La Policía pidió a la Audiencia Nacional ilegalizar el 25S y detener a sus promotores
Unos días antes de celebrarse la manifestación del 25S, La Policía Nacional intentó prohibir esta protesta y detener a sus convocantes. Lo hizo a través de dos vías: la Policía primero buscó la complicidad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y después la del juez Santiago Pedraz. A ambos les trasladó una petición para ilegalizar la protesta de “rodear el Congreso” y ordenar la detención de sus principales promotores: las mismas ocho personas que fueron citadas a declarar y que hace unos días fueron exoneradas por el juez Pedraz.
La propuesta de la Policía Nacional se encontró con una doble negativa: ni la Fiscalía ni el juez Pedraz aceptaron respaldar esta petición, que consideraron contraria a derecho: “Habrían sido unas detenciones preventivas y eso no se puede hacer”, han explicado a eldiario.es fuentes de la Audiencia Nacional. Las mismas fuentes consideran que detrás de esta petición de la Policía se encuentra la mano del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Fue el mismo Cosidó quien dio por hecho que los detenidos tras la manifestación serían imputados por el juez por un delito contra las altas instituciones nacionales. “En el día de ayer se produjeron disturbios muy graves, se cometieron delitos contra las Cámaras, competencia de la Audiencia Nacional y así se han instruido los atestados de los detenidos”, aseguró Cosidó en la Comisión de Interior del Congreso el 26 de septiembre, una aventurada afirmación que después Pedraz dejó en evidencia.
La gestión del 25S ha sido el último choque de trenes entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Audiencia Nacional. Desde que Jorge Fernández Díaz gestiona esta cartera, los conflictos son casi constantes. Fernández Díaz –que no cuenta con demasiados apoyos en el Gobierno, más allá de la amistad personal con el presidente Rajoy– tuvo un duro enfrentamiento hace unas semanas con la Fiscalía a raíz de la excarcelación del etarra Iosu Uribetxebarria Bolinaga. En aquella ocasión, la Fiscalía no actuó sola: estaba respaldada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Los conflictos del ministro del Interior con la Fiscalía General del Estado y con la Audiencia Nacional no son los únicos frentes que tiene abiertos Fernández Díaz. También es mala su relación con la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, a la que permanentemente puentea, según fuentes de la Policía. Tal y como recordó el juez Pedraz en el auto donde archivó este caso, fue Cifuentes quien autorizó la misma manifestación del 25S que la Policía Nacional quería ilegalizar en los juzgados.
