El juez Ruz seguirá investigando las torturas en Guantánamo pese a la reforma de la justicia universal

El juez Pablo Ruz ha decidido hoy proseguir con la investigación sobre supuestas torturas en la prisión de Guantánamo (Cuba) a cuatro expresos, dos de ellos españoles -Hamed Abderraman, conocido como el “talibán español” y Lahcen Ikassrien-, pese a la reforma de la justicia universal.

Ruz rechaza así en un auto archivar esta causa en aplicación de la nueva norma y la mantiene abierta por torturas y contra la integridad moral en concurso con varios crímenes de guerra, delitos que están amparados por los convenios internacionales de Ginebra y contra la tortura.

Según el juez, “nos encontraríamos ante una evidente colisión” entre la reforma “y las obligaciones contraídas por España en virtud de los tratados internacionales” y por ello acuerda transformar las diligencias previas en sumario, “continuando la instrucción de la presente causa”.

De este modo, Ruz actúa en contra de lo que le pidió la Fiscalía, que le reclamó, como ha hecho en otras causas de justicia universal como el caso Couso o el genocidio del Tíbet, que concluyera el sumario y lo elevara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que sea éste órgano el que decida si cabe el archivo o la interposición de recurso de inconstitucionalidad a la nueva ley.

En este mismo auto, el juez reitera la comisión rogatoria que libró en enero a Estados Unidos para conocer si allí se están investigando las supuestas torturas al español Hamed Abderrahman y al marroquí residente en España Lahcen Ikassrien, relatadas en la querella interpuesta contra el expresidente de EEUU George W. Bush y otros cargos norteamericanos, como el exvicepresidente Richard Cheney y el ex secretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld por estos hechos.

El principal objeto de esta diligencia es delimitar si en este caso se da el principio de subsidiariedad, es decir, si los tribunales españoles son competentes para investigarlo porque los estadounidenses no lo hacen o si, de lo contrario, las autoridades norteamericanas tienen un procedimiento abierto, lo que descartaría a la jurisdicción española.

En marzo de 2012, Ruz ya reiteró la petición de información a EEUU sobre si estaban investigando los mismos hechos, a los que atribuía “un vínculo de conexión relevante con España”, en vista de la falta “absoluta” de respuesta de otros requerimientos remitidos en mayo, agosto y octubre de 2009 y en enero y septiembre de 2011.

El magistrado también preguntó a la Fiscalía si debía investigar al propio Bush por las torturas denunciadas por los cuatro expresos y el ministerio público estimó que no debía hacerlo porque no existía ningún elemento que permitiera identificar a los responsables de los delitos.

Además de Bush, Cheney y Rumsfeld, la querella se dirige contra los generales Michael Lehner y Geoffrey Miller, responsables del campo de detención.

Ruz también rechaza archivar dos causas sobre el Sahara porque era territorio español

Ruz también ha rechazado archivar dos casos que investiga de genocidio y torturas en el Sahara Occidental porque era territorio español cuando ocurrieron los hechos en los años 70 y 80 y, por tanto, a estas causas no les afecta la reforma de la justicia universal.

En sendos autos, Ruz acoge los argumentos de la Fiscalía de que ambas investigaciones serían competencia de los tribunales españoles porque los hechos se cometieron en territorio español contra ciudadanos nacionales.

Siguiendo con el criterio de la Fiscalía, el juez considera que el Sahara Occidental era una provincia española en los años 70, así como que legalmente seguía estando administrada por España en los 80 y aún ahora.

En una de las causas Ruz investiga delitos de genocidio en el Sahara contra 31 militares marroquíes a instancias de asociaciones de apoyo al pueblo saharaui y en la otra torturas por parte de 28 miembros del Frente Polisario y altos cargos del gobierno argelino.

En el caso de la querella contra los militares marroquíes, las asociaciones denunciaron torturas y genocidio entre 1975 y 1987, cuando desaparecieron centenares de saharauis.

Para Ruz, está acreditado que varios los hechos denunciados “fueron cometidos contra ciudadanos españoles en el momento en que el Sahara Occidental era provincia española”, es decir, en los años 70.