Rajoy condiciona la mejor financiación autonómica a seguir con sus reformas y aumentar la recaudación
La segunda Conferencia de Presidentes organizada bajo la presidencia de Mariano Rajoy se saldaba con un compromiso de establecer un nuevo sistema de financiación autonómica dentro del 2017 y algunos acuerdos en otros capítulos. Pero, aunque el ambiente de colaboración fue la tónica entre los asistentes, del cónclave no surgieron más concreciones en este campo. El presidente del Gobierno explicó que su prioridad sigue siendo la misma: aumentar el empleo y la recaudación y, para ello, seguir adelante con su programa de reformas.
Sólo así, avisó, será posible mejorar la financiación y el gasto derivado del Estado del Bienestar. En su repaso a los retos económicos para los próximos cuatro años, Rajoy subrayó los problemas de recaudación para ponerlos como principal barrera a una mejora de la financiación autonómica. Como ejemplo, los 442.000 millones que se recaudaban en 2007 y la pérdida de 70.000 millones en los dos años siguientes.
Así, señaló ante los mandatarios autonómicos en privado y después ante los periodistas que España aún no ha recuperado el nivel de recaudación de los años anteriores al periodo de crisis ya que se ingresan 20.000 millones menos. En paralelo, el gasto en pensiones ha subido en 40.000 millones.
“No hay más objetivo que generar crecimiento y empleo, porque es lo que nos va a proporcionar mayor recaudación. Esa es la gran prioridad, junto a la de llegar al llegar al 3% del déficit porque así seremos más libres y continuar con la política de reformas”.
Los presidentes socialistas se dieron por satisfechos con la promesa de tener listo un nuevo sistema antes de que acabe el año y recordaron que el sistema vigente caducó en 2014. En concreto, mostraron su conformidad con que la Conferencia de Presidentes avale que la comisión de estudio de la financiación autonómica incluya la armonización fiscal. Todos, excepto la presidenta Francina Armengol (Baleares), lo reclamaban para evitar que haya comunidades, como Madrid, que han eliminado algunas tasas, como las que se imponen al patrimonio, a las donaciones o sucesiones.
En esta reivindicación está de acuerdo por ejemplo un conservador como el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que no ve claro que comunidades como Madrid puedan reducir a cero algunos impuestos y es partidario de poner freno a estas iniciativas.
“No se puede hablar de modelo de financiación si no hablamos de los ingresos. Creo en esa armonización fiscal porque es la garantía de que no haya paraísos fiscales dentro de nuestro país y no haya dumping”, afirmó también la presidenta andaluza, que evitó reconocer que se estaba refiriendo a Madrid cuando usó la expresión de “paraísos fiscales”. En esa misma línea, se expresaba su homólogo valenciano, Ximo Puig: “Si a una hora y cuarenta minutos puedes pagar o no pagar, al final la gente resulta que la gente prefiere no pagar”.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, puso en valor que se vaya a tener en cuenta en el nuevo sistema de financiación “el coste efectivo de los servicios públicos y que se valorará también la normativa y el comportamiento fiscal de cada comunidad”. Además, enfatizó que “no va a haber nuevo sistema de financiación si no hay consenso: no habrá principio de ordinalidad ni pactos bilaterales con nadie”.
Los socialistas también se apuntan el tanto de haber logrado un compromiso para la financiación de la dependencia. “Los andaluces han mantenido a pulmón la dependencia”, ha expresado Díaz a modo de ejemplo.
Guillermo Fernández Vara también se ha pronunciado sobre el compromiso en materia de tasa de reposición de los empleados públicos. “No ha sido fácil abrir ese melón”, ha expresado. También García-Page ha celebrado que el Gobierno haya sido permeable a la propuesta de la eliminación de las tasas de reposición en las oposiciones de sanidad y educación. “Dependerá de la aprobación de los presupuestos generales del Estado y, si no, se regulará por ley”, ha expresado.
El acuerdo en materia de dependencia pasa por incorporar ese gasto a la financiación de las autonomías. Una de las más reivindicativas en esta materia ha sido Cristina Cifuentes, que ha recordado que el Estado paga el 16% mientras que Madrid tiene que correr con el 84% del gasto. La proporción en Andalucía es similar, según Díaz, que la ha cifrado en un 80% y un 20%.
