, exclamó Iglesias, que reconoció que su grupo no tiene suficientes diputados en el Congreso para revertir esta situación. “No tenemos la fuerza para acabar con la corrupción de las grandes eléctricas. Los 67 diputados [de Unidos Podemos y las confluencias] son muchos, pero no suficientes. Nos hacéis falta vosotros”, clamó.
Según denuncia el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) sobre el estado de la pobreza en España, hace ya cinco años que nuestro país se comprometió a sacar entre 1,4 y 1,5 millones de personas de la pobreza y la exclusión. Pero, según los datos que aporta dicho informe, ese objetivo “no se alcanzará de mantenerse las tendencias actuales”. Sus autores afirman que “es necesaria una estrategia nacional contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad que contemple un glosario de medidas entre las que ha de destacar un verdadero sistema nacional de rentas mínimas”.
Más de 13 millones de personas viven en España en riesgo de pobreza o de exclusión social, lo que supone el 28,6% de la población. De esa cifra, 3,5 millones se encuentran en situación de pobreza severa. Además, el informe destaca que España es el tercer país con mayor desigualdad de la UE.
“La tasa de desigualdad creció entre 2009 y 2015 en todas las comunidades autónomas excepto en Extremadura y Canarias, en las cuales la disminución fue puramente testimonial (0,2 y 0,3 puntos porcentuales que equivalen a una reducción del 1%), especialmente si se tienen en cuenta sus altísimas tasas iniciales”, resume.
La oposición reclama medidas urgentes
Ante esta situación, varios grupos parlamentarios han presentado, o están preparando, diversas iniciativas para obligar al Gobierno a tomar medidas urgentes para garantizar el suministro de energía a los hogares más necesitados y evitar así su exclusión social.
Una de las primeras propuestas que se ha debatido hace escasos días en la Comisión de Industria y Energía del Congreso ha sido una proposición no de ley (PNL) de Ciudadanos en la que se insta al Gobierno a crear un fondo de protección con participaciones de comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas con el objetivo de paliar los efectos de la pobreza energética.
En el texto se pide que las empresas suministradoras de energía estén obligadas a avisar a los usuarios ante un eventual corte de interrupción del suministro. Y la regulación de un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de electricidad, gas natural y butano para los hogares con poder adquisitivo reducido.
La iniciativa contó con el apoyo de todos los grupos, excepto Unidos Podemos y ERC que se abstuvieron al ver rechazadas todas sus enmiendas. El diputado de la formación morada, Rafael Mayoral, que defendió modificaciones sobre el cobro de los Costes de Transición a la Competencia y a una tarifa progresiva, pidió “no mirar la pobreza energética como si fuera un fenómeno de la naturaleza”.
La portavoz de Industria de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, dijo que “la pobreza energética es real y hay que paliarla porque afecta a la salud de los ciudadanos, y también puede influir en el aislamiento social”. Rodríguez recordó que en España “uno de cada diez hogares no tiene recursos para calentar su casa en invierno por encima de los 18 grados” y que esta situación “puede influir en el aislamiento social y en la mortalidad”.
Los efectos de la liberalización del sector
Unidos Podemos está a la espera de que la Comisión de Industria debata una PNL propia presentada a mediados de septiembre sobre “liquidación del exceso de compensación mediante Costes de Transición a la Competencia cobrados por empresas del sector eléctrico”.
La propuesta insta al Gobierno a “explorar todas las vías posibles que permitan recuperar las cuantías abonadas en exceso en concepto de Costes de Transición a la Competencia y las ganancias inmerecidas obtenidas en el periodo post-CTC”. La iniciativa reclama “impulsar una auditoría energética independiente de la composición del déficit tarifario” y “modificar en profundidad el funcionamiento del mercado eléctrico, con el objetivo de reducir el precio final de la energía eléctrica y de garantizar un sistema transparente, equitativo y de fomento de las energías renovables”.
El PSOE también registró el pasado mes de julio en el Congreso una iniciativa muy similar en la que además denuncia que la liberalización del sector eléctrico y el de hidrocarburos, que pretendían favorecer la bajada de precios a los consumidores, no ha tenido ese efecto, sino el contrario.
El objetivo de la proposición socialista es pedir al Gobierno que garantice “un suministro eléctrico y/o de gas imprescindible para las condiciones mínimas de vida digna asociadas a la vivienda habitual, suministrado a un precio asequible para el consumidor vulnerable”. Y, por otro lado, “prohibir la desconexión a dichos clientes en períodos críticos”.
“Los precios de los distintos suministros energéticos para los consumidores finales españoles no han dejado de subir en los últimos años y lo han hecho más que el coste medio de la vida y también más que en otros países europeos”, señalan los socialistas.
“Las consecuencias de este encarecimiento son absolutamente negativas. Los consumidores domésticos, especialmente los más vulnerables, reducen su poder adquisitivo mientras deben hacer frente a facturas cada vez mayores por calentar su casa o encender la luz”, prosiguen.
El PSOE cree que si en otros países europeos existen marcos protectores para los consumidores más vulnerables, “en España estas medidas podrían tener efecto inmediato si existe voluntad política”.
Por ello piden que las Cortes asuman cuanto antes “esa prioridad para empezar a resolver una cuestión que no ha tenido hasta el momento un tratamiento acorde con el calado del problema”.
Desde ERC recuerdan que en las anteriores y breves legislaturas ya presentaron iniciativas sobre pobreza energética, un tema que les preocupa especialmente dado que es “un drama que sigue aumentando en España”. Los republicanos de momento han presentado una en la que piden “la dotación de un fondo de 800 millones de euros para combatir la pobreza infantil”, aunque anuncian que plantearán otras. ERC también recuerda que el Tribunal Constitucional anuló el pasado mes de abril el decreto que aprobó el Govern de la Generalitat sobre la pobreza energética.
