La opacidad de las agendas públicas impide controlar la actividad de los cargos
La reunión entre el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, ha avivado el debate sobre la necesidad de que las agendas de los altos cargos sean públicas. El encuentro en la sede del Ministerio de Interior salió a la luz por una filtración de la prensa y no porque el Gobierno, el ministro o sus gabinetes de prensa informaran de él. Fernández apeló en el Congreso a motivos de “seguridad” para ocultar no ya el contenido, sino la existencia misma de la cita. Un motivo que no convence a los grupos de presión en favor de la transparencia, que exigen no solo conocer con quién se reúnen los dirigentes, sino que se hagan informes públicos sobre el contenido de las mismas.
“Hemos elegido y estamos pagando a personas que gestionan nuestro país. Es obvio que debemos tener información sobre lo que hacen y con quién se reúnen”, asegura la directora de Access Info Europe, Helen Darbishire. Para Darbishire la polémica reunión entre Fernández y Rato demuestran que existen motivos para reivindicar que las agendas de los políticos españoles sean públicas. “Plantear la necesidad de mantener en secreto la reunión entre Fernández Díaz y Rato es completamente inaceptable porque tiene un alto interés público”, apunta.
Los grupos de presión defienden dar la vuelta a la norma general que impera en España. “Deberíamos tener acceso a la información de las reuniones con carácter general. La excepción se debería aplicar caso por caso, por ejemplo, para proteger a un disidente”, explica Darbishire. Un punto de vista que comparte la oposición en el caso de la visita de Rato al Ministerio del Interior, que no entrañaba ningún peligro para el ministro ni para el expresidente de Bankia, imputado por varios delitos. “Al señor ministro le han pillado en un renuncio. Ha puesto la excusa de la seguridad porque es la más plausible y aun así resulta increíble”, critica Ricardo Sixto, portavoz de la Izquierda Plural en la Comisión de Interior.
Darbishire cree esencial saber cómo es el día a día de los políticos, cuántas veces se reúnen por semana, con qué empresarios y en cuántas ocasiones con miembros de la sociedad civil. “Las agendas públicas no son peligrosas”, asegura la directora de Acces Info Europa. “No conozco ningún caso por el que haya habido problemas después de que un político haya decidido publicar su agenda”, zanja.
La excusa de la seguridad nacional
Para la oposición, la reunión entre Jorge Fernández Díaz y Rodrigo Rato debía haberse hecho pública, puesto que no entrañaba ningún peligro para el ministro, para el imputado o para la nación.
“El concepto de seguridad nacional es otra cosa, no depende de una sola persona”, asegura Darbishire que cree que no habría que publicar las agendas solo en el caso de que “los servicios de inteligencia tuvieran informaciones de que alguien quisiera matar al ministro o atentar contra el Ministerio”. “Yo lo que veo es que en Europa muy pocos ministros han necesitado este tipo de protección”, confirma. “Cualquier persona que quisiera causar daño al ministerio del Interior no necesitaría su agenda”, ha concluido.
Algunos ejemplos de transparencia
Actualmente, existen pocas normativas en la mayoría de los países que obligue a los políticos a publicar sus agendas. Sin embargo, este mecanismo de transparencia se está instaurando en países como Reino Unido, Eslovenia o México, explica Darbishire. En lugares como Chile se dan datos sobre las reuniones que mantienen los políticos en sede ministerial y en la Comisión Europea se envían informes sobre los encuentros entre dirigentes y empresas privadas.
El Gobierno de Chile, por su parte, publica año a año todas las reuniones y los viajes que han hecho todos sus ministros. Otro mecanismo de transparencia que se utiliza también en este país desde finales del año 2014 es la Ley del Lobby. Esta norma hace un registro completo de los grupos de poder que influyen en las decisiones de los políticos, intenta que la transparencia domine entre empresas y políticos, y regula las reuniones y audiencias solicitadas por empresas y gestores, los viajes que realizan los políticos en el ejercicio de sus funciones y los regalos que reciben en su condición de funcionarios.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, debe informar de los donativos que recibe, las reuniones que mantiene y también los viajes que realiza por cuenta del Estado. Esta plataforma también permite presentar solicitudes de audiencias con alguno de los miembros del Ejecutivo.
A nivel europeo, la comisaria de Comercio Cecilia Malmström ha publicado todos los correos electrónicos enviados o recibidos de organizaciones, empresas, ministerios o personas que se han dirigido a ella a título oficial. Han creado además un buscador con el que cualquier usuario puede solicitar y extraer toda la información que considere pertinente.
También en Europa, la Comisión recibe y atiende solicitudes de información sobre reuniones y proporciona las actas de las mismas. Una ciudadana pide los informes sobre una reunión entre Patrick Costello, jefe de gabinete del Comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, y una empresa privada y cuatro días después recibe una respuesta con las actas de dicha reunión.
Otro ejemplo de transparencia que se está llevando a cabo en nuestro país es el que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid. En su web se pueden consultar todos los actos y reuniones en los que va a participar la alcaldesa, Manuela Carmena, y su equipo de Gobierno.
En Estados Unidos, la exsecretaria de Estado y candidata demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton anunció que iba a entregar al Departamento de Justicia su servidor privado de correo electrónico para facilitar las investigaciones sobre el uso de su mail privado en asuntos relacionados con su trabajo cuando formó parte del Gobierno.
