Rubalcaba aparcó durante un año la Ley de Libertad Religiosa de la que ahora hace bandera

“Quien tanto interés tiene ahora en la Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia fue quien no quiso sacarla cuando estaba de vicepresidente en el Gobierno”. Así de contundente se muestra una persona cercana al entorno de la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega cuando se le preguntó por qué el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no quiso aprobar esta legislación en más de siete años.

Según dicha fuente, el anteproyecto de ley estaba prácticamente elaborado y desde la Vicepresidencia del Gobierno se habían mantenido múltiples contactos con colectivos sociales y religiosos para intentar alcanzar el máximo consenso. La ley era una apuesta clara por el laicismo a nivel social, civil e institucional y, además, pretendía proteger los derechos de los no creyentes. Era el paso previo para que posteriormente se denunciaran los acuerdos con la Santa Sede.

Pero todo debió quedar olvidado en un cajón cuando De la Vega fue destituida en octubre de 2010, fecha en la que ocupó su cargo Alfredo Pérez Rubalcaba, el actual secretario general del PSOE, que aparcó la iniciativa de la que ahora hace bandera cuando llegó a la vicepresidencia.

En concreto, dos fueron los anteproyectos de ley que dejó la vicepresidenta preparados: la mencionada Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia –que estaba comprometida en el programa electoral del PSOE– y la Ley de Transparencia. Ninguno de ellos vio la luz, aunque sí se empezó a tramitar la Ley de Transparencia que decayó por el fin de la legislatura.

No sólo fue Rubalcaba quien planteó frenos, porque había una gran división interna. En el último Gobierno que formó Zapatero ya había bastantes reticencias a embarcarse en otra polémica con la Iglesia tras la Ley del Aborto y la Ley de Matrimonios Homosexuales. Y los entonces ministros Ramón Jáuregui y José Blanco, con gran peso político en el Gobierno, se oponían radicalmente a la apertura de nuevos frentes.

El sector del Gobierno más proclive a llevar adelante dicha ley, entre quienes se encontraba Leire Pajín, tampoco tenía fuerza para empujar más, porque ya había quedado bastante desgastado para sacar la Ley del Aborto, también con la oposición de varios miembros del Ejecutivo en algunos aspectos de la ley, entre ellos, el propio Blanco.

Fue en una reunión de maitines en agosto de 2010 cuando el sector contrario a esta legislación ganó el pulso a De la Vega, que ya tenía fecha para llevarla al Consejo de Ministros.

Sin embargo, fuentes cercanas a Rubalcaba niegan esta versión y apuntan a que las decisiones finales siempre las tomaba Zapatero, y fue el presidente quien ya no se atrevió a embarcarse en otra polémica, arrinconado como estaba por la crisis económica.

Según esta versión, estaba decidido mucho antes de que Rubalcaba fuese vicepresidente del Gobierno no ir adelante con la ley. Y la decisión se tomó después de las distintas reuniones que De la Vega celebró en el Vaticano. En este sentido, se apunta que la no aprobación del anteproyecto pudo llegar a ser hasta una moneda de cambio para rebajar la tensión que había con la Santa Sede y con la Iglesia española. Fuentes próximas a la vicepresidenta primera niegan esta versión rotundamente.

En aquel Gobierno anterior a la vicepresidencia de Rubalcaba, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, jugó también un papel importante para frenar la ley, a la vez que para facilitar los contactos entre el Gobierno y el Vaticano.

En todo caso, la ley de la que ahora quiere hacer bandera el PSOE, que ha presentado como proposición de ley en el Congreso y que promete volver a llevar en su programa electoral para las próximas elecciones generales, estaba ya hecha hace tres años y consensuada, y había mayoría parlamentaria suficiente con los partidos de izquierda de la Cámara para aprobarla, pero el Gobierno de Zapatero fue quien no quiso o no se atrevió, aunque era un compromiso del programa electoral.

Y los socialistas se extrañan o se molestan aún cuando se les pregunta por qué son laicos en la oposición y luego pactan con la Iglesia hasta la mejora de su financiación, como también ocurrió bajo su mandato. Contestan que fueron “las circunstancias” pero aseguran ahora, con toda rotundidad, refiriéndose a dicha proposición de ley, que, si vuelven a gobernar, “esta vez, sí”.