Rechazo generalizado a los recortes
El debate en Internet sobre las medidas de austeridad aprobadas por el Gobierno y los recortes de gasto y servicios públicos refleja un profundo descontento en el informe elaborado por ecmware para eldiario.es. Las opiniones publicadas en las páginas web de trece medios de comunicación indican que los españoles culpan a los políticos del agravamiento de la crisis económica y de la falta de medidas que puedan impulsar el crecimiento.
Las medidas más importantes aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy reciben una valoración muy negativa. De la subida del IVA, se destaca que provocará una fuerte caída del consumo. Se hace hincapié en que los recortes tienen un contenido ideológico. La supresión de la paga extra de los funcionarios se valora como un castigo excesivo a un colectivo. Se echan de menos políticas que favorezcan el crecimiento. De la reforma laboral, no se espera nada bueno. La UE es sinónimo de pérdida de soberanía y de medidas impuestas contraproducentes. El copago sanitario es criticado, aunque hay una corriente de opinión que afirma que servirá para reducir abusos.
El PSOE tampoco sale bien parado en la medida en que se achaca una gran responsabilidad al legado del Gobierno anterior y no se aprecian diferencias sustanciales con la política del Ejecutivo. El principal partido de la oposición no se beneficia del desgaste del Gobierno.
Los comentarios se preguntan dónde están las reformas estructurales necesarias, en especial las que tienen que ver con el coste de la política. Con independencia del impacto económico real de medidas como la reducción del número de políticos o de sus salarios, hay un convencimiento general de que son imprescindibles. El desprestigio de los políticos es fácil de detectar en los resultados del estudio.
También ha calado entre la gente la idea de que la España de las autonomías es una de las razones de la gravedad de la crisis. Quizá no sean muchos los que apoyan medidas radicales como la supresión de autonomías o la recuperación de competencias por el Gobierno central, pero son mayoría los que creen que el modelo autonómico actual es inviable por suponer un gasto excesivo.
Al igual que en las encuestas del CIS, hay un descontento generalizado con el sistema fiscal en las discusiones en las que se plantean medidas alternativas. Se reprocha de él que no sea justo y de ahí que se reclame una reforma completa. Hay menos acuerdo a la hora de decidir en qué deberían consistir los cambios. Sí hay opiniones significativas a favor del establecimiento de un impuesto a las grandes fortunas o de que se obligue a la Iglesia a pagar el IBI.
También se reclama un mayor control del gasto en las televisiones autonómicas, convertidas en una época de fragmentación de las audiencias en diana de muchas críticas.
Pero si los políticos de los grandes partidos cuentan con pocos aliados en los debates que se producen en las páginas web, aún menos tienen los bancos, a los que en un porcentaje casi abrumador se acusa de ser los grandes culpables de la crisis. Por el contrario, muchos piensan que los funcionarios están recibiendo un castigo excesivo en la crisis.
