El caso Rato queda durante un mes en manos del juez que avaló el escrache a Sáenz de Santamaría
A la espera de que el Tribunal Supremo dirima quién es el juez competente para investigar los delitos atribuidos a Rodrigo Rato, el caso vuelve a cambiar de manos. El magistrado Antonio Serrano-Arnal comienza este martes sus pospuestas vacaciones estivales y será sustituido al frente de este y el resto de asuntos de su juzgado por Marcelino Sexmero, titular del Juzgado de Instrucción número 4, que tiene asignadas las suplencias del 31.
Serrano-Arnal ha recibido autorización para sus vacaciones del 13 de octubre al 12 de noviembre, en compensación por las anuladas el pasado mes de agosto, explican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Durante las cuatro próximas semanas, por tanto, cualquier eventual petición de la Fiscalía Anticorrupción o de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre registros, intervenciones telefónicas o comisiones rogatorias, deberá llevar la firma de Marcelino Sexmero, quien también tomaría declaración y decidiría, incluso, sobre ingresos en prisión, en el caso de que lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción.
Marcelino Sexmero es conocido como portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, segunda en número de afiliados y a la que se califica de “moderada”, situada entre la abiertamente progresista Jueces para la Democracia y la de marcado carácter conservador Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria.
Pero en los últimos años, dos decisiones han devuelto al primer plano mediático, no ya como portavoz de la asociación, sino como titular del Juzgado de Instrucción número 4: el archivo de la denuncia por el escrache de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) ante la casa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la imputación de nueve personas, incluidos los exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes y Manuel Lamela, por la privatización de tres hospitales.
En el auto de archivo de la denuncia presentada por el marido de Sáenz de Santamaría, Sexmero aseguraba que los “poco más de veinte minutos” en los que activistas de la PAH estuvieron gritando ante el domicilio de la portavoz del Gobierno consignas como “no son suicidios, son asesinatos”, no supusieron un acto de coacción ni de amenaza. En el auto, Sexmero razonaba que si bien la vicepresidenta y su familia tienen derecho a la intimidad, “por su carácter de persona de relevancia pública dedicada a la gestión, dicho derecho cede ante los derechos colectivos”, como la libertad de expresión. La Fiscalía recurrió, pero la Audiencia de Madrid dio la razón a Sexmero y confirmó el archivo.
Desde la Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero se ha opuesto activamente a las reformas del PP en materia judicial durante la presente legislatura. Su asociación incluso recurrió ante el Tribunal Supremo la reforma del Poder Judicial, que su portavoz tachó de “cambalache” entre PP y PSOE para repartirse el CGPJ. Igualmente ha sido muy crítico con las reformas del Código Penal o de la Ley de Seguridad Ciudadana, de la que dijo que opera una “criminalización por vía administrativa” del individuo.
Sexmero también ha contestado las políticas del PSOE cuando los socialistas han estado en el Gobierno. Así, en 2009 su asociación impulsó la primera huelga de jueces en la historia de España con Mariano Fernández Bermejo como ministro del ramo. Sexmero se enfrentó abiertamente a Bermejo, al que acusó durante las negociaciones de “echar más leña al fuego”.
La mayor o menor incidencia de Sexmero en el caso Rato dependerá principalmente de la actividad que lleve a cabo la Guardia Civil en las próximas semanas. Desde que tomaron las riendas del caso, los investigadores de la UCO han marcado el paso al juez Serrano-Arnal. Mientras éste rechazaba hasta en tres ocasiones la competencia del caso, la Guardia Civil practicaba detenciones e interrogatorios que, con varias semanas de retraso, el juez se ha visto obligado a repetir en el juzgado, ya en presencia de la Fiscalía Anticorrupción.
Así ocurrió con Rodrigo Rato, citado para declarar en dependencias del Instituto Armado hace dos semanas, y el pasado martes en el juzgado. O con la ronda de 16 testigos –ahora dos de ellos imputados- con los que el juez se ha despedido de su actividad hasta noviembre, y que habían sido citados en la comandancia de Tres Cantos por los agentes de la UCO ya en el mes de agosto.
También en agosto fue detenido y enviado a prisión preventiva Alberto Portuondo, presunto testaferro del exvicepresidente del Gobierno. Portuondo reside en México, donde se disponía a viajar cuando fue arrestado. El juez justificó su encarcelamiento por los riesgos de fuga y destrucción de pruebas y la Audiencia de Madrid confirmó la semana pasada esa medida.
Nuevos datos
En los próximos días, la Guardia Civil debería tener acceso al volcado de la información incautada a los dos últimos detenidos en la causa, en los registros de sus domicilios y en sus teléfonos móviles. Los datos podrían motivar nuevas actuaciones que tuvieran que contar con el visto bueno de Sexmero. Los datos fueron fueron incautados durante los registros al intermediario Miguel Ángel Montero y a la secretaria de Rato durante décadas, María Teresa Arellano, ambos en libertad con cargos después de prestar declaración ante el juez del caso.
Los plazos del Tribunal Supremo apuntan a que Serrano-Arnal regresará de sus vacaciones a mediados de noviembre y aún no estará resuelto el conflicto de competencia negativa que elevó al Tribunal Supremo. El juez cree que uno de los delitos atribuidos a Rato, el blanqueo de capitales, fue cometido principalmente en el extranjero, por lo que la competencia es exclusiva de la Audiencia Nacional. El juez Fernando Andreu, al que tocó por reparto la causa en el tribunal especial, alega que la mayor parte de ese posible delito fue cometido en España, y en consecuencia, ha rechazado la causa.
Esta situación incomoda a los investigadores, ya sea la Fiscalía Anticorrupción o la Guardia Civil. En el momento en que un segundo informe de la ONIF reveló la operativa de presunto blanqueo de Rato, la Fiscalía Anticorrupción pidió que el caso pasara a la Audiencia Nacional. La UCO, por otra parte, tiene parada la primera misión que le fue encomendada, el blanqueo de capitales en el extranjero, alegando que necesitan para enviar las comisiones rogatorias el respaldo del juez. Desde el juzgado se alega que adentrarse en la investigación de un delito que pudiera ser finalmente competencia de otro tribunal podría ser utilizado por las defensas como argumento para pedir la nulidad de la causa.
