Podemos pone en guardia a sus dirigentes autonómicos ante la crisis del PSOE
Las relaciones entre Podemos y el PSOE han marcado el debate interno en las últimas semanas en el partido que lidera Pablo Iglesias. La implosión de los socialistas y la caída de Pedro Sánchez han rebajado mucho la tensión. Podemos ya no se enfrenta al dilema inmediato de cómo apoyar una ya imposible investidura de un Gobierno alternativo al de Mariano Rajoy. La discrepancias se trasladan ahora a los gobiernos autonómicos.
Pablo Iglesias apuntaba el lunes por la mañana que será “la militancia y las direcciones de cada territorio” las que decidan qué hacer “si hay presidentes autonómicos [del PSOE] que colaboran en entregar el Gobierno de España al PP”. El secretario general sí apuntaba una conclusión: “Calculo que nuestra militancia y nuestras direcciones en esos territorios tomarán nota”.
Apenas unas horas después, el portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, matizaba la idea para ampliar el mensaje. Tras recordar que el PSOE gobierna en todas las regiones gracias al apoyo de Podemos y que muchos Ayuntamientos del cambio se apoyan en el PSOE, Errejón señalaba como “legítimo” que el PSOE decida dejar gobernar al PP en el Estado.
“No les vamos a acompañar y entiendo que haya a quien le rechine esa incoherencia”, señalaba el número dos del partido. Para Errejón, la escala autonómica y la nacional son distintas, pero reconoce que la aplicación de los programas pactados en las regiones puede ser incompatible con un PP cuatro años más en La Moncloa. “Entiendo que haya quien quiera tomar nota y entiendo que haya quien le rechine, pero son dos escalas diferentes”, reiteraba.
Un día después, mientras PSOE y PP intentan forzar al otro a dar el primer paso hacia un posible acuerdo, Iglesias subía un punto el tono dialéctico al calificar de “fraude” que haya presidentes autonómicos que se apoyen en Podemos mientras abogan por una abstención en el Congreso.
Buena sintonía en Valencia y Baleares
La dirección de Podemos no quiere que se produzca una ruptura automática en ayuntamientos o comunidades si finalmente el PSOE se abstiene en la investidura de Rajoy. Que no se convierta en un intercambio de cromos ni en una imposición desde Madrid. La solución: que cada región tome su decisión. Eso sí, en coordinación con la dirección nacional.
Es lo que pasó en 2015. Tras las elecciones autonómicas, la dirección de Podemos dio vía libre a sus cúpulas territoriales, constituidas apenas tres meses antes, para que negociaran los apoyos al PSOE que consideraran oportunos en sus regiones. Con una salvedad: se prohibía formar parte de esos gobiernos.
El resultado de aquel proceso fue asimétrico. Y así sigue. En el País Valencià o Baleares la sintonía fue alta y solo el veto a los gobiernos de coalición impidió que Podemos entrara en dichos ejecutivos, por lo que se cerraron acuerdos sólidos de legislatura. En ambas regiones el pacto incluía a una fuerza nacionalista de carácter autonómico: Compromís en Valencia y el Mès en Baleares.
Podemos ha acabado cerrando coaliciones electorales en las generales con ambas. Con Compromís ya en diciembre y con el Mès solo en junio.
La directriz que impedía entrar en los ejecutivos autonómicos decayó en 2016, en plenas negociaciones con el PSOE y cuando el PSC entraba en el Gobierno municipal de Barcelona. Pese a algunos intentos, principalmente en la Comunidad Valenciana, no se ha producido esa integración.
Acuerdos de investidura
En Castilla-La Mancha o Aragón el acuerdo de legislatura fue más leve. Tanto, que en Podemos lo consideran un pacto de investidura condicionado. Y los roces con el PSOE han sido constantes. El lunes 26 de septiembre, de forma inesperada, Podemos daba “por muerto” el pacto de legislatura en Castilla-La Mancha y retiraba su apoyo al presidente, Emiliano García-Page.
El líder de Podemos en la región, José García Molina, aseguraba ante la prensa en una declaración sin preguntas que el PSOE había incumplido el acuerdo suscrito por ambos partidos poco más de un año antes.
García Molina, muy próximo a Iglesias, aseguró que no se podía “ignorar ni soportar” por más tiempo la posición “indolente” del Gobierno de García-Page. Ese Ejecutivo, denuncian desde Podemos, ha actuado sin tener en cuenta a su socio.
El anuncio llegó unos días antes de que los críticos de Pedro Sánchez le tumbaran en el convulso Comité Federal del fin de semana siguiente. Y cuando en Podemos surgían las primeras voces que apostaban por dar la investidura a Sánchez sin reclamar un Gobierno de coalición. Unas voces tímidas y nunca en público con una excepción: la de la líder del partido en Andalucía, Teresa Rodríguez. Salvo ella, la única posición fuerte era la del secretario general estatal: gobierno de coalición o nada.
Ese mismo lunes se reunía el Consejo de Coordinación de Podemos. En la rueda posterior a la ejecutiva del partido, el secretario de Organización, Pablo Echenique, circunscribía la ruptura a Castilla-La Mancha, pero advertía: “La relación es de permanente evaluación y control”.
Echenique es, además de número tres del partido a nivel estatal, el secretario general en Aragón, donde el socialista Javier Lambán gobierna gracias al apoyo externo de Podemos, IU y la Chunta Aragonesista. Las relaciones entre PSOE y Podemos se fijaron en un decálogo cuyo cumplimiento se evalúa desde el Observatorio Ciudadano para el Cumplimiento de las Medidas del Decálogo de Acuerdo de Investidura entre Podemos y PSOE, que se reunió por primera vez en octubre de 2015.
La evaluación, a ojos de Podemos, no ha sido especialmente buena. Pero apenas unas semanas antes de la ruptura en Castilla-La Mancha los cuatro partidos que propiciaron la investidura de Lambán acordaron nombrar presidenta de las Cortes de Aragón a la número dos de Podemos en la región, Violeta Barba, en sustitución del socialista Antonio Cosculluela, quien dimitió por incompatibilidad, y ante el riesgo de que el PP se hiciera con el puesto.
El acuerdo redujo la tensión. Pero lo ocurrido el 1 de octubre en el PSOE ha vuelto a revolver las aguas en la región.
Sin acuerdo
Una frase encendió las alarmas y desató una suerte de pánico que culminó unas horas después con un anuncio falso de ruptura también en Extremadura. Tanto Podemos como el presidente socialista de la región, Guillermo Fernández Vara, salieron a desmentirlo.
En resumen: no puede romperse un acuerdo que no existe. En Extremadura no hubo acuerdo pero la militancia optó por permitir el Gobierno del PSOE e irse a la oposición parlamentaria. Los presupuestos de 2016 se aprobaron ya avanzado el año y con el apoyo del PP.
En Asturias, como en Andalucía unos meses antes, las relaciones entre ambos partidos están rotas. Tanto Javier Fernández como Susana Díaz gobiernan con Podemos en una oposición sin matices que afecta también al nivel municipal.
