Rato se sienta ante un juez por cuarta vez por los indicios de que cobró sobornos en Bankia
El paso de Rodrigo Rato por la presidencia de Bankia volverá a ser objeto de una declaración judicial este martes. La primera vez que el expresidente del Gobierno se sentó como imputado ante un juez fue por la gestión al frente de la entidad rescatada con más de 23.000 millones de euros de dinero público. Ahora se trata de determinar si Rato se corrompió en el ejercicio de su cargo, cobrando comisiones a cambio de contratos que se pagaban con dinero de los clientes.
El exvicepresidente del Gobierno está imputado por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. En su declaración del pasado jueves ante la Guardia Civil, Rodrigo Rato negó haber influido para que Zenith y Publicis obtuvieran contratos para la publicidad de Bankia. El juez Antonio Serrano-Arnal mantiene, sin embargo, imputados a cuatro directivos de las dos agencias y en prisión al empresario a través del que se habrían canalizado los pagos.
El flujo del dinero dibuja un círculo que no se cierra: el dinero sale de Bankia, pero acaba en Rato. El caso más llamativo es el de Zenith, que en 2010 facturaba 150.000 euros y al año siguiente elevó esa cifra hasta los 24 millones. Según descubrió la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) hay dos pagos de Zenith y Publicis a una supuesta empresa pantalla que resuiltan sospechosos: uno de 1,2 millones de euros y otro de 778.000. De estos, solo 450.000 euros han podido ser rastreados con claridad: acabaron en la sociedad Bagerpleta, propietaria de un hotel en Berlín y de la que Rato tiene el 50% aproximadamente. Zenith y Publicis obtuvieron de Bankia 40 millones de euros en adjudicaciones.
Para esconder presuntamente esos pagos, Rato habría utilizado a Albisa Inversiones y Asesoramiento, la sociedad de Alberto Portuondo, en prisión desde el pasado mes de agosto. Zenith y Publicis pagaron a Albisa 2 millones de euros por trabajos nunca realizados. A su vez, Portuondo pagó a Rodrigo Rato 40.000 euros mensuales por supuestas asesorías verbales, según declaró el empresario ante el juez. En concreto, lo hizo a la empresa Kradonara, clave en el entramado dirigido por el exvicepresidente. En total, 833.000 euros, repartidos en 473.000 en 2011 y 360.000 en 2012. Las dos empresas niegan comisiones y defienden sus contratos con la entidad ahora presidida por José Ignacio Goirigolzarri.
Rato suma ya siete tipologías delictivas diferentes plasmadas en 9 imputaciones. En diciembre de 2012 tuvo que declarar como imputado dentro de la pieza principal del caso Bankia, el que investiga la salida a bolsa de la entidad, previa a la quiebra. En ese caso, Rato está imputado por falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
Dos de esos delitos se repiten en la pieza separada de las tarjetas 'black'. Rato dirigió Caja Madrid y después Bankia, y tuvo un plástico opaco al fisco, con el que gastó 99.041,09 euros en fiestas, alcohol y bolsos. En esta pieza, el juez Fernando Andreu imputa indiciariamente los delitos de apropiación indebida y/o administración desleal.
Esta será la segunda ocasión en la que Rato declare dentro del caso que se ha bautizado con su nombre. El pasado julio se negó a responder a las preguntas del juez, la fiscal y el resto de las partes porque aún no conocía toda la documentación incorporada a la causa. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) remitió al juez un segundo informe, con el que trabaja desde hace semanas la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil, en el que describe el sistema de presuntas comisiones del que Rato deberá dar explicaciones este martes.
En un auto de la semana pasada, Serrano-Arnal también desveló los indicios contra Rato por no declarar al fisco los ingresos por charlas y conferencias. Estos llegaban a Vivaway, su empresa con sede en Reino Unido, a través de otra firma pantalla, Arada. Eldiario.es publicó que Rato cobraba 50.000 euros por charla durante su época de presidente de Caja Madrid y después de Bankia.
Desde entonces, el caso también ha crecido hasta tener ya nueve imputados. A Rato se unen dos presuntos testaferros, el empresario Miguel Ángel Ortega y la secretaria del exvicepresidente del Gobierno María Ángeles Montero; un intermediario en el pago de las comisiones, Alberto Portuondo; y los responsables de las empresas beneficiadas, dos por cada una de ellas.
La fiscal Elena Lorente y el juez Serrano-Arnal tendrán la oportunidad de repetir las preguntas o ampliar el cuestionario realizado por la Guardia Civil a Rato el pasado jueves. Los cuatro directivos de Zenith y Publicis fueron interrogados por los agentes de la UCO ya en agosto y citados el jueves pasado por Serrano-Arnal. A la secretaria y el intermediario los detuvieron la pasada semana y pasaron dos noches en el calabozo antes de ser puestos. El juez los dejó en libertad con cargos el viernes y con la obligación de acudir al juzgado mensualmente.
El juez Serrano-Arnal va citando a los imputados después de que la UCO los interrogue, en ocasiones como detenidos. Ha intentado dejar el caso en tres ocasiones, al considerar que es competencia de la Audiencia Nacional, o bien porque estaba relacionado con el caso Bankia, o porque se puede haber cometido en el extranjero un delito de blanqueo de capitales. Ante la última negativa de Andreu, el titular del Juzgado número 31 de Madrid ha elevado un conflicto de competencia negativa ante el Tribunal Supremo, que no resolverá hasta dentro de por lo menos tres meses.
