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La Policía no ve ningún delito en los tuits con los que Fernández Díaz justificó su reunión con Rato

Fernández Díaz interviene ante la comisión de Interior del Congreso

Pedro Águeda

Acostumbrados a rastrear delitos de odio y amenazas preocupantes en el inabarcable universo de las redes sociales, los especialistas de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Policía concluyeron en poco tiempo que los 400 tuits que supuestamente preocupaban a Rodrigo Rato, y que según el ministro del Interior motivaron su encuentro del 29 de julio, no albergaban un solo delito que poner en conocimiento de la Fiscalía especializada o de un juzgado.

La cifra de mensajes en Twitter fue ofrecida por Jorge Fernández Díaz en sede parlamentaria como el preocupante indicio de que Rato y su familia podían estar en peligro. Y fue ese motivo, la seguridad del exvicepresidente y su entorno, el único que motivó al ministro del Interior a recibir a Rato, imputado en tres causas judiciales distintas, en su despacho por espacio de una hora.

Pero el peligro no era tal. O al menos así lo concluyeron los agentes de la UIT en un brevísimo espacio de tiempo, según trasladaron fuentes policiales a eldiario.es. De tal forma que no consta informe alguno sobre la supuesta investigación de la alarma. Rodrigo Rato, que goza de una escolta formada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía durante las 24 horas del día, no corría peligro por los comentarios vertidos en las redes sociales, a la vista del contenido de los mismos, concluyeron los policías especializados.

La excusa del ministro del Interior para recibir en la sede de su departamento a un individuo sobre el que pesan acusaciones por nueve delitos distintos en la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ya fue desmentida por el afectado antes de que Fernández Díaz compareciera en el Congreso. Interior reaccionó a la información de El Mundo con un comunicado en el que aseguraba que durante el encuentro se dejó de un lado la situación procesal del que fuera director del Fondo Monetario Internacional. Pero Rato hizo unas declaraciones a El País en las que aseguraba que habló con el ministro del Interior de “todo” lo que le está “pasando”.

La Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Policía es la estructura competente en la investigación de los delitos que se cometen en la Red, desde la pederastia hasta los de odio. En el caso del concejal de Madrid Guillermo Zapata, y ante los indicios de delito que podrían contener sus mensajes en Twitter, la UIT elaboró un informe que elevó a la Fiscalía para la Investigación de la Criminalidad Informática, que decidió no adoptar medidas. La UIT actúa de forma similar en cuanto encuentra posibles indicios de delito, pero en el caso de Rato ni siquiera valoró contar con el Ministerio Público o un juez.

Las explicaciones de Fernández Díaz en el Congreso de los Diputados no convencieron a ningún grupo de la oposición que, en bloque, solicitaron su dimisión. Al término de su intervención ante la comisión de Interior ya se oyeron expresiones como “milonga” por parte de los portavoces de los distintos partidos con representación parlamentaria. El PSOE llegó a denunciar al ministro ante la Fiscalía General del Estado.

Fernández Díaz reservó para su último turno de intervención una sorpresa. Según dijo, durante la legislatura se había reunido con otros “imputados y condenados” que al igual que Rato gozan de protección y que, añadió, gozan de todo su “respeto”. “Y no son del PP”, remató, sin ofrecer nombres.

La reunión de Fernández Díaz y Rodrigo Rato trascendió en plena investigación al exvicepresidente por presuntos delitos cometidos durante su actividad privada. En aquel momento había indicios de fraude fiscal, que posteriormente se han ampliado a otros de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.

Además, Rato lleva imputado casi tres años en la pieza principal del caso Bankia, que investiga la salida a bolsa de la entidad, previo falseamiento de sus cuentas cuando era presidida por él. Además, Rato debe responder por un presunto delito de administración desleal y/o apropiación indebida por haber autorizado y fomentado el uso de las tarjetas black, además de haber disfrutado de una con la que gastó 99.000 euros si se suma la etapa al frente de Caja Madrid y posteriormente de Bankia.

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